EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Dieciséis Estados miembros han incumplido el plazo para designar a su autoridad nacional de vigilancia del AI Act: seis capitales no han nombrado a nadie y otras diez mantienen una designación provisional. La Comisión Europea ha aplazado además, por segunda vez, el calendario de los siete centros europeos de computación de IA, un proyecto de 30.000 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? La Comisión confirma los datos; el eurodiputado verde Sergey Lagodinsky ha pedido por carta abrir un procedimiento formal contra las capitales morosas; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los Veintisiete el viernes 13 en Dublín.
- ¿Qué impacto tiene? España no figura entre las seis capitales señaladas, pero el retraso general deja a las empresas españolas sin un marco de vigilancia homogéneo en un mercado único que ya tiene la norma en vigor.
El retraso del AI Act ya tiene cifra oficial: dieciséis Estados miembros siguen sin designar a su autoridad nacional de inteligencia artificial. La Comisión Europea lo confirma a cuatro días de que los Veintisiete se reúnan en Dublín para hablar, precisamente, de competitividad tecnológica.
Dieciséis capitales sin autoridad: el reglamento que nadie vigila
La lista la ha confirmado el Ejecutivo comunitario: seis capitales —Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia y Hungría— no han seleccionado a nadie, mientras otras diez mantienen una designación provisional que todavía debe adoptarse formalmente. El plazo legal expiró en agosto de 2025. Quince meses después, un tercio del club sigue sin músculo ejecutivo para aplicar la norma que votó.
El AI Act es la primera ley integral del mundo sobre inteligencia artificial: un reglamento europeo que clasifica los sistemas por riesgo, prohíbe un puñado de usos y exige auditar los modelos más potentes. Su texto íntegro está disponible en el DOUE. Pero un reglamento sin autoridades nacionales es un folleto: la Comisión no tiene inspectores para vigilar 27 mercados a la vez y sus obligaciones se despliegan por fases.
El eurodiputado alemán de los Verdes Sergey Lagodinsky ha enviado una carta a la Comisión, adelantada por POLITICO, en la que solicita abrir un procedimiento formal contra las capitales que no han cumplido. ‘Dejen de culpar a la UE por perder la carrera si incumplen sus propios plazos’, sostiene. ‘Las ambiciones europeas en inteligencia artificial no se pueden cumplir si las capitales nacionales no se ponen en orden’.
El procedimiento de infracción —el mecanismo con el que Bruselas expedienta a un Estado que incumple el derecho comunitario— tarda meses, a veces años, en producir efecto. Y aterriza en el peor momento político: el Ejecutivo comunitario presume de regulación propia frente a Washington y Pekín mientras media docena de gobiernos no ha movido un papel.
Dublín, viernes 13: cumbre de urgencia con los deberes a medias
António Costa ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno el viernes 13 de noviembre en Dublín. Será la primera reunión conjunta de líderes dedicada en exclusiva a la inteligencia artificial. En su carta de invitación, el presidente del Consejo Europeo fija el eje: cómo reducir la dependencia de Estados Unidos y de China en la tecnología que sostiene todo el edificio.
Europa no pierde la carrera de la IA por exceso de reglas, sino por falta de autoridades capaces de hacerlas cumplir.
La segunda pata del retraso no es normativa, sino de infraestructura. El departamento que gestiona los siete centros europeos de computación de IA, un proyecto dotado con 30.000 millones de euros, comunicó a finales de octubre que amplía el plazo para que los consorcios expresen su interés. La razón oficial: ‘dar a los Estados miembros el tiempo necesario para completar su proceso presupuestario y presentar sus compromisos financieros’.
Es el segundo aplazamiento consecutivo, después de que el plazo inicial de noviembre se desplazara ya a febrero. ‘Por lo visto, algunos papeles no se presentaron a tiempo’, ironizó en LinkedIn Jan Kavalírek, exenviado checo para IA e implicado en la candidatura de su país. ‘Es esencial mantener el calendario y las condiciones que se presentaron al principio’, añadió.
El patrón no es nuevo.
El Eje del Poder Europeo
El mapa de las seis capitales morosas dice más de lo que parece. Austria es frugal por convicción y desconfía de agencias nuevas; Hungría, socio incómodo de Visegrado, lleva años librando otra batalla con Bruselas; Bélgica alberga las instituciones europeas y no ha cerrado su propia designación, una incomodidad que en el Berlaymont se comenta en voz baja. Ni Berlín ni París aparecen en la lista: el eje franco-alemán empuja la norma, pero no construye la capacidad administrativa de los demás. Y ahí está el agujero. Analizamos este retraso como un problema de ejecución, no de ambición legislativa.
España tampoco figura entre las seis capitales señaladas. La autoridad llamada a ejercer ese papel es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, y el debate en Madrid no es nominal sino presupuestario: cuántos inspectores, con qué plantilla y con qué capacidad sancionadora real. La misma pregunta se la hacen en Roma, en Lisboa y en Varsovia. La norma es común; los medios, no.
A eso se suma el frente económico. Las empresas españolas que despliegan sistemas de alto riesgo —desde la banca hasta la sanidad privada, pasando por la automoción— necesitan una ventanilla única predecible y no la tienen. El retraso de los siete centros de computación deja además a los consorcios españoles sin calendario para pujar por capacidad de cálculo, el cuello de botella real del sector. Sin cómputo propio, la soberanía tecnológica que Costa quiere discutir en Dublín es retórica.
Ya ocurrió con el RGPD. El reglamento se aplicó en mayo de 2018 con veintisiete autoridades nacionales de capacidad muy desigual y un comité europeo sin poder sancionador directo. El resultado fueron años de interpretaciones divergentes y una sensación persistente de que el cumplimiento dependía del país donde uno tenía la sede. El AI Act corre el mismo riesgo, con un añadido: aquí hay modelos lingüísticos que cambian cada trimestre y una opinión pública que ya ha visto incidentes con agentes de IA descontrolados durante el verano.
En esta redacción entendemos que la Cumbre de Dublín servirá para proyectar urgencia, no para resolverla. Lo verificable es una carta de un eurodiputado pidiendo expedientes, seis gobiernos sin autoridad y un plazo industrial movido por segunda vez. Lo que no sabemos —y conviene decirlo— es si la Comisión abrirá finalmente esos procedimientos o si los dejará en el cajón para no estropear la foto del viernes. La próxima ventana crítica es febrero, cuando vence el plazo de los consorcios de computación. Hasta entonces, el calendario europeo de la IA avanza más rápido que sus administraciones.
