La UCO de la Guardia Civil apoya a la Fiscalía Europea en la investigación del presunto fraude de las pulseras antimaltrato financiadas con fondos comunitarios.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas para reclamar documentación en una investigación de la Fiscalía Europea.
- ¿Dónde y cuándo? En las sedes de ambos organismos, este jueves 12 de noviembre.
- ¿Qué resultado? Diligencias abiertas por un presunto fraude en la compra de pulseras telemáticas con fondos europeos; los agentes han requerido información en las dos instituciones.
El dispositivo de la UCO en Igualdad y el Tribunal de Cuentas
Los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en investigación compleja y crimen organizado) se han personado este jueves 12 de noviembre en la sede del Ministerio de Igualdad para reclamar diversa documentación. El despliegue forma parte de las medidas de investigación impulsadas por la Fiscalía Europea (EPPO, el organismo independiente de la Unión Europea encargado de perseguir los delitos contra los intereses financieros de los Estados miembros).
La EPPO ha abierto una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares y de las condenas dictadas en delitos de violencia de género. Las pesquisas comenzaron el año pasado y, tras un proceso de verificación, el organismo comunitario decidió abrir una investigación formal centrada en el contrato de compra de las pulseras defectuosas.
Las medidas alcanzan también al Tribunal de Cuentas, donde los agentes han requerido información en paralelo. El pasado mes de septiembre, el órgano fiscalizador detectó «graves deficiencias» en el sistema de pulseras que gestiona el Ministerio de Igualdad, tras analizar los contratos ejecutados en 2018, 2021 y 2023 por un importe total de 102,6 millones de euros.
Las deficiencias detectadas y la respuesta institucional
En septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria anual de «una gran cantidad» de absoluciones de maltratadores por «múltiples fallos» en las pulseras de control telemático, un extremo que sitúa el foco sobre la fiabilidad del sistema. La investigación europea se centra ahora en el modo en que se adjudicaron y ejecutaron esos contratos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves «transparencia absoluta» y ha defendido que le «consta» que el dinero se ha empleado «correctamente». «No es nada nuevo. Es una investigación que está abierta; nuestra colaboración es total», ha señalado en rueda de prensa.
La actuación de la UCO responde a un requerimiento de la Fiscalía Europea y demuestra la colaboración plena de la Guardia Civil con la Justicia de la Unión.
Desde el Partido Popular han sostenido que en el Gobierno «han corrompido todo» y han vinculado la investigación con la gestión del Ministerio de Igualdad. Son valoraciones políticas en plena instrucción: la Fiscalía Europea no ha formulado acusación alguna contra personas concretas y la investigación sigue amparada por la presunción de inocencia.
El objeto de las diligencias coincide con la advertencia que ya lanzó la Comisión Europea en noviembre de 2025: el correcto funcionamiento de las pulseras está vinculado al cumplimiento del hito 472 del plan de recuperación, que Bruselas evaluará cuando el Gobierno presente la solicitud del octavo pago.
El Contexto Operativo
El fraude en la contratación pública financiada con fondos europeos es una de las amenazas que la Fiscalía Europea persigue de forma prioritaria, y España figura entre los países con mayor volumen de recursos del plan de recuperación bajo escrutinio. En este caso, los contratos analizados por el Tribunal de Cuentas suman 102,6 millones de euros en tres ejercicios (2018, 2021 y 2023), una cifra que da la medida del interés del organismo comunitario por depurar responsabilidades y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.
La UCO aporta a la investigación su experiencia en diligencias económico-documentales de alta complejidad, en coordinación permanente con la Fiscalía Europea. La investigación permanece abierta: no se descartan nuevas diligencias ni requerimientos de documentación en las próximas semanas, y el Ministerio de Igualdad ha trasladado su disposición a entregar toda la información que se le solicite. La colaboración institucional entre la Guardia Civil y la Justicia europea es la vía para esclarecer un asunto que afecta directamente a la protección de las víctimas de violencia de género.
