La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de La Rioja ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria por importe de 207.947,74 euros que una paciente formuló tras costearse un tratamiento oncológico en la Fundación Jiménez Díaz en busca de una segunda opinión médica. El fallo es desestimatorio y cierra la vía del reembolso de los gastos médicos privados.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de La Rioja desestima la reclamación de 207.947,74 euros por asistencia sanitaria privada prestada en la Fundación Jiménez Díaz.
- ¿Qué base jurídica aplica? El régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (artículo 106.2 de la Constitución y artículo 32 de la Ley 40/2015) y la doctrina sobre el reembolso de gastos por imposibilidad de acceso a la sanidad pública.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza el criterio de que la elección voluntaria de la asistencia sanitaria privada excluye el reembolso cuando el sistema público ofrece alternativa terapéutica autorizada.
Los antecedentes del proceso
El relato de hechos probados se remonta a marzo de 2018. La recurrente, nacida en 1946, acudió a urgencias por una hemorroide sangrante. La extirpación quirúrgica practicada el 28 de marzo de 2018 reveló un melanoma maligno de mucosa anal. A partir de ahí se practicó una colonoscopia con extirpación de un pólipo benigno y pruebas de imagen que obligaron a ampliar los márgenes quirúrgicos y a una biopsia ganglionar. Ninguna de las muestras analizadas arrojó células tumorales.
El diagnóstico formal se produjo en junio de 2018, a cargo del servicio de Oncología del Hospital San Pedro de Logroño. La paciente fue remitida a los servicios de radioterapia, dermatología y oncología para valorar los tratamientos oportunos, con controles posteriores que descartaron malignidad tanto en el tejido anal como en los ganglios estudiados. La asistencia se prestó íntegramente en el sistema público hasta enero de 2021.
El fallo: no concurre la imposibilidad de usar la sanidad pública
En enero de 2021 la paciente acudió a la Fundación Jiménez Díaz en busca de una segunda opinión médica. Allí recibió tratamiento por 207.947,74 euros, cantidad que reclama. La Sala precisa un dato temporal determinante: cuando inició el segundo tratamiento, en febrero de 2021, la interesada ya sabía que la sanidad pública le ofrecía una alternativa distinta a la amputación, opción que había venido rechazando.
El tribunal sostiene que no se cumple el requisito de imposibilidad de utilizar los servicios públicos. La nueva terapia ya estaba autorizada en el sistema público, de modo que la elección de la asistencia sanitaria privada respondió a una decisión voluntaria de la paciente y no a una carencia del servicio sanitario. El reembolso de gastos médicos exige que el usuario se haya visto privado de la prestación pública, circunstancia que aquí no concurre.
El TSJ de La Rioja exige la imposibilidad material de acceso a la prestación pública para reconocer el reembolso y excluye la elección voluntaria de la asistencia sanitaria privada.
La Sala descarta igualmente la urgencia vital. El tratamiento privado comenzó más tarde de lo que habría podido iniciarse en la sanidad pública, sin que conste que la opción pública fuera menos eficaz. La existencia de alternativas terapéuticas no convierte el supuesto en una urgencia médica, subraya la resolución, que tampoco aprecia un tratamiento ex novo imposible de dispensar en el sistema público.
La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida la doctrina que exige cuatro requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial sanitaria: un hecho imputable a la Administración, un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, un nexo causal entre ambos y la ausencia de fuerza mayor. Sobre esa base, el tribunal traslada al terreno del reembolso una regla ya asentada: la jurisprudencia del Tribunal Supremo niega la reparación cuando el daño deriva de la libre decisión del paciente de acudir a un centro privado.
La base jurídica se articula en torno al artículo 106.2 de la Constitución, que remite al legislador la configuración del régimen indemnizatorio, y al artículo 32 de la Ley 40/2015, que exige que el daño sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, restringe el reintegro a los supuestos de asistencia urgente no disponible, conforme al marco publicado en el BOE. La interpretación seguida es teleológica: la norma no cubre la búsqueda de una segunda opinión médica cuando la prestación pública está garantizada.
El impacto es relevante para los letrados que litigan en la jurisdicción contencioso-administrativa. Los juzgados de primera instancia y sus homólogos de lo contencioso vienen recibiendo reclamaciones de pacientes oncológicos que costean tratamientos fuera del sistema público. El criterio de La Rioja exige acreditar la imposibilidad material del acceso, no la mera preferencia clínica por otro centro. La carga de la prueba recae sobre el reclamante.
La proyección procesal queda abierta. Frente a la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo si concurre interés casacional objetivo, plazo que se computa desde la notificación. El texto íntegro aún no está disponible en el CENDOJ, por lo que no consta el número de resolución ni si el fallo fue unánime o con voto particular.
FICHA DEL CASO
- El caso: Recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria por el coste de un tratamiento oncológico privado.
- Datos importantes: Cuantía de 207.947,74 euros; fallo desestimatorio; aplicación del artículo 106.2 CE, artículo 32 de la Ley 40/2015 y Real Decreto 1030/2006. Número de sentencia no disponible en el CENDOJ.
- Fecha de los juicios: Hechos desde marzo de 2018; diagnóstico formal en junio de 2018; tratamiento privado iniciado en febrero de 2021; resolución reseñada en noviembre de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No existe proceso penal ni acusados identificados.
