La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares solicitadas en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada ‘Ley de Nietos’. La decisión cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que la han adoptado, y el voto particular concurrente de una magistrada (que coincide con la denegación acordada pero discrepa de alguna de las argumentaciones).
Por otro lado, la misma Sección ha rechazado las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares, que se han personado en los procedimientos en calidad de codemandados, contra las medidas cautelares adoptadas por el tribunal en los autos del pasado 10 de septiembre y 12 de octubre en relación a la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’, que se mantienen en su integridad. Esta segunda decisión cuenta con el voto particular de una magistrada.
La valoración de Iustitia Europa es que «la mayoría acepta la existencia de circunstancias nuevas, la conexión de la petición con el objeto del recurso y la relación directa entre las inscripciones de los progenitores afectados por las cautelares y las de sus hijos.
Lo expresa con claridad: «Si se cuestiona la inscripción censal de los progenitores, en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos».
La resolución cifra en 189.678 personas el colectivo del Anexo III al que se refiere la solicitud y rechaza minimizar su posible incidencia utilizando los porcentajes de participación electoral de anteriores comicios. Pese a esos reconocimientos, la Sala deniega la ampliación al considerar que la proximidad de las elecciones y las dificultades de ejecutar las comprobaciones con todas las garantías podrían provocar una perturbación grave de los intereses generales. El auto no resuelve definitivamente la legalidad de esas inscripciones y mantiene abierto su examen en sentencia.
Iustitia Europa recuerda que inició esta actuación con su denuncia ante la Junta Electoral Central el 28 de junio, reclamando la revisión de la formación del censo y garantías sobre las incorporaciones derivadas de la Ley de Nietos. La formación subraya que el propio Supremo reconoce que la Administración tardó más de mes y medio en facilitar adecuadamente la relación nominal de afectados por las medidas anteriores y que fueron necesarios apercibimientos expresos a los ministros concernidos.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y abogado director del procedimiento, declara: «Advertimos desde el 28 de junio. Hemos llevado el problema a los tribunales, conseguido medidas cautelares y exigido datos a la Administración. No aceptamos que la demora administrativa termine convirtiéndose en una razón para dejar las comprobaciones pendientes».
«El Supremo reconoce argumentos esenciales de nuestra petición, pero deniega la medida por el calendario electoral y las dificultades de ejecución. Recurriremos porque las garantías deben llegar cuando todavía pueden proteger eficazmente el proceso», añade Pardo.
El magistrado Fonseca-Herrero discrepa de la decisión mayoritaria y sostiene que una rectificación posterior del censo carecería de eficacia restitutoria respecto de una votación ya celebrada y de unos sufragios incorporados al resultado electoral. También cuestiona que la mayoría concrete suficientemente las dificultades que impedirían ejecutar la ampliación. Su conclusión es expresa: «la ampliación de la medida cautelar solicitada debió ser admitida y acordada».
«El voto particular señala el problema decisivo: una sentencia favorable puede llegar demasiado tarde si los votos ya están contados. Apoyaremos nuestro recurso en esos argumentos y exigiremos una respuesta útil antes de que el proceso se consume», afirma Pardo.
