El trasvase del Ebro vuelve al pleno de las Cortes de Aragón: el PSOE acusa a PP y Vox de querer recuperarlo.
Del Plan Hidrológico de 2001 al aviso de Vox: el fantasma que regresa
El encargado de levantar la voz fue el portavoz socialista de Agricultura en el parlamento autonómico, Marcel Iglesias. «No vamos a permitir la pretensión de Vox y la pretensión del Partido Popular en el levante español de recuperar el trasvase del Ebro. Es la amenaza más importante que tiene el futuro de Aragón», dijo durante su intervención.
La advertencia llega en un momento preciso. Las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños) afrontan el tramo final del año con las cuentas de 2027 sin aprobar y con las elecciones autonómicas de mayo de 2027 asomando en el calendario. Cualquier debate sobre el agua se convierte automáticamente en debate electoral.
Iglesias tiró de memoria histórica: recordó que fue un Gobierno del PP, el de José María Aznar, el que impulsó la derivación prevista en el Plan Hidrológico Nacional, y que la sociedad aragonesa logró frenarla. La Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo estatal que gestiona la cuenca, sería la administración llamada a informar cualquier derivación futura. La derogación del proyecto llegó en 2004 y desde entonces el asunto había quedado arrinconado en el debate público aragonés.
Lo que incomoda al PSOE no es solo el anuncio de Santiago Abascal, sino el eco que encuentra en los populares. «Somos conscientes de que el Partido Popular está pasando por el aro de todo lo que plantea Vox», afirmó, con la mirada puesta en las próximas citas electorales.
A esa amenaza sumó otra: los centros de datos. «No puede ser que hagamos un trasvase de energía y de datos para el mundo sin que Aragón reciba los puestos de trabajo y lo que tiene que recibir», apostilló. La comunidad concentra una parte creciente de la infraestructura de datos del noreste peninsular, y el debate sobre su retorno real —empleo cualificado, fiscalidad, consumo de agua y de red eléctrica— lleva meses subiendo de tono en Zaragoza y su entorno metropolitano.
El trasvase del Ebro no es solo una obra hidráulica: es la frontera que separa a Aragón de perder caudal de río y peso político a la vez.
El 22% menos para el campo y la factura pendiente de los datos
La tercera pata del discurso fue presupuestaria. Iglesias denunció la reducción del 22% en las partidas de agricultura, ganadería, y alimentación del proyecto de cuentas autonómicas, un recorte que, a su juicio, contradice el discurso de defensa del territorio que el Ejecutivo exhibe cada vez que se habla de agua.
El dato pesa en una comunidad donde el regadío sostiene buena parte del empleo rural. Aragón ronda los 1,35 millones de habitantes y reparte su población entre Zaragoza, Huesca y Teruel, las tres provincias que verían comprometidas sus explotaciones si la reducción presupuestaria se confirma en la tramitación parlamentaria. Nadie discute el diagnóstico. La discrepancia está en el remedio.
La comparación con otras comunidades refuerza la tesis socialista: Murcia, que defiende el trasvase Tajo-Segura (la infraestructura que lleva agua del Tajo al Segura desde los años setenta), ha convertido la reivindicación hídrica en su principal bandera política mientras sus regantes negocian cada hectómetro con el Ministerio. En el caso aragonés, la lógica es la inversa: el agua que se reclama es la que se quiere conservar, no la que se quiere mover.
El Pulso Territorial
El mapa del poder en Aragón tiene hoy un color dominante y muchas aristas. Jorge Azcón (PP) preside el Gobierno de Aragón desde 2023, sin mayoría absoluta en un parlamento de 67 escaños, y sostiene su acción de gobierno con el respaldo parlamentario de Vox, su socio más incómodo y a la vez su competidor directo por el mismo electorado. Esa dependencia explica por qué cada palabra de Abascal resuena en el hemiciclo como si fuera parte del acuerdo de investidura.
La dimensión regional no es menor. El trasvase del Ebro y el trasvase Tajo-Segura son las dos caras de un mismo modelo hídrico: el primero quedó derogado en 2004 y el segundo acumula medio siglo de tensión entre Murcia y Castilla-La Mancha, dos comunidades que este vertical cubre con la misma atención. Aragón aporta algo más del 3% de la población española y en su territorio se generan buena parte de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro. Ahí está la paradoja: sobra agua en el mapa y falta influencia en el reparto.
La proyección pasa por dos fechas. El proyecto de presupuestos de 2027 debe quedar aprobado antes del 31 de diciembre, y en esa negociación se verá si el recorte del 22% en agricultura se mantiene, se modula o desaparece. Después, mayo de 2027. Quien logre capitalizar el discurso del agua llegará a las urnas con ventaja, y ese es un terreno en el que el PP aragonés ha caminado históricamente con pies de plomo. El riesgo para el Ejecutivo es evidente: si Vox sube el tono del trasvase, el PP tendrá que elegir entre aplaudir o corregir a su socio.
Ficha Autonómica
- El caso: El PSOE denuncia en las Cortes de Aragón que PP y Vox quieren reabrir el trasvase del Ebro, una derivación derogada en 2004 tras la movilización aragonesa contra el Plan Hidrológico Nacional.
- Datos importantes: Reducción del 22% en las partidas de agricultura, ganadería y alimentación; 67 escaños en las Cortes de Aragón; población cercana a 1,35 millones de habitantes; elecciones autonómicas en mayo de 2027.
- Resumen: El debate sobre el agua queda ligado a la tramitación presupuestaria de 2027, que debe cerrarse antes del 31 de diciembre, y al pulso entre el PP de Jorge Azcón y su socio de Vox.
