Ni PP ni PSOE han firmado nada, y precisamente por eso el reparto funciona: no hay papel que romper ni cláusula que exigir. El mecanismo consiste en que quien gobierna coloca a los suyos en las presidencias y en los puestos ejecutivos de las empresas de capital público, mientras la oposición no veta a los pesos pesados del contrario y aguarda su turno. El resultado es un trasvase continuo de exministros, exsecretarios de Estado y exdiputados hacia consejos de administración y filiales, con independencia de quién ocupe Moncloa.
El criterio es doble. Primero se han revisado los consejos y las presidencias de sociedades con capital público —Redeia, con un 20% en manos de la SEPI, Enagás, Aena, Renfe o Paradores— para ver cuántos de esos sillones ocupan antiguos cargos políticos. Después, el ámbito autonómico, donde las empresas de agua, residuos y transporte metropolitano repiten el intercambio: cargos para unos y abstenciones para otros. La escala la marca el IBEX 35, donde un consejero externo ronda los 120.000 euros anuales por el hecho de formar parte del consejo, frente al sueldo del presidente del Gobierno.
5Empresas autonómicas: sillones en agua, basura y transporte a cambio de abstenciones
Las sociedades que gestionan el agua, los residuos y el transporte metropolitano son el eslabón menos visible —y el más elástico— del reparto de poder entre partidos. Su composición no se decide en el Congreso, sino en juntas generales y plenos locales, sin comparecencia parlamentaria de por medio. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publica, por ejemplo, la lista de vocales de AMVISA (aguas municipales) y de TUVISA (transportes urbanos) con la sigla del grupo que propone a cada uno: EH Bildu, PSE-EE, PNV, PP y Elkarrekin Podemos aparecen identificados consejero a consejero. En Tarragona, el gobierno del PSC llevó al pleno la ampliación de 11 a 13 miembros del consejo de Ematsa (Aigües de Tarragona) para que entrara un representante de En Comú Podem, su socio de coalición, un año antes de las municipales; la parte pública ya repartía seis sillones entre PSC (tres), ERC, PP y Junts.
El incentivo no es solo político, es dinero. El Ayuntamiento de Madrid aprobó extender una dieta de 612,85 euros brutos por asistencia al consejo —también si la reunión es telemática— en EMT, EMVS, Madrid Calle 30, Madrid Destino y hasta nueve consejos y organismos municipales, con un techo de dos consejos por persona y un máximo de once reuniones anuales en la empresa de vivienda y suelo, donde el desembolso supera los 100.000 euros al año. En Ematsa la retribución por consejo es de 994,54 euros. Son cantidades que se cobran por levantar la mano en órganos sin cobertura mediática, y explican que exalcaldes y exdiputados sin acta acaben ahí: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana incorporó al exdiputado del PP Óscar Gamazo tras el cambio de Gobierno autonómico. Ningún acta recoge que un sillón se pague con una abstención presupuestaria, y precisamente por eso este elemento está en la lista: lo que sí queda por escrito es la lógica de cuotas y la ampliación de consejos en vísperas de negociaciones clave.
