La Policía Nacional ha detenido a 43 personas como presuntas autoras de una red que estafó 1,2 millones de euros a 134 clientes bancarios, en su mayoría mayores de 65 años. La operación, bautizada como Llamada, la dirigen los servicios centrales de Ciberdelincuencia del cuerpo y arrancó hace un año, según los datos difundidos este jueves por la Policía Nacional.
Cómo operaba la red: suplantación del departamento antifraude
El grupo se presentaba ante las víctimas como el departamento antifraude de su propio banco. Con esa identidad, los presuntos autores (la condición que se atribuye a quien se considera autor de unos hechos sin sentencia firme) se ganaban la confianza del cliente, que acababa ejecutando operaciones convencido de estar protegiendo su cuenta. El dinero tomaba después otra ruta.
Todo empezó con un goteo de denuncias de personas que habían perdido fondos sin haber ordenado ningún movimiento. Los servicios centrales de Ciberdelincuencia agruparon los casos, detectaron un patrón común y empezaron a seguir el rastro de las cuentas receptoras.
Las víctimas confirmadas son 134 clientes bancarios, en su mayoría de 65 años en adelante. El importe defraudado ronda 1,2 millones de euros, según el balance que maneja la Policía Nacional. La cifra no es definitiva: buena parte de las diligencias sigue pendiente de análisis.
Los mayores son el objetivo preferente. Este perfil concentra menos familiaridad con los canales digitales y más exposición a un mensaje que suplanta a la entidad. Los investigadores lo saben y por eso el caso se ha trabajado desde la unidad de ciberdelincuencia y no como una suma de estafas sueltas.
Las 43 detenciones: Madrid, Cádiz y la red de ‘mulas’
Más de la mitad de las 43 detenciones se han practicado en la provincia de Madrid, donde los agentes realizaron dos registros. La operación incluyó además una entrada en Cádiz. El caso alcanza por ahora a 95 personas investigadas (la condición de quien está bajo sospecha con indicios, sin condena firme), un número que previsiblemente crecerá conforme se crucen más datos.
La investigación sigue abierta y el importe defraudado, cifrado por ahora en 1,2 millones, podría crecer con las diligencias pendientes.
La red no se limitaba a una sola provincia. Las detenciones se han repartido por varios puntos del país, con epicentro en Madrid y una rama en Cádiz. Esa dispersión explica la complejidad del caso y el volumen de personas investigadas.
Entre los investigados figuran las conocidas como ‘mulas’, la figura que presta su nombre y su cuenta para canalizar el dinero mientras la organización queda en segundo plano. Según la información difundida, la red las reclutaba entre estudiantes y personas sin hogar.
El rastro del dinero es la parte más laboriosa. Cada transferencia obliga a comprobar titulares, fechas, y entidades receptoras. Los agentes han tenido que ordenar las operaciones una a una antes de cerrar el mapa de la organización.
La investigación no ha terminado. Los dos registros de Madrid y la entrada en Cádiz han dejado material pendiente de análisis. De ahí que la cifra pueda subir.
Qué falta por confirmar en la operación Llamada
La causa se encuentra en fase de instrucción (la etapa en la que el juez investiga los hechos antes de un juicio). El 1,2 millones de euros es, por tanto, un mínimo calculado sobre los casos ya documentados, no un balance cerrado. Tampoco está fijado el número definitivo de personas investigadas ni el de detenciones.
Los 43 detenidos mantienen la presunción de inocencia. Ninguno ha sido condenado. Los próximos pasos dependen del análisis del material intervenido en los registros de Madrid y Cádiz, del que podrían derivarse nuevas cifras y nuevas personas investigadas.
