El Granada CF se sienta este martes en la Audiencia Nacional con más de 36 millones de euros en juego.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía acusa al club, como persona jurídica, de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
- ¿Dónde y quién? Sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, con Pozzo, Pina, De la Riva y Trilles en el banquillo junto a la entidad.
- ¿Qué supone? Una condena de esa magnitud condiciona la tesorería de un club que ya atravesó un concurso de acreedores y su margen en el mercado de fichajes.
La cifra no es una amenaza retórica. El escrito de acusación de la Fiscalía detalla las multas que reclama para el club como persona jurídica penalmente responsable: 1,9 millones por el ejercicio de 2013, 17 millones por el de 2014 y ocho millones por el de 2015. A esos 26,9 millones en multas se añade la responsabilidad civil, con 635.000,01 euros de 2013, 5.914.679,10 de 2014 y 2.892.218,00 de 2015, más los intereses de demora. El total rebasa los 36 millones.
El banquillo tendrá cuatro nombres propios además del club. Gino Pozzo, expropietario; Quique Pina, expresidente; Raffaele de la Riva, titular del fondo con el que operaba la entidad; y Jordi Trilles, abogado de Pozzo y exconsejero rojiblanco. La Fiscalía los sitúa como autor y cooperadores necesarios de un «plan criminal» y reclama doce años de prisión para cada uno: tres por 2013, cinco por 2014 y cuatro por 2015. Las multas llegan a 36,5 millones en el caso de Pozzo y a 27,5 para los otros tres, con inhabilitación para obtener subvenciones o incentivos fiscales.
Todo arranca en enero de 2018. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pasó diez horas registrando las dependencias del club en Los Cármenes. De allí salió una investigación que la Fiscalía resume como «una compleja estrategia» de financiación artificial externa articulada a través de la sociedad de titulización luxemburguesa Fifteen Securitisation, con un contrato de cuentas en participación por el que el fondo adelantaba dinero para fichajes a cambio del 95% de las futuras ventas.
En ese esquema aparecen traspasos que cualquier aficionado recuerda. Allan Marques Loureiro al Nápoles por 14,155 millones; Guilherme Siqueira al Atlético por nueve; Jeison Murillo al Inter por ocho; Yacine Brahimi al Oporto, declarado por 6,5; Mikel Rico al Athletic por 2,45; Daniel Pudil al Watford por 1,5. La Fiscalía sostiene que el club declaró esos beneficios de forma irregular y que hubo operaciones «carentes de toda lógica económica», con cinco refuerzos llegados de Udinese sin traspaso entre clubes.
La Fiscalía sostiene que el Granada se financió con plusvalías de futbolistas que nunca vistieron de rojiblanco. La vista oral dirá quién tiene razón.
La investigación calcula que Fifteen aportó unos 17 millones y recibió 62 entre 2011 y 2018: un coste de 45 millones para el propio club, siempre según el escrito de acusación. La defensa se aferra a una consulta a la dirección general de tributos en la que, sostiene la Fiscalía, se ocultó quién estaba detrás del entramado. Aquellas plusvalías eran un mecanismo legal en el fútbol español hasta que la FIFA lo prohibió en 2015. El tribunal deberá dilucidar, además, si el dueño real del Granada era Pozzo.
La factura del caso Líbero: 26,9 millones en multas y 9,4 de responsabilidad civil
Las cuentas del proceso se reparten en dos bloques que conviene no confundir. Las multas son la pena que se pide por los delitos fiscales; la responsabilidad civil es lo que se reclama a los acusados para devolver a la Hacienda Pública las cuotas supuestamente defraudadas. Solo el segundo bloque suma 9.441.897,11 euros sin contar los intereses de demora, que pueden engordar la factura final durante los próximos años.
Hay otra cifra que explica la dimensión del caso. La Fiscalía calcula que Fifteen Securitisation aportó alrededor de 17 millones de euros y recibió 62 entre 2011 y 2018, lo que habría supuesto un sobrecoste de unos 45 millones para la propia entidad. Para justificar esa financiación, según el escrito, el club formalizó varias operaciones con sociedades vinculadas a Pozzo que redujeron al mínimo su tesorería.
El club que ya sobrevivió a un concurso de acreedores
La causa no llega a una entidad cualquiera. El Granada atravesó un concurso de acreedores antes de que Pozzo tomara el control con, siempre según la Fiscalía, estructuras opacas para no figurar como titular real. En 2016 la propiedad pasó a DDMC y el contrato de venta recogía la continuidad de la financiación externa. Trilles y Pina, este último ya cesado, habrían seguido como piezas clave en el control de las obligaciones con los fondos asociados al club.
El escenario judicial tampoco es ajeno a la ciudad. Granada, con unos 230.000 habitantes, sostiene en el club buena parte de su identidad deportiva y de la actividad de la hostelería en el entorno de Los Cármenes cada jornada. Una condena de esta magnitud no se queda en una línea contable: toca al margen de maniobra en los fichajes, a la relación con la Agencia Tributaria y a la confianza de los abonados, que llevan meses escuchando la misma palabra, Líbero, sin saber todavía cuánto les va a costar.
La Lectura Andaluza
El caso Líbero es una anomalía por la cifra, pero no por el patrón. Andalucía ha construido parte de su orgullo deportivo sobre clubes que durante décadas vivieron por encima de sus posibilidades y que terminaron en manos de inversores extranjeros para poder seguir respirando. El Granada, fundado en 1931, recorrió esa puerta completa: concurso de acreedores, cambio de propiedad en 2016 y una estructura de financiación que ahora se examina ante un tribunal. Quienes llevan años de abonados en Los Cármenes conocen el recorrido de memoria, y por eso la vista oral que arranca este martes en la Audiencia Nacional les interesa tanto como un partido de mayo.
Para el lector de a pie, la lectura práctica es sencilla: de los 36 millones que se discuten depende el margen real del club para competir, para pagar a tiempo y para no volver a la casilla de salida. La capital granadina vive del turismo y de la universidad, pero su equipo es la seña de identidad más transversal que tiene. El calendario judicial marca los próximos pasos: la vista se celebrará en varias sesiones a lo largo de las próximas semanas y la sentencia no se conocerá, previsiblemente, antes de 2027. Cabrá recurso. Y mientras, el club seguirá jugando cada domingo con una mochila que no aparece en la clasificación pero que pesa en cada decisión del despacho.
