Isa Serra, portavoz de de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha mostrado orgullosa este jueves de su lucha juvenil antidesahucios al mismo tiempo que ha negado los hechos que se le imputan en el desalojo de una persona alquilada en el barrio de Lavapiés en 2014.
Así responde a la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se ha declarado competente para investigarla por un presunto delito de desórdenes públicos en una protesta antidesahucios que tuvo lugar en 2014, designando a un instructor para el desarrollo de las actuaciones judiciales «oportunas» que se deriven de los hechos.
Los magistrados examinaron el pasado martes la exposición razonada que le fue elevada por el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid con relación a la posible participación de Serra en la comisión de un presunto delito de desórdenes públicos, de un delito de atentado en concurso ideal con faltas de lesiones, y de un delito de daños.
Los hechos se remontan al 31 de enero de 2014, con ocasión de los incidentes ocurridos en Madrid, que provocaron el enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se hallaban formando el dispositivo de seguridad organizado con ocasión de un lanzamiento de vivienda.
La Policía detuvo a varias personas por negarse a salir de la casa desalojada. El desahucio se saldó con tres policías municipales heridos leves, que fueron atendidos por su mutua. Los agentes fueron a detener a Serra un mes después en la Facultad de Económicas pero no estaba, ha explicado hoy la diputada a Europa Press. Finalmente, la citaron y le fueron imputados esos cargos.
En febrero de 2018, Serra remitió un escrito a la jueza que instruía el caso para solicitar que se le revocara su aforamiento producto de su condición como diputada de la Asamblea de Madrid. «Quiero que se me juzgue en la misma situación que todas las personas que han sido juzgadas por manifestarse contra el drama de los desahucios, una lucha de la que estoy muy orgullosa», manifestó entonces. Pero el Alto Tribunal lo denegó.
La portavoz parlamentaria ha explicado este jueves que ella no cometió los delitos ni los hechos que les imputa el informe policial, y que ya la Fiscalía le ha quitado la imputación de atentado a la autoridad. «Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui», ha indicado.
De hecho, ha insistido en su posición pacífica en su lucha antidesahucios, algo de la que se siente profundamente orgullosa, «y más en este caso, que era una persona enferma crónica». Y persiste en su deseo de renunciar al aforamiento para ser juzgada «como cualquier otro persona, y no como aforada».
