Cinco gobernadores le están soltando la mano a Milei en el Congreso y esa grieta llega hasta España. Los votos que sostenían las reformas del presidente argentino son los mismos que ahora se retractan, y entre los intereses que cuelgan de esa aritmética está buena parte del capital español invertido en el país.
Los nombres importan. Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca) mueven 19 diputados y siete senadores. Parece poco. No lo es: el oficialismo de La Libertad Avanza tiene 95 bancas en Diputados y 21 en el Senado, de modo que cada voto prestado cuenta para aprobar una ley o para bloquear una ofensiva opositora.
Las razones del distanciamiento cambian según la provincia. Unos se preparan para pelear contra los libertarios en su propio territorio; otros necesitan recomponer el vínculo con el peronismo local; casi todos aprietan por recursos. Todos empiezan a calcular el coste político de sostener a Milei hasta 2027.
El punto más delicado es el calendario. El Ejecutivo quiere suspender o eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que ordenan las elecciones argentinas, y no ofrece a sus socios las garantías que reclaman. ‘Los gobernadores huelen sangre y se pintan la cara’, resume un dirigente radical del interior. Traducido: nadie quiere aparecer abrazado a un Gobierno que pierde.
Nada de esto ocurre en el vacío. El riesgo país —el sobrecoste que exige el mercado por prestar dinero a Argentina— ha vuelto a subir, la inflación no termina de ceder y el consumo no arranca. A eso se suma el ruido externo: las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos enfriaron el relato de respaldos internacionales sólidos.
Y luego está el episodio que más debería preocupar a un inversor extranjero. El Gobierno envió a Diputados su ley de Competitividad Financiera y la retiró tres días después, cuando estalló la polémica por un impuesto del 15% sobre las ganancias de los Cedears, los certificados que replican en Buenos Aires la evolución de acciones extranjeras. Un presidente que prometió no crear impuestos acabó dando marcha atrás con una ley entera. Esa secuencia, y no el contenido fiscal, es la que mira Madrid.
Retirar una ley propia tres días después de presentarla es la señal más cara que un país puede enviar a quien tiene dinero comprometido a diez años.
Qué se juega España con este giro en el Congreso argentino
España no mira esta pelea desde la grada. Repsol mantiene posición en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que ha reordenado la energía argentina; Santander y BBVA conservan filiales que dependen de la estabilidad macro y del acceso a divisas; y hay un tejido amplio de constructoras, ingenierías, aseguradoras y firmas agroalimentarias con intereses directos en las provincias que hoy protestan.
Cada una de esas inversiones necesita lo mismo: reglas que no cambien a mitad de partido. Y el problema no es solo el Congreso. Intendentes de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Tucumán han denunciado que la Nación destina 460 millones de dólares al transporte del área metropolitana de Buenos Aires y nada al interior, aunque el dinero salga de un impuesto a los combustibles que se paga en todo el país. Donde hay conflicto por recursos, hay riesgo para el proveedor y para el contratista.
Hay otro factor que golpea de lleno a la banca española. El riesgo país en alza encarece la financiación de todos, también la de las filiales. Si el programa fiscal se atasca en un Congreso fragmentado, la prima que paga Argentina por su deuda se traslada a los balances. Y si en 2027 se deshace parte de la desregulación, las valoraciones de esas filiales se ajustan a la baja.
De la expropiación de YPF a 2001: la lección que el capital español no olvida
Conviene recordar que este país ya ha reordenado dos veces las cuentas del inversor español. En 2012, el Gobierno de Cristina Fernández expropió el 51% de YPF a Repsol; la compensación llegó en bonos y tardó años en cerrarse entre litigios. Una década antes, el corralito y la pesificación de 2001-2002 se llevaron por delante depósitos y créditos de los bancos españoles. No es pesimismo: es memoria contable.
La diferencia es que ahora el viento soplaba a favor. La desregulación de Milei, la apertura de sectores y el régimen de incentivos a las grandes inversiones han sido buenas noticias para las empresas españolas que apostaron por quedarse. Por eso el riesgo ya no es una enmienda hostil, sino algo más silencioso: la parálisis. Un presidente sin votos suficientes puede mantener el discurso y no aprobar el presupuesto.
Lo que hay que seguir es concreto. El presupuesto 2027 —con las partidas de obra pública que reclaman Salta y Misiones—, la reforma electoral que el Ejecutivo quiere sacar antes del calendario de 2027 y, sobre todo, si esos 19 diputados y siete senadores votan con el Gobierno cuando la ley no les convence. Ahí se sabrá si España tiene un socio previsible o un país que vuelve a improvisar. Argentina sigue siendo una plaza de alto retorno y alto riesgo; la duda es cuánto de ese riesgo es nuevo.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Cinco gobernadores que sostenían la agenda de Javier Milei en el Congreso condicionan ahora sus votos en plena debilidad política de la Casa Rosada.
- Datos importantes: Mueven 19 diputados y siete senadores; el oficialismo tiene 95 y 21 bancas. El Gobierno retiró su ley de Competitividad Financiera tres días después de enviarla.
- Resumen: Para España, la incertidumbre argentina se traduce en riesgo regulatorio para Repsol, la banca y las empresas con obra pública en las provincias.
