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El Ministerio del Interior ha reaccionado y se ha comprometido a cumplir el tercer tramo del acuerdo, que recoge un ascenso del 20% de media en los salarios de la Policía y la Guardia Civil. En concreto, Interior se ha plantado en los 807 millones en tres años (2018-2020) del acuerdo de equiparación salarial y ha entregado a estos organismos el informe de la consultora externa que analiza si la cifra comprometida es suficiente o se tiene que recalcular al alza.

Desde Interior han subrayado que ya con los 807 millones se elevarán las nóminas de policías y guardias civiles en una media de un 20% (calculan que un policía cobrará de media 529 euros más mensuales y un guardia civil, 620 euros). La decisión se ha comunicado en la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación y ha provocado el enfado de algunos sindicatos firmantes y de la plataforma Jusapol, que se ha manifestado durante horas frente al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El SUP ha sido el primer sindicato policial en reaccionar al posicionamiento de Interior asegurando en un comunicado que «no acepta el informe» de la consultora externa por «falta de transparencia y opacidad». En este sentido, han asegurado que estudiarán plantear medidas administrativas o judiciales.

Representantes de Jupol, sindicato surgido de la plataforma Jusapol y mayoritario en el Consejo de la Policía desde las elecciones del pasado junio, han protestado frente a Interior, donde han adelantado que no se doblaba la cifra de la equiparación hasta los 1.500 millones plantearían un conflicto colectivo. La decisión la comunicarán de forma oficial en las próximas horas.

Las siete asociaciones de la Guardia Civil firmantes del acuerdo han emitido por su parte un comunicado conjunto en el que dicen que estudiarán el informe de la consultora entregado este mismo lunes en un CD por Interior. Además, han vuelto a mostrar su queja unánime por la cesión de un 1,73% a favor de la Policía en la ejecución del segundo tramo del acuerdo, el ejecutado este 2019.

ENTREGA DE CD CON EL INFORME EXTERNO

La tercera reunión de la comisión de seguimiento se ha celebrado bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, mientras la plataforma Jusapol protestaba en la calle. Interior ha entregado a los representantes de los sindicatos y asociaciones el informe de consultoría elaborado por Ernst and Young Abogados y que, según el acuerdo, tenía que recalcular si los 807 millones eran suficientes.

«La decisión de que una consultora privada analizara las cifras de la equiparación fue adoptada por el anterior equipo del Ministerio del Interior», ha recordado el departamento liderado por Grande-Marlaska, que ha vuelto a decir que mantuvieron el acuerdo «por compromiso institucional hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

En este sentido, Interior ha apuntado al informe del Consejo de Estado que avalaba que esta cláusula no era vinculante para la administración. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press señalan que los representantes del Ministerio se han acogido al posicionamiento del Consejo de Estado para rechazar cualquier aumento sobre los 807 millones ya comprometidos, limitándose a entregar un CD con la copia del informe de Ernst and Young Abogados.

La consultora Ernst and Young entregó un primer informe de consultoría al Ministerio del Interior el 27 de febrero, «que no fue recepcionado por deficiencias con el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato». Tras el plazo de subsanación concedido, señala Interior, el informe fue recepcionado de nuevo el 10 de julio y se ha dado conocimiento del mismo este lunes a los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones de la Guardia Civil.

SONORA PROTESTA DE JUSAPOL

La entrega del informe se ha producido este lunes en una reunión de la comisión de seguimiento entre Interior y los firmantes del acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018, cuando estaba Juan Ignacio Zoido (PP) al frente del Ministerio: cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y APC).

Tras la reunión entre Interior y los sindicatos firmantes, los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Félix Azón, respectivamente, han dado traslado del documento a otras organizaciones no firmantes del acuerdo, entre ellas la plataforma Jusapol y sus marcas en ambos Cuerpos, Jupol y Jucil.

Aún así, unos 200 miembros de esta plataforma -entre ellos algunos niños– se han concentrado desde las 16.00 horas frente a la sede del Ministerio del Interior, donde han protagonizado una sonora protesta que ha cortado el tráfico en la calle Amador de los Ríos, mientras lanzaban petardos y hacían sonar numerosos silbatos y tambores.

Al convocar la protesta de este lunes, Jusapol la justificó en la «sorpresa» que les causó no haber sido invitados a la reunión, después de que Jupol sea desde este mes de junio el sindicato con mayor representación al conseguir 8 de los 14 vocales del Consejo de la Policía. Tanto desde Interior como desde el resto de sindicatos, no obstante, se les recordó que el acuerdo especifica que sólo pueden asistir los firmantes del mismo.

Jusapol rechazó desde el primer momento el acuerdo al considerar insuficientes los 807 millones en tres años (2018-2020) y Jupol amenazó con un conflicto colectivo en el caso de que no se atendiera a su petición de doblar el dinero hasta obtener al menos 1.500 millones. La estrategia a seguir tras las elecciones sindicales en la Policía ha provocado discrepancias entre Jusapol y Jupol.

Interior ha defendido este lunes que ha hecho «la mayor inversión en seguridad del Estado en los últimos ocho años» al destinar 850 millones en infraestructuras -600 de ellos en comisarías y cuarteles entre 2019 y 2025– y ha comparado el dinero destinado a la subida salarial de policías y guardias civiles con la del resto de funcionarios públicos, que en el mismo periodo será de un 6,25%.

También ha recordado que ha repuesto en un 115% las puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con más de 5.000 nuevas plazas. En la reunión celebrada este lunes se ha acordado fijar para el 12 de septiembre una nueva reunión en la que asociaciones y sindicatos aporten su valoración del mencionado informe.

El último homenaje al ex número dos de Eta José Javier Zabaleta Elosegi y a Xabier Ugarte ha emplazado al PP vasco ha moverse para intentar evitar que se produzcan más actos de este tipo. El parlamentario popular Carmelo Barrio presentará este mismo martes en el registro de la Cámara vasca una pregunta dirigida a Iñigo Urkullo, lehendakari, para cuestionar cuáles van a ser las medidas a adoptar por el gobierno para aplicar el ‘Plan de Convivencia y Derechos Humanos’ que eviten escenarios similares.

En su iniciativa, Barrio pide también al lehendakari su valoración, en el marco de las políticas de convivencia del Gobierno Vasco, sobre los homenajes brindados a ambos expresos de ETA, y sobre la presencia «constante, reiterada y protagonista de menores en esos actos de homenaje a criminales».

Tras solicitarle información sobre el número de homenajes a miembros de ETA celebrados en lo que va de año, el parlamentario popular pregunta a Urkullu qué medidas piensa tomar el Gobierno Vasco para que no se celebren en lugares públicos, con presencia de menores «más actos de homenaje y exaltación a miembros de ETA, como reiteradamente exigen las víctimas del terrorismo.

Carmelo Barrio recuerda que el pasado 27 de julio en la localidad guipuzcoana de Hernani el «multi-asesino, miembro de la banda terrorista ETA, alias ‘Baldo’, recibió un homenaje tras su salida de la prisión en la que ha cumplido condena por asesinatos, atentados y pertenencia a organización terrorista ETA y al día siguiente, 28, simpatizantes de ETA y Bildu recibieron y homenajearon públicamente al criminal, miembro de la banda terrorista ETA Xabier Ugarte, en las calles de la localidad guipuzcoana de Oñate».

Tras destacar que el Parlamento Vasco ya se ha pronunciado en contra de los homenajes «a los asesinos», ha lamentado que «estos se repiten con frecuencia en nuestras ciudades y pueblos, y en sus calles y plazas».

PREGUNTAS A LA CONSEJERA DE SEGURIDAD

Sobre estos mismos homenajes registrará este martes Carmelo Barrio sendas preguntas dirigidas a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en las que le solicita información en relación a las actuaciones que realizó la Ertzaintza en Hernani y Oñate con motivo de estos actos.

Asimismo, se interesa el dirigente del PP vasco por si «se detectó participación y presencia de menores en los actos organizado por las calles de Hernani y Oñate». Por último, pregunta a Beltrán de Heredia si se han dado traslado a la fiscalía o a los juzgados sobre lo actuado en las referidas actividades de control de ambos actos.

El resultado electoral en Aragón dejó un complicado escenario, con variedad de formaciones con representación. El PAR era decisivo y, tras su acuerdo con Lambán, todo ha sido más fácil para el PSOE, que además ha sumado los apoyos de IU (este mismo lunes), Podemos (con un preacuerdo) y el CHA. Suficiente para garantizar un futuro gobierno socialista que, tras el último acuerdo de 52 medidas con IU, «blindara» los servicios públicos.

Con este pacto, el candidato socialista suma un voto más de apoyo a su investidura, que se une a los 24 del PSOE, 3 del Partido Aragonés y 3 de Chunta Aragonesista, formaciones con las que ya ha firmado sendos acuerdos.

Asimismo, los socialistas poseen un preacuerdo con Podemos, que está siendo votado por las bases de la formación morada. En caso de que el resultado sea favorable a la investidura, Lambán se habrá asegurado 36 apoyos –Podemos tiene cinco escaños–, dos más de los 34 que hacen la mayoría absoluta en la Cámara aragonesa, formada por 67 diputados.

Lambán ha expresado su agradecimiento al apoyo de IU a su investidura, excluyendo desde el principio de la negociación estar dentro del Gobierno, con un acuerdo programático, que «sin entrar en contradicción» con los ya alcanzados con otras formaciones «tiene un componente muy situado en elementos de izquierdas» que solo están incluidos en este pacto.

Ha detallado que se recogen medidas relacionadas con la educación, los servicios sociales y la sanidad, además de que «aborda con interés y pasión» la aplicación de la Ley de memoria histórica y democrática.

Asimismo, prevé mecanismos de control y el seguimiento del cumplimiento de un pacto del que Lambán se ha sentido «particularmente orgulloso» desde el punto de vista «cualitativo» porque IU es una fuerza «con tradición en las Cortes de Aragón», donde «siempre ha imprimido calidad, altura al debate, defendiendo posiciones de izquierda».

REALIZABLE

El candidato socialista ha subrayado que no se ha trabajado de manera «frívola», sino «responsable», «buscando que todo aquello que se firmara fuera realizable» y para que «el resto de las fuerzas políticas conformantes del gobierno vayan a facilitar su desarrollo.

«Hemos buscado la complementariedad absoluta», con los acuerdos alcanzados con PAR y CHA y el preacuerdo con Podemos para que «lo que firmemos se pueda cumplir», si bien a lo largo de la legislatura «no descarto que puedan existir desacuerdos, igual que en la pasada ya los hubo y los gestionamos con absoluta naturalidad», ha señalado el líder del PSOE en Aragón.

Al respecto, ha opinado que no habrá «ni un solo gobierno autonómico, ni en el conjunto del Estado en los próximos años que en un momento u otro no tenga discrepancias» porque «la época de las mayorías absolutas y de gobiernos que solo tenían problemas internos como partido han pasado ya».

Ha descartado que en Aragón «no exista la suficiente inteligencia como para gestionar las discrepancias de una manera positiva» y en un momento en el que la gobernanza «no van a ser fácil en ningún ámbito», «debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias», ha dicho Lambán.

EVITAR EL TRÍO DE COLÓN

El coordinador general de IU en la Comunidad y también diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, ha explicado que su propósito ha sido «evitar un gobierno de derechas» y por eso desde el día después de las elecciones su formación «tenía claro que esta Comunidad tenía que quedar fuera del eje gobernado por el trío de Colón», en referencia a PP, Cs y Vox.

«Un gobierno de derechas no es solo aquel liderado por formaciones que así se definen, sino también por otras organizaciones que en un momento determinado puede caer en tentaciones de hacer políticas de derechas», ha relatado Sanz, y por eso han trabajado «mirando a la gente y al territorio» por una investidura «que contase con el mayor componente posible de fuerzas progresistas» y «minorar, fundamentalmente, el peso específico que pudieran tener los tres diputados del PAR.

No obstante, ha agradecido a ese partido que «en un momento determinado faciliten que esta Comunidad no se alinee en su gobierno con aquellos que quieren ser los primeros de la fila en la derecha compitiendo desde puntos de vista cada vez más reaccionarios».

Sanz ha reconocido que lo primero que hubo encima de la mesa fue el acuerdo PSOE-PAR, que a IU «no le parecía un terreno de juego sobre el que empezar a trabajar», si bien ha aclarado que más que fricciones con el PAR, las hay «con una dinámica política que se ha venido imponiendo durante mucho tiempo en esta Comunidad y que es momento de cambiar» para «la reversión de las privatizaciones en los servicios públicos y el blindaje de la educación pública».

IU descartó entrar en el gobierno desde el principio «por una cuestión de sensatez» ya que cuenta con un diputado y la correlación de fuerzas es «muy compleja», para señalar que su papel es «ejercer de referente en medidas concretas impulsadas sin ningún tipo de atadura» y poder «transformarlas en hechos en el ámbito institucional desde la honestidad y el rigor».

ACUERDO PROGRAMÁTICO

La formación se ha planteado la negociación política entorno a un acuerdo programático. «Queríamos hablar de programa, de medidas concretas», que permitan «el blindaje de los servicios públicos como garantía y respuesta a derechos fundamentales», avanzar «hacia un nuevo modelo productivo y situar lo público como motor de medidas que garantizasen bienestar».

También han pretendido «priorizar modelos concretos en materia económica que sirvan para vertebrar el territorio y garantizar la vida no solo en las ciudades, sino también en los pueblos, las infraestructuras y el medio ambiente», ha glosado Sanz.

En concreto, se ha referido a medidas como la protección de las montañas, el «endurecimiento» de las normas que rigen la instalación de grandes centros comerciales y el «blindaje» de la educación pública como tal en el tramo no obligatorio de 0 a 3.

Por otra parte, ha pedido a Lambán (PSOE) que el seguimiento del acuerdo sea «una práctica cotidiana» porque IU «va a exigir que se cumpla», para desearle un «buen gobierno». «Nos tendrá siempre que profundice en estas medidas y en otras que no están aquí, pero que nos permitan caminar por la izquierda», pero IU se situará «delante cuando veamos que aquello no funciona y no es así», ha enfatizado Sanz.

Ha reconocido que puede haber medidas que sean «elemento de fricción a la hora de llevarlas a cabo porque suponen caminar en una dirección distinta a aquellas que se contemplan en los acuerdos a los que el PSOE ha llegado con otras formaciones políticas».

No obstante, ha sostenido que si se pone encima de la mesa el interés general y «la razón, sensatez y superación de la política binaria», priorizando «lo que le importa a la gente, lo que le importa al territorio y al futuro del planeta, llegaremos a acuerdos».

FUTURO GOBIERNO

Lambán ha rechazado tratar sobre la posible composición de su gobierno. «No me parece el momento», además de que «parte del éxito de haber llegado hasta aquí es que hemos hecho cada cosa cuando había que hacerla», ha apuntado.

Sobre el hecho de que en Aragón la izquierda haya alcanzado un acuerdo de investidura, Sanz ha comentado que ha sido porque «aquí hemos hecho política, en otros sitios se ha hecho otra cosa», mientras que Lambán ha afirmado: «Esto viene del Compromiso de Caspe del siglo XV, que nos imprimió carácter», ha afirmado en referencia al acuerdo que permitió en 1412 elegir un nuevo rey para la Corona de Aragón ante la ausencia de sucesión, a través del pacto.

También ha detallado que el sábado habló dos veces con Pedro Sánchez para explicarle el acuerdo con Podemos y «le conté cómo estaba Aragón, él me comentó cómo está España y se manifestó dispuesto a ayudarme en Aragón», al tiempo que Lambán le mostró su disposición «a ayudarle a él en España».

Eduardo de Castro (Ciudadanos), presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha sentado en el banquillo para declarar ante el juez, por supuesta falsificación de la lista electoral de la formación naranja en las elecciones del 26 de mayo. De Castro ha tratado de esquivar a los medios de comunicación, al amagar con entrar por una puerta y hacerlo finalmente por la de atrás. El de Ciudadanos ha clamado contra Vox, que es el partido que ha propiciado esta situación: «Miente más que habla».

En una rueda de prensa posterior para hablar de otros asuntos, Eduardo de Castro ha admitido que ha jugado al despiste con los medios de comunicación «porque ustedes buscaban mi imagen entrando y saliendo de los juzgados y yo os lo tenía que poner difícil» al sostener que detrás de esta situación «está Vox, que miente más que habla».

Eduardo de Castro llegó a los juzgados a las 08.20 horas, diez minutos antes de su citación, y mientras todos los periodistas hacían guardia desde las 08.00 en la puerta principal, el presidente melillense accedió por la puerta de atrás, la de entrada al Registro Civil, que no abre al público hasta las 09.00 horas.

«USTEDES QUERÍAN LA FOTO»

Tras media hora declarando ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla como investigado por los presuntos delitos de falsificación de documentos y delito electoral, De Castro volvió a despistar a los medios colocando a sus dos escoltas y a su coche oficial por la puerta de atrás mientras él salía por la puerta principal a la carrera entre las personas que llegaban en esos momentos a los juzgados y se introducía en un coche particular que le esperaba en la calzada con el motor arrancado.

«Yo les voy a decir una cosa: ustedes buscaban una foto, normal, y como el que salgo en la foto soy yo, y como esto es una jugada de otro partido, no se lo he querido poner fácil» ha admitido el presidente melillense en una posterior rueda de prensa cuando fue preguntado por los periodistas por su actitud esquiva con los medios.

Según el representante de Cs, «detrás de ustedes hay alguien que ha movido esto y quería la foto» ha indicado en referencia al aviso que hizo Vox de esta declaración judicial. «Yo comprendo que ustedes hacen su trabajo y yo no quería la foto» ha admitido.

NIEGA TRATO DE FAVOR DE JUSTICIA

Ante las acusaciones de Vox de haber recibido un trato de favor del Ministerio de Justicia por permitirle entrar por la puerta del Registro Civil para esquivar a los periodistas, cuando aún estaba cerrada al público, De Castro ha respondido que «he llamado a la puerta y me han abierto». «En los juzgados se entra por la puerta principal, por la de atrás, por el garaje, eso es intrascendente», ha dicho.

La primera autoridad melillense no ha querido dar detalles de su declaración. «Yo he respondido a lo que me ha preguntado el juez y por respeto al juzgado, tengo que callarme». En su declaración, Eduardo de Castro ha evitado responder a las preguntas de la acción popular que representa en esta demanda Vox Melilla.

El partido de Santiago Abascal ha acusado al único diputado de Cs, que gobierna Melilla gracias al apoyo recibido en el pleno de constitución de la Asamblea por los ocho diputados de Coalición por Melilla (CPM) y los cuatro del PSOE, por la presunta comisión de sendos delitos de falsificación de documentos y fraude electoral por la supuesta inclusión en la candidatura de personas «sin su consentimiento» o «falsificando sus firmas».

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, y responsable del Comité Negociador de Pactos, Pablo Echenique, ha tildado de “irresponsables” las opciones que se plantean tras la fallida sesión de investidura. Tanto el posible apoyo del PSOE en los partidos de derechas como una nueva convocatoria electoral afectarían negativamente a la estabilidad política. Pero recuerda que todavía hay tiempo para que rectifiquen y confía en que continúen las conversaciones en el seno del bloque progresista.

El dirigente morado ha señalado este lunes que el PSOE «nunca ha querido negociar» un Gobierno de coalición con Unidas Podemos «de forma seria» porque ha buscado una coartada para encontrar «el apoyo de los amigos de Vox», en referencia a Ciudadanos y PP.

Durante una entrevista en Telecinco, Echenique ha calificado de vergonzoso que el PSOE haya planteado una negociación para un Ejecutivo de la manera en lo que lo ha hecho, y afea a los socialistas que «después de quedarse sin excusas» para sentarse tras la renuncia de Iglesias a entrar en el Consejo de Ministros, las conversaciones no hayan estado «a la altura del momento».

Echenique considera bochornoso el fracaso de la investidura, puesto que, ambas formaciones deberían haber llegado a un acuerdo para la formación de Gobierno hace semanas en lugar de poner excusas. Incide en el plan de los socialistas que, según él, demuestran que era ir a agosto o septiembre para seguir presionando a PP y Ciudadanos y que hagan presidente a Sánchez «a cambio de nada».

ACUERDOS REGIONALES SÍ, PERO NO A NIVEL ESTATAL

Para el dirigente de Podemos, esta es la hoja de ruta del PSOE. Además, dice no entender por qué ambas formaciones sí han sido capaces de cerrar acuerdos de gobierno a nivel autonómico, y en cambio en el plano estatal no se ha llegado a una coalición. Para el responsable de pactos, la explicación está en que el PSOE quiere el apoyo «de los aliados de Vox» y entiende que la ciudadanía esté «perpleja» con esta estrategia socialista. «En el ámbito autonómico, el PSOE respeta a sus socios y no les da un papel de comparsa», ha apuntado comparando los dos escenarios.

Recuerda que ninguna de las fuerzas ha obtenido la mayoría absoluta, por lo que la voluntad de la ciudadanía es que los diferentes partidos lleguen a acuerdos sobre un programa de gobierno común. El problema es que el planteamiento actual del PSOE es no negociar e intentar imponer un gobierno de partido único por la vía de la presión mediática y la amenaza de la repetición electoral, explica el integrante de Podemos.

“Quieren imponer un gobierno en el que todos los sillones sean del PSOE, como si hubiera tenido mayoría absoluta, y nosotros entendemos que eso no es lo que ha votado la ciudadanía el 28 de abril”, concluye Echenique.