La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, se ha pronunciado tras los descalificativos recibidos desde las filas de Vox. Delgado ha lamentado la «forma de hacer política» de la formación liderada por Santiago Abascal, «basada en las injurias e insultos», como los vertidos contra ella por el portavoz en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, que la llamó «p***, tiparraca y embustera», y ha avisado de que «hay artículos del Código Penal donde esta acción encaja perfectamente».
La titular de Justicia ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser que no va a denunciar al dirigente de Vox a título personal porque se trata de «injurias contra una persona que es autoridad pública», como es su caso, y que «quien tiene que manifestarse es la Fiscalía«.
Delgado afirma que desde PP y Cs no se han dirigido a ella tras los insultos del representante de Vox
«Es una forma de hacer política basada en la injuria en el insulto. Tememos que erradicar este sistema», ha apuntado Delgado, que ha señalado que se puede hacer política con «la crítica más dura o el análisis más fuerte», pero «sin insultos» y «con altura intelectual».
La ministra de Justicia ha insistido en que la ciudadanía «está cansada de la crispación» y ha acusado a Vox de basar «demasiado» su discurso en temas de género, dirigidos a las mujeres, «con esta violencia verbal». «Después del insulto, ¿Qué queda? ¿A dónde pasamos?», se ha preguntado.
DISCURSOS QUE CUESTIONAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, Delgado ha llamado a la reflexión sobre los discursos que cuestionan la violencia de género, el «terrorismo machista» que ha dejado ya 1.001 muertas oficiales, un asunto sobre el que «no se puede banalizar».
«Tenemos que concienciarnos, y especialmente los que estamos en política sobre este discurso del odio. Es cuestión de todos los demócratas saber con quiénes se pacta y con quiénes no», ha apostillado en alusión a PP y Ciudadanos.
Delgado ha apuntado que los dirigentes de PP y Ciudadanos no se han dirigido a ella tras los insultos del representante de Vox y ha subrayado que «por encima de ideología, está la democracia, el respeto y la ejemplaridad como políticos».
Además, ha apuntado que después «pasarse la vida intentando buscar la justicia y persiguiendo a terroristas» en su carrera como fiscal, para ella, es «realmente frustrante» encontrarse con personas que «no tienen escrúpulos».
Sobre la sentencia del Tribunal Supremo contra ‘la Manada’, la ministra de Justicia ha admitido que no le sorprendió. En este sentido ha dicho que los hechos que se recogían en la primera sentencia «definían una acción de agresión sexual» y ha subrayado que el Gobierno quiere que pase a la calificación de violación: «Los hechos eran concluyentes. La interpretación Supremo se ajusta perfectamente a esos hechos».
El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid sigue una investigación sobre la desaparición de dos importantes diamantes en la que está siendo investigada la compañía Moon Diamonds. Se trata de una importante empresa –con sede central en Amberes– que presume de sus relaciones de compra venta de estas piedras preciosas con buena parte de la alta sociedad de Madrid.
En el asunto están implicados algún joyero de Madrid, Moon Diamonds y un conocido delincuente italiano que ha estado varias veces en prisión por robo. El origen del problema son dos diamantes comprados por el joyero madrileño Juan José Montoya por un valor de unos 135.000 euros. Según consta en autos y en diligencias policiales, Montoya buscó la colaboración del ciudadano italiano Giuseppe Gala, del que no conocía sus antecedentes criminales. Una vez las joyas están en poder del italiano Montoya pierde la pista de las joyas. Está convencido de que estas acabaron en la sede de Moon Diamons y, una vez allí, fueron trasladadas y retalladas para disimular su origen en la sede central de la empresa, en Amberes. Así o denunció ante la Policía. Moon Diamons desmiente cualquier relación con estas piedras preciosas.
El joyero tenía la expectativa de vender las joyas por más de 175.000 euros. De hecho, según explica en las declaraciones a las que ha tenido acceso MONCLOA.COM, incluso se había endeudado para afrontar la operación. La denuncia policial se presentó hace dos años, pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando el Juzgado ha tomado cartas en el asunto.
Montoya asegura que acudió a la sede madrileña de Moon Diamons –en la calle Núñez de Balboa, en pleno Barrio de Salamanca de Madrid– ante la sospecha de que Giuseppe Gala, alias ‘Pino’, hubiera comerciado con las piedras preciosas haciendo una operación con los diamanteros. Tras una confusa explicación y una discusión, los diamanteros de la calle Núñez de Balboa se negaron a enseñarla las piedras preciosas que tenían depositadas.
Es más, según declara Ignacio Luna, responsable de la firma, los diamantes que estaban en su poder viajaron en las siguientes horas a la sede central de Moon Diamonds, en Amberes. El diamantero asegura que ofreció incluso pagar el viaje a Montoya a Amberes para que comprobara la veracidad de su historia, algo a lo que, según su testimonio, se negó el joyero madrileño. Así lo declaró Luna en el juzgado.
El asunto sigue bajo investigación judicial, mientras las deudas apremian a Juan José Montoya y los diamantes siguen desaparecidos. Ni siquiera Moon Diamonds aclara el papel real del conocido delincuente italiano apodado ‘Pino’, con quien reconocen algún negocio, pero no que interviniera en el caso de estos diamantes. Al parecer sí está constatada la presencia de una persona llamada Giuseppe en las instalaciones de la calle Núñez de Balboa –la compañía ha abierto una tienda de gran lujo recientemente en la calle Velázquez–, pero Luna asegura que no era ‘Pino’.
Los hermanos Carlos e Ignacio Luna han conseguido con su trabajo en la compra venta de diamantes bastante relevancia social. Así lo revela su página en la red social Instagram, en la que aparecen fotografiados con diferentes personajes de la vida social. Lolita, César Cadaval, Mariló Montero, la familia Matamoros, o el torero Miguel Abellán son algunas de las celebrities que han desfilado por su lujosa tienda de la calle Velázquez y se han convertido en sus clientes.
Ahora el juzgado investiga el origen de alguno de esos relucientes diamantes que buscan la piel de famosos para lucir en todo su esplendor.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha condenado «el machismo» del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, por los insultos que éste ha proferido a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.
El jefe del Ejecutivo se pronunciaba en relación a los hechos en su cuenta de Twitter, a través de la que ha asegurado que «el insulto y el machismo no deben tener cabida en la política. Quienes la ejercemos tenemos la obligación de ser ejemplares. Respeto y ejemplaridad es lo que merece la ciudadanía a la que servimos y representamos. Todo mi apoyo para la ministra«, ha escrito.
«Esto es la ultraderecha. Esto son los socios de Cs y del PP», ha añadido Adriana Lastra en Twitter
Así se ha manifestado Sánchez tras la palabras del dirigente de Vox en las que aludía a Delgado como a una «tiparraca embustera». «Un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: de una p*** solo puedes esperarte putadas», escribió Liarte en un post en su perfil de la red social Facebook.
También se ha referido a los insultos que Liarte ha dedicado a Delgado, el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha exigido a PP y Ciudadanos (Cs) “un pronunciamiento” acerca de las que considera unas “manifestaciones intolerables” por parte del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia. A la petición del ministro se ha sumado la condena por parte del PSOE, que ha lamentado los «graves insultos» de Liarte.
RETIRADA DEL MENSAJE Y ACLARACIONES
Tras el aluvión de críticas recibidas, Liarte eliminó este mensaje y publicó una aclaración en la que aseguraba que se trataba de un «malentendido». «Parece que no me he explicado bien», ha señalado, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, «sino a un señor de Bildu».
«La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías con ETA«, ha matizado Liarte en otra publicación.
El PSOE también expresaba su rechazo a través de su cuenta oficial de Twitter: «Basta ya de violencia hacia las mujeres, tanto verbal como física, es intolerable. Machismo mata», se podía leer en el perfil del partido en la red social. «Esto es la ultraderecha. Esto son los socios de Cs y del PP», ha añadido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.
El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido a PP y Ciudadanos (Cs) «un pronunciamiento» acerca de las que considera unas «manifestaciones intolerables» por parte del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.
«La tiparraca esta -en alusión a la ministra de Justicia, Dolores Delgado- es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman. Un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: de una p*** solo puedes esperarte putadas«, escribió Liarte en un post en su perfil de la red social Facebook.
La Fiscalía General del Estado está estudiando presentar una querella contra el cargo de Vox
El dirigente de Vox, tras el aluvión de críticas recibidas, eliminó este mensaje y publicó una aclaración en la que aseguraba que se trataba de un «malentendido». «Parece que no me he explicado bien», ha señalado, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, «sino a un señor de Bildu».
«La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías con ETA«, ha matizado Liarte en otra publicación.
Para Ábalos, estas palabras por parte del dirigente de Vox merecen una explicación por parte PP y Cs. A la petición del ministro se ha sumado la condena por parte del PSOE, que ha lamentado los «graves insultos» de Liarte.
«Basta ya de violencia hacia las mujeres, tanto verbal como física, es intolerable. El machismo mata», ha escrito el partido en su cuenta oficial de Twitter. «Esto es la ultraderecha. Esto son los socios de Cs y del PP», ha añadido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.
La Fiscalía General del Estado está estudiando presentar una querella contra el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, por la publicación en la insultó a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, según han confirmado fuentes de la propia Fiscalía.
Es la pugna del chalet contra el piso. La de un salario desahogado contra un sueldo mileurista. La de los anticapitalistas contra los fieles a Pablo Iglesias. El liderazgo del secretario general de Podemos no pasa por su mejor momento. Los resultados del partido en las elecciones han sido pésimos. Por ello, entre las bambalinas del partido se debaten los nuevos nombres que podrían suceder a Iglesias. El alcalde de Cádiz, José María González (Kichi) y la diputada Irene Montero son los que tienen más probabilidades de competir por liderar la formación.
Kichi es uno de los pocos dirigentes de Podemos que ha mejorado sus propios resultados. Ha quedado a un escaño de la mayoría absoluta en Cádiz tras las municipales. Su victoria transversal en la ciudad andaluza y su actitud crítica con la gestión de Iglesias le ha convertido uno de los favoritos para suceder al líder. Al menos para el sector más crítico con el núcleo duro de Unidas Podemos: los anticapitalistas.
Vive junto a su pareja, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, en un piso alquilado de 40 metros cuadradosen el barrio de La Viña (Cádiz). Acude al trabajo en bicicleta y cobra un sueldo de 1.880 eurosmensuales, el mismo que cobraba cuando era profesor. Un estilo de vida muy alejado del de Pablo Iglesias e Irene Montero, quienes pagan 1.600 euros al mes de hipoteca por su polémico chalet de Galapagar, vigilado día y noche por la Guardia Civil.
Para la militancia discrepante con Pablo Iglesias, Kichi representa mejor los valores que consideran relevantes en un líder de la izquierda. José María González le ahorra el resto de su salario a la Administración (lo abona la Diputación provincial) y ha renunciado al coche oficial que le correspondería como alcalde. El salario de Montero como diputada y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, la otra aspirante al título, ronda los 90.000 euros brutos anuales.
Kichi nunca ha ocultado su discrepancia con el núcleo duro del partido. Incluso se atrevió a criticar la compra del polémico chalet. La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, pero no que nos equivoquemos de bando», escribía el alcalde. El regidor junto a su pareja son las cabezas más visibles del sector anticapitalista de Podemos, una parte fundamental del partido y la única que ha sobrevivido a las elecciones municipales.
Montero es una de las diputadas más ricas de Unidas Podemos. Además de su vivienda en Galapagar, es copropietaria de una vivienda en Madrid, otra en Ávila, una finca rústica, otra urbana y un almacén. Junto a su pareja, posee más de 250.000 euros en el banco y han sido capaces de abonar 65.000 euros de su hipoteca (de 540.000) en tan solo un año. Un estilo de vida que ha sido cuestionado por sus bases. Tanto, que los líderes de Podemos realizaron en mayo de 2018 una consulta para comprobar que aún contaban con el apoyo de su militancia.
El 68’4% de los votos fueron a favor de Iglesias y Montero. Sin embargo, la participación (a pesar de ser la más alta que ha tenido la formación morada) fue del 34%. Unos resultados muy alejados del respaldo masivo que demandaron los líderes de Podemos para continuar al frente del partido. Los dirigentes de la formación en Andalucía, sin embargo, no solo no han sido cuestionados por su militancia, sino que han logrado un mayor respaldo cada año.
José María González gobierna para los gaditanos. Y lleva un estilo de vida que no levanta polémica. Al igual que su pareja, quien acostumbra a coger el tren más de lo que necesitaría para viajar de Sevilla a Cádiz. El padre de Kichi perdió su empleo en los Astilleros, razón que le impulsó a emigrar a Holanda, donde nació el actual alcalde de la ciudad andaluza. Por ello, su compromiso con la empresa Navantia y con el trabajo de su gente ha estado por encima de la doctrina del partido.
«Si no hacemos nosotros los barcos, los harán otros», declaró Kichi cuando todos los partidos de izquierdas (también algunos sectores del PSOE) querían que España dejara de fabricar cinco corbetas para Arabia Saudí. Unidas Podemos exigía que se dejaran de hacer negocios con el país asiático. Pero Kichi se posicionó con los suyos. Por encima de las siglas de su partido.
Irene Montero ha participado en movimientos ciudadanos desde los 16 años. En su etapa política más temprana se movía por círculos de los barrios la periferia de la capital, como Ciudad Lineal o Moratalaz. Entonces consideraba las Brigadas Internacionales como uno de sus grandes referentes políticos. Y dio el salto de las Juventudes Comunistas a Podemos, donde ha tenido un ascenso meteórico.
El hueco (político y sentimental) que dejó Tania Sánchez lo ocupó Montero. En apenas cuatro años, la diputada ascendió de las bases del partido a coliderarlo. Su notable trabajo como portavoz de Unidas Podemos y su presencia mediática la han llevado a convertirse en otra de las favoritas para suceder a Pablo Iglesias al frente de la formación.
Pero Iglesias aún tiene una oportunidad de alejar el debate de sucesión: conseguir un ministerio en la negociación con el PSOE. De no ser así, y ante la amenaza de que Más Madrid de el salto y se convierta en un partido de ámbito nacional, Unidas Podemos corre el riesgo de desintegrarse por el pulso entre las diferentes corrientes internas.
El pactómetro en la Comunidad de Madrid está que arde. Todos daban por hecho que PP y Vox alcanzarían un acuerdo para garantizarse la gobernabilidad de la autonomía, pero las negociaciones están más tensas que nunca. A principios de la semana pasada, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, anunciaba la ruptura de las relaciones con los populares por el supuesto incumplimiento del documento que firmaron para repartirse el poder en el Ayuntamiento de Madrid, aunque esta no es la única diferencia entre ellos.
Las discrepancias programáticas entre ambos partidos, así como los notables desacuerdos con su otro socio, Ciudadanos, siguen abriendo grietas entre ellos. Sin embargo, el mayor obstáculo para Monasterio podría ser su enemistad con varios miembros populares. Unas diferencias ideológicas que podrían echar por tierra un futuro pacto comunitario.
LA LEY LGTBI, LA BRECHA ENTRE VOX Y EL PP
No está contenta Monasterio con la ley LGTBI vigente en la comunidad. La legislación que respaldó la expresidenta Cristina Cifuentes en el año 2016 es demasiado avanzada para el partido de ultraderecha. Este punto no sería del agrado de la candidata de Vox, que culpa directamente a la popular Ana Camins por favorecer su implantación.
Camins era en ese año la Portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia del PP y participó en las negociaciones para redactar y aprobar la ley. Si bien es cierto que en un principio los populares se negaron a respaldar algunos de los puntos más avanzados de la ley, finalmente tuvieron que ceder tras los recursos presentados por la oposición.
En total se presentaron 138 enmiendas (76 de ellas del PSOE) al proyecto inicial. Las jornadas de consenso fueron intensas en el PP porque la parte más conservadora del partido se posicionó en contra. De hecho, hubo dos diputados que decidieron no acudir a votar a pleno y así evitar mostrar su desaprobación con las directrices marcadas por la formación.
Cuando nació la ley, Monasterio fue una de las personas que se adhirió a un manifiesto en contra. Una de las medidas más polémicas que impulsó la plataforma eran la posibilidad de someterse a curas de reorientación sexual. Estas «terapias» que Vox defiende están sancionadas dentro de la norma madrileña.
Por otro lado, la ley promulga la defensa y protección del colectivo, un aspecto que Vox entiende como una desventaja para el resto de personas. Como ya afirmó el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a MONCLOA.COM ellos están en contra de que se persiga al colectivo, pero consideran que tampoco pueden tener privilegios.
Además, la norma es muy semejante a la aprobada un año antes por el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Estas similitudes no son del agrado de Vox, y Monasterio podría tenerlo en cuenta para frenar sus relaciones comunitarias. La imagen de Ana Camins, que todavía sigue siendo diputada en la Asamblea, reencarna la figura de ese PP más progresista que desde Vox rechazan.
El partido de Santiago Abascal no incluye en su programa electoral el asunto LGTBI. De hecho, reconocen “que a ellos les ocupa muy poco de su tiempo” tratar esta cuestión. La formación tampoco está a favor de eventos como el Orgullo. El último episodio que reafirma su posición de rechazo es la sanción a la concejala de Torremolinos, Lucía Cuín, por asistir a esta celebración.
ENFRENTAMIENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
El descontento de Monasterio con la Ley LGTBI y las personas que la hicieron posible se suma al ya conocido enfrentamiento del partido con su socio preferente en Madrid. La cuerda se ha tensado estos días después de que el PP evitara incluir a Vox en las listas de concejales del Ayuntamiento.
Esta aparente “ruptura” del acuerdo que Vox afirma que alcanzaron la noche del viernes al sábado ha repercutido de lleno en relaciones comunitarias. Fuentes populares creen que el partido de Monasterio se equivoca “al pillar estos berrinches fuera de tiempo” y califica su actitud como “infantil”.
De momento, Javier Ortega Smith, líder de Vox en la capital, y el ya alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, siguen manteniendo sus contactos y aseguran que van por buen camino. Todavía no está claro si Vox tendrá acceso a alguna cartera de gobierno, aunque hay otras alternativas que se pueden estar manejando en sus conversaciones.
Públicamente hay una Mesa de negociación, pero la realidad es que hay dos. Una de ellas se mantiene en secreto entre dos diputados de ambas formaciones que tienen una “excelente” relación. En esta mesa no oficial se podría estar hablando de la posibilidad de darle a Vox una presencia destacable en varias empresas públicas del Ayuntamiento, así como en la dirección de varias concejalías de distrito.
LAS DIFERENCIAS PROGRAMÁTICAS
Las discrepancias en sus programas electorales también es algo que tendrán que solucionar para alcanzar un entendimiento. Una marcada posición en temas como la violencia de género o el medioambiente podrían crear problemas en la mesa de negociación.
En lo relacionado con el cambio climático, el PP quiere promover una ley comunitaria para frenar esta situación. Ciudadanos también incluye varias medidas con este fin, como un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos u otro de lucha contra la contaminación por plásticos del medio natural. Por su parte, Vox se aleja un poco de esta filosofía y es bastante escueto en sus propuestas.
También hay algunas discrepancias en materias sociales. Tanto PP como Ciudadanos incluyen medidas relacionadas con la violencia machista. Los populares quieren impulsar programas de protección con perros para las víctimas, mientras que Cs propone un alojamiento para las mujeres que sufren esta lacra. Por su parte Vox no hace referencia a ninguna medida específica sobre este asunto.
Sin embargo, este no parece ser un obstáculo insalvable, ya que, como se ha visto en otros territorios, han conseguido pactar un punto intermedio, en el que todos han quedado satisfechos.
Doce líderes independentistas se han sentado en el banquillo por la responsabilidad de haber desafiado a la Constitución. Este desafío llevó al Gobierno a pedir la autorización al Senado para aplicar el artículo 155. Es el juicio más importante de la etapa democrática. ¿Por qué delitos han sido procesados los acusados en el juicio del procés? ¿Qué pide la fiscalía?
Conocemos a continuación todas las condenas que pidió la fiscalía para los acusados en el juicio del procés.
¿CUÁNDO CONOCEREMOS LA SENTENCIA FINAL?
Aún no hay fecha fijada para conocer el fallo final de la sentencia. Se espera que sea después del verano, pero podría adelantarse a finales de julio. El tribunal intentará llegar a un acuerdo de manera unánime, aunque parece que tardará. Tienen que analizar toda la información recopilada durante este proceso y requerirá muchas horas de reflexión.
Si finalmente los políticos presos son condenados, los abogados de los independentistas tienen la vista puesta en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
ORIOL JUNQUERAS
La Fiscalía pide para el expresidente del Govern en el juicio del procés 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por haber cometido un delito de rebelión como promotor y otro delito de distracción ilegal de caudales públicos.
Por otro lado, la Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación de caudales públicos. Piden una reducción de más de la mitad de la condena para Oriol Junqueras por los delitos que cometió hace ya bastantes meses.
JORDI TURULL
Para Jordi Turull, la Fiscalía ha pedido 16 años de prisión y también 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos. Esta es la condena que piden para el exconseller de Presidència.
En lo que se refiere a la Abogacía del Estado, piden para Turull 11 años y medio de prisión y de inhabilitación absoluta de los cargos públicos por sedición y malversación.
RAÜL ROMEVA
Para el exconseller de Exteriors, Raül Romvera, la Fiscalía ha decidido pedir también 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y por un segundo delito de distracción ilegal de los fondos públicos.
Al igual que con Turull, la Abogacía del Estado pide para Raül Romvera una pena de 11 años y medio de prisión y de otros tantos años de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.
JOSEP RULL
Para Josep Rull, la Fiscalía ha decidido pedir para el exconseller de Territori una pena de 16 años de prisión y también 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de los fondos públicos.
En cuanto a la Abogacía del Estado, piden para Josep Rull la cantidad de 11 años y medio de prisión y de inhabilitación absoluta por, como sus compañeros, sedición y malversación.
DOLORS BASSA
Para la exconsellera de Treball, la Fiscalía ha pedido un total de 16 años de prisión y de 16 años de inhabilitación absoluta por el mismo delito de sus compañeros, rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de los fondos públicos.
La Abogacía del Estado ha pedido finalmente para Dolors Bassa 11 años y medio de prisión y de inhabilitación absoluta por sedición y malversación de fondos.
JOAQUIM FORN
La Fiscalía ha pedido para el exconseller de Exteriors también 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos que el resto; un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos.
En cuanto a la Abogacía del Estado, ha decidido pedir en el juicio del procés para Joaquim Forn 11 años y medio de prisión y alguno más de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.
JORDI SÀNCHEZ
Para el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Fiscalía ha decidido pedir 17 años de cárcel y, a su vez, 17 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como jefe principal del delito.
La Abogacía del Estado pide algunos menos para Jordi Sànchez. Ha querido imponer 8 años de prisión y otros 8 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
JORDI CUIXART
Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, la Fiscalía en el juicio del procés ha pedido 17 años de cárcel más 17 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como jefe principal de ese delito.
La Abogacía del Estado, por otra parte, ha querido reducir la condena de Jordi Cuixart. En total, han pedido 8 años de cárcel y 8 años de inhabilitación absoluta por sedición.
CARME FORCADELL
Para Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, la Fiscalía también ha pedido 17 años de cárcel y la misma cantidad de años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como promotor del delito.
La Abogacía del Estado pide algunos años menos para Carme Forcadell. En total quieren que la expresidenta cumpla 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación por sedición.
MERITXELL BORRÀS
La Fiscaclía pide para la exconsellera de Governació 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
En cuanto a la Abogacía del Estado, han pedido7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
CARLES MUNDÓ
La Fiscalía ha pedido para el exconseller de Justícia 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
La Abogacía del Estado ha pedido para Carles Mundó 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
SANTIAGO VILA
Para Santiago Villa, la Fiscalía ha pedido para el ‘exconseller’ de Empresa 7 años de cárcel. También han pedido 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Además de una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros. Hay que añadir inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
La Abogacía del Estado ha igualado la condena. Ha requerido 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
El próximo miércoles 26 de junio entrará en España la primera ola de calor del verano de 2019. La ola de calor elevará las temperaturas por encima de los 40 grados y se prevé que este episodio de calor persista en nuestro país hasta, al menos, el próximo domingo 30 de junio.
A esto hay que añadir que los vientos africanos que provocarán la ola de calor, dejarán unas temperaturas mínimas de, al menos, 20 grados. Los termómetros estarán toda la semana en alerta. Pero, ¿Superará a las últimas horas de calor en España?
A continuación conocemos las últimas olas de calor que han tenido lugar en España.
2017 FUE EL AÑO CON MÁS OLAS DE CALOR
En el año 2017 se batió el récord de número de olas de calor superando incluso al de 1975, que fue bastante duro para la población española. Dichas olas de calor se produjeron entre el 13 de junio y el 22 de agosto. Estuvieron divididas en cinco episodios diferentes, uno cada 18 días.
Los episodios de calor duraron casi un mes entero del verano, en concreto fueron 25 días en los que el calor era casi insoportable, especialmente en las zonas más cálidas de la península. La AEMET declaró que este verano superó a las olas de calor de 1991 y 2016, teniendo mayor duración y generando temperaturas más altas distribuidas por toda la Península.
Las temperaturas absolutas más altas llegaron durante la segunda ola, el día 13 de julio en todos los puntos de las 14 provincias afectadas con una anomalía de 3.9 grados, valor solo superado en 1987. En Granada/Aeropuerto alcanzaron los 45.7 grados, en Jaén 44.4 y en Córdoba/Aeropuerto se alcanzaron los 46.9 grados
2015 VIVIÓ LA OLA DE CALOR MÁS DURADERA
En 2015 se registró la ola de calor más larga en nuestro país durante los últimos 40 años. Tuvo una duración de casi un mes. Empezó el día 27 de junio y acabó el 22 de julio. Durante este mes, el calor no dio tregua, ni de día ni de noche.
El día más cálido fue el 6 de julio, con una temperatura máxima media de todas las localidades de 37,6°C. De hecho, se superaron los 40°C en prácticamente todo el territorio a excepción del cuadrante noroeste, y los termómetros llegaron a marcar 45,2°C en la estación meteorológica de «Córdoba aeropuerto» y en Montoro, también en dicha provincia.
2012, LA OLA DE CALOR MÁS INTENSA
En el año 2012 tuvo lugar la ola de calor más intensa. No fue demasiado larga, pero sí que preocupó a la población debido a su intensidad. Se dio entre el 8 y el 12 de agosto de 2012. La temperatura máxima en el día más cálido fue de 39,5ºC, aunque con un nivel de humedad muy alto.
Además, la temperatura umbral se superó en casi todas las regiones analizadas, por lo que en general se percibió la ola como especialmente intensa. En estaciones meteorológicas como Sevilla aeropuerto se superaron los 45,9°C, una temperatura casi insoportable.
EL AÑO MÁS CÁLIDO
En el verano de 2003 también se presentaron algunas olas de calor, aunque, en general, fue el año más cálido desde que se tienen registros con 24,9ºC de temperatura a nivel nacional.
Del 30 de julio al 14 de agosto se produjo una pequeña ola de calor. Fueron varios días que en los que el calor azotaba las calles. Aún así, no se registraron temperaturas demasiado elevadas durante todo el 2003.
Es precisamente por eso por lo que, hasta el momento, es el verano más cálido que hemos podido presenciar.
LOS PRONÓSTICOS PARA 2019
En principio, el verano de 2019 se presenta como uno de los más cálidos. La próxima ola de calor será la primera del verano y, según los AEMET, podría ser la última del año. Es cierto que tendremos días calurosos, como se espera en la época de verano, pero no llegarán a temperaturas demasiado extremas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos un verano fresco en general, pero con pequeños picos de calor y alguna que otra leve ola de calor. Aunque no sabremos hasta el final del verano si el año 2019 entra en el ranking de las últimas olas de calor de España.
«Los han echado para colocar a un empresario histriónico y a una tertuliana de Losantos». Con estas palabras resumen algunos pesos pesados del PP catalán el amargor que han sentido por el ingrato final que Pablo Casado les ha dispensado a los Fernández Díaz, relevados por una persona ajena al partido como Josep Bou o por una ‘paracaidista’ como Cayetana Álvarez de Toledo.
Jorge, exministro de Interior, fue elegido presidente provincial en 1983. Alberto, exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, recogió su acta en 1987. Ambos son historia de los populares en Cataluña, ahora en manos de un Alejandro Fernández que está aguardando en un prudente segundo plano al posible adelanto electoral.
Alberto pensó que después de más de tres décadas de servicio podría recibir un premio en forma de acta de eurodiputado. Jorge también sonó. Pero Casado rechazó a ambos para cortar amarras con la vieja guardia. Jorge se reincorporará como inspector de trabajo y Alberto podría fichar por una conocida multinacional dedicada al marketing. Donde hay confianza…
SOLO SE SALVA MADRID
Para Pablo Casado solo se salva Madrid, donde gobernarán sus chicos, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que tanta incomprensión levantaron por una nefasta campaña cuyos efectos nocivos se evaporaron el 26-M.
Peor están las cosas en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo gobierna en mayoría con unas pésimas previsiones: el PP no gobernará ninguna de las siete principales ciudades y la falta de implantación de Ciudadanos y Vox puede ser a la larga nociva.
En Asturias tampoco tiran cohetes en plena bicefalia: Teresa Mallada, imputada por el ‘Caso Hulla’, reporta a Génova 13 mientras que Mercedes Fernández, «Cherines», es consciente de que se precipitó pidiendo la cabeza de Casado tras la debacle de las generales. Solo se salva Oviedo, donde el alcalde se ha estrenado haciendo el ridículo…
Cantabria tampoco es un territorio apacible: María José Sáenz de Buruaga ha logrado unos números discretos tras ser candidata por la renuncia de Ruth Beitia. La baronesa fue acusada de utilizar a una persona con minusvalía para ganar las primarias y ahora tiene que aguantar la sombra del expresidente Ignacio Diego y de Gema Igual, reelegida como alcaldesa de Santander.
MÁS PROBLEMAS PARA EL PP
El PP también sufre problemas en Euskadi, donde las pretensiones de Alfonso Alonso respecto a Casado chocan con sus perspectivas y resultados. Peores ánimos hay en La Rioja, donde la derrota en comunidad y capital ha provocado que José Ignacio Ceniceros se ponga en puestos de salida mientras Cuca Gamarra espera órdenes de Génova 13 para intervenir.
En Navarra tampoco hay fiesta y algunos históricos miraron con desagrado que Casado se llevase al Congreso a Ana Beltrán para agradar a Javier Esparza, líder de UPN que no traga las formas de la baronesa popular.
El PP en Aragón pone en duda el liderazgo de Luis María Beamonte, salpicado por una carrera en la Universidad Rey Juan Carlos I; en Baleares ocurre lo propio con Biel Company y en la Comunidad Valenciana también pasa con Isabel Bonig.
Tampoco corren buenos tiempos para los populares castellano-manchegos tras la derrota de Francisco Núñez y el pacto PSOE-Ciudadanos que los ha dejado fuera de los principales ayuntamientos. Ni para los canarios, donde Asier Antona ha intentado articular sin suerte un Gobierno pese a ser tercera fuerza.
LIDERAZGOS CONSOLIDADOS
El poder consolida a los barones: Juanma Moreno salva su distancia con Casado gracias a la histórica conquista de la Junta de Andalucía; Alfonso Fernández Mañueco aplaca a los críticos por su presunto pucherazo en las primarias gracias a pactar Gobierno; y Fernando López Miras achica espacios a los rivales internos tras saber que gobernará la Región de Murcia.
Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida celebrando los resultados electorales del 26-M. Foto: Flickr.
Sí que habrá relevo en Melilla, ciudad autónoma en la que Juan José Imbroda perdió el poder antes de mostrar una actitud violenta. Elevado ego tenía el presidente a pesar de que se evidenció de que su hijo compraba votos al peso. También podría haber cambio en Extremadura, donde José Antonio Monago no ha podido evitar la mayoría de Fernández Vara.
TRABAJO DE TEO
Teodoro García Egea tiene un trabajo hercúleo por delante: dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas supondrán un problema para Pablo Casado, que solo se siente seguro en la Comunidad de Madrid.
El presidente del PP es consciente de que Feijóo labra su perfil propio y que al menos sobreviven cinco baronías ‘sorayistas’: Juanma Moreno en Andalucía; Alfonso Alonso en Euskadi; Isabel Bonig en la Comunidad Valenciana; ‘Cherines’ en Asturias; y Sáenz de Buruaga en Cantabria. Y la situación en La Rioja, Aragón, Baleares o Cataluña puede convertirse en insostenible.
Pablo Casado deberá salvar todos estos escollos mientras intenta desgastar a Pedro Sánchez y hacer malabares para que no le haga sombra Albert Rivera, que no sufre las citadas tensiones territoriales porque Ciudadanos funciona de forma centralizada desde Madrid. Más tranquilidad. Y menos democracia…
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha manifestado este jueves partidario de un acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos, postura totalmente contraria a la que mantuvo en el año 2016, tras las elecciones generales de 2015, cuando ambas formaciones políticas, con 90 y 40 escaños, respectivamente, llegaron a un acuerdo de Gobierno. En esas fechas, Rajoy calificaba ese pacto de «un acuerdo de muy limitada relevancia» o «gran paso histórico».
En el Foro Premium del Atlántico celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Mariano Rajoy ha afirmado que España necesita “un gobierno estable”, un ejecutivo de “176 diputados”, una cifra que superarían PSOE y Ciudadanos si llegasen a un pacto, una opción que gusta al expresidente del Gobierno. Rajoy señaló en su intervención que una de las vías para lograr la investidura es mediante “un acuerdo con Ciudadanos, acuerdo que si además lleva aparejado un pacto en torno a un programa de gobierno permitiría a ese ejecutivo contar con una sólida mayoría”.
“Una cosa es superar la sesión de investidura y otra muy distinta el poder gobernar. Se puede gobernar con un acuerdo con Ciudadanos, porque eso supone que hay una mayoría, más de 176 escaños en la Cámara. Ya es mucho más difícil conseguir 176 escaños con otras fuerzas políticas”, explicaba Rajoy.
EL «GRAN PASO HISTÓRICO» DE PSOE Y CIUDADANOS EN 2016
Mientras que tras las elecciones generales del pasado 28-A, Mariano Rajoy apuesta por un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, en 2016, criticaba tal pacto. Si bien es cierto que a pesar de ese acuerdo entre ambas formaciones políticas se precisaban de más apoyos, al solo lograr 130 escaños, el expresidente del Gobierno criticó ese pacto durante la segunda jornada del debate de investidura del dirigente socialista, Pedro Sánchez. “Toda esta representación ha venido precedida de otra no menos teatral y altisonante. Me refiero a la solemnísima firma de un acuerdo de muy limitada relevancia, pero que se ha presentado sin el menor sentido del ridículo, como una escenografía que nos hacía pensar que estábamos ante una página histórica de dimensiones solo comparables al pacto de los Toros de Guisando”, explicó Rajoy.
“Este gran paso histórico, que sin duda los niños estudiarán en las escuelas con el Compromiso de Caspe y los pactos de La Moncloa, nos ha hecho revivir aquellos felices días de la conjunción interplanetaria que nos anunció una entusiasta señora ministra a cuenta de que en el planeta Tierra iban a coincidir la presidencia americana del señor Obama con la presidencia de turno de la Unión Europea del señor Zapatero”, añadió el expresidente del Gobierno durante su intervención en la Cámara Baja.
Esta crítica de Rajoy en el Congreso de los Diputados no fue la única. Previamente, en una entrevista para Antena 3 señalaba lo siguiente sobre el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos: “Algunos lo califican de pacto de salón, un pacto publicitario, yo no voy a entrar en esas cosas. Yo simplemente digo que ni es de investidura ni es de gobierno y que me sorprende un poco el gran entusiasmo de Ciudadanos por apuntalar al PSOE”.
También por aquellas fechas, en un evento celebrado por La Razón, Rajoy se refería al acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos como “cocinado a sus espaldas” y contrario a sus políticas: “El Partido Popular, que es el primer partido de España, no está para firmar contratos de adhesión a pactos que han cocinado a sus espaldas y contra sus logros políticos. Tampoco está para hacer de actor secundarioen un sainete que tiene como único horizonte una nueva campaña electoral”.
NO A LOS INDEPENDENTISTAS
Mientras que la opinión sobre un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ha variado en estos últimos tres años, aunque se dé en distintas circunstancias, la conformación de una investidura y de un gobierno con el apoyo de independentistas sigue siendo una línea roja para Mariano Rajoy.
Además de la opción de un gobierno entre PSOE y Ciudadanos, el expresidente del Gobierno quiso señalar este jueves otra de las alternativas: “También es posible un acuerdo que repita, eso que era conocido como la mayoría Frankestein, que permitió al PSOE acceder al Gobierno”. Además de diferenciar “acceder” de “gobernar”, Rajoy recalcó las dificultades con las que se encontró Sánchez: “No era, ciertamente, fácil gobernar y por eso hubo que adelantar las elecciones generales, no fue posible tampoco aprobar un presupuesto”.
A principios del mes de enero, tras las elecciones del mes de diciembre de 2015, Rajoy señalaba, además de un posible acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos que diese “un mensaje de tranquilidad, estabilidad, de seguridad y certidumbre”, que contar con el apoyo de otras formaciones no era lo adecuado para el país. “Estaríamos ante una coalición de ocho o nueve partidos, algunos de planteamientos claramente independentistas, otros partidarios del derecho de autodeterminación y, desde luego, no me parece que eso sea lo más conveniente para España”, explicaba el expresidente de España ante los medios de comunicación.
Ada Colau reconoció su derrota en la noche del 26-M por menos de 5.000 votos respecto a la lista de Ernest Maragall, que se pasó con su emblemático apellido hacia el independentismo de ERC. Pero la ‘alcaldesa del cambio’ recapacitó horas después y escuchó los cantos de sirena del PSC y de Manuel Valls, que le invitaban a seguir en el cargo sin contrapartidas.
Las bases de Barcelona en Comú, en un referéndum maniqueo, avalaron los deseos de Colau, que ahora purga su cargo de conciencia con lágrimas por sufrir insultos, hace unos años alababa los escraches, y con la promesa de que dejará la política en 2023.
En RAC-1 Colau admitió que no era demasiado ético mantenerse en el trono gracias al que, según los ‘comuns’, era «el candidato de las élites»: «Yo he venido a gobernar, aunque tenga que asumir contradicciones. El apoyo de Valls no era el escenario que queríamos y no me gusta. Prácticamente seguro este será mi último mandato«.
La estrella de los ‘comunes’ tiró de victimismo tras recibir algunos insultos en la jornada de investidura: «Hemos tenido que oír de todo. Nos han llamado putas, zorras». Y achacó su cambio de criterio a que ERC y el PSC no quisieron pactar, como si fuese obligatorio que lo hiciesen.
LAS EXCUSAS DE COLAU
Ada Colau, que ha perdido entre algunos sectores su prestigio como exactivista, se está empeñando en mostrar que ella no se aferra al cargo, cuando ha demostrado todo lo contrario: «Si me he planteado irme, pues claro que sí, tengo niños pequeños».
«No vengo a alargarme en la política, pero nuestras políticas necesitan cuatro años más para consolidarse y para hacer eso, lo mejor es hacerlo desde la alcaldía», explicó. Medios afines como Público ya le están dando la espalda.
«Colau ha estafado a la mayor parte de sus votantes y debe haber dejado estupefacta a otra buena parte. Ha decepcionado a los independentistas, cuando fue aceptada de buen grado como alcaldesa en 2015. Ahora se estará mofando de ella la derecha más rancia ante el éxito de su operación, al ver lo fácil que es hacer negocios con algunos parvenus ambiciosos», escribe Ricardo Romero de Tejada.
Que añade: «Los franquistas pactaron la Transición con los dirigentes del PSOE para impedir una ruptura democrática. Los neofranquistas pactan con Colau para impedir un alcalde independentista en Barcelona. Masajes al ego y reparto de poltronas, es infalible. Se vende la moto a las bases y listo. Después, ya amortizada, la enviarán al basurero de la historia».
ESCRACHES PASADOS….
Carlos Herrera en COPE le aplicó a Colau un ‘jarabe de memoria’: «¿Y no te acuerdas cuando a Inés Arrimadas, a Dolors Montserrat o Cayetana Álvarez de Toledo le han dicho eso multiplicado por 20? Porque tu solidaridad con ellas no ha existido».
El locutor prosiguió: «¿Y no te acuerdas con todos los escraches que ella ha montado y a todos los que ha llamado criminales, por ejemplo? A profesionales de la banca les llamó criminales. Lo que le duele a Colau es que se lo hagan a ella. Y lo primero que hace es poner un lazo amarillo en el balcón del ayuntamiento. Pues ya ves que ni siquiera poniendo un lazo amarillo te perdonan las cosas, porque estos son así».
La alcaldesa de Bacelona, Ada Colau. Foto: Twitter
Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Valencia, tampoco tuvo compasión de sus lamentos: «Los de Colau se han dedicado también a ‘escrachear’ o a insultar a mucha gente durante mucho tiempo. Así que menos lágrimas de cocodrilo y a otro con ese cuento».
NUEVE MESES Y UN PULSO PERDIDO
Nueve meses ha durado el idilio entre Manuel Valls y Ciudadanos. El exprimer ministro francés apenas mejoró los números naranjas en Barcelona, de cinco a seis concejales, y emprendió desde la noche del 26-M una batalla bélica contra Rivera, al que le acusaba de pactar con Vox.
Inés Arrimadas anunciaba ruptura y decía que no iba a recibir «lecciones de constitucionalismo de nadie, porque nosotros nos hemos partido la cara en Cataluña, hemos sufrido amenazas de muerte. Ellos saben que tener a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona es tan mala idea como tener a Ernest Maragall«.
Valls, que niega que fichará por el Gobierno del PSOE y que afirma que no pondrá en pie un nuevo partido catalanista a nivel autonómico, explica que no entró en política «ni traje mi compromiso a España como hombre de izquierda y progresista para acabar participando en la lucha de las derechas o impidiendo la formación de un gobierno constitucionalista.
Él y sus dos compañeros en la coalición Barcelona pel Canvi apoyaron a Colau mientras los tres concejales de la órbita de Ciudadanos rechazaban el envite. Pero la negociación entre Celestino Corbacho y Rivera ha dejado a Valls sin uno de sus tres ases y, por lo tanto, sin posibilidad de tener la llave durante toda la legislatura.
A nadie se le escapa que el exministro de Trabajo ha logrado su propósito: un puesto en la Diputación de Barcelona, cuya mayoría podría estar en sus manos para desgracia de la socialista Núria Marín, su sucesora al frente del Ayuntamiento del L’Hospitalet.
La baronesa del PSC podría sufrir el veto de Corbacho, dispuesto a conseguir, si se acepta su posible veto a Marín, que ERC no logre el control de este organismo supramunicipal que cuenta con un presupuesto anual que ronda los 1.000 millones de euros.
Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, hizo entrega del Informe Anual de 2018 a Meritxell Batet, presidenta del Congreso. Un documento que recogió 17.697 expedientes; de entre ellos, 16.998 fueron dedicadas a quejas, 372 estuvieron dirigidas a investigaciones de oficio y 327 a solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
Con todo, el Defensor del Pueblo estimó oportunas formular a las Administraciones Públicas 1.552 resoluciones, entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias.
En el informe existe un apartado que recoge todas las sugerencias y quejas que no fueron contestadas por las diferentes administraciones, ya fuesen estas generales, autonómicas o locales. Algo así como una especie de buzón de los desamparados que, ni por mano de un intermediario, logra captar la atención de los órganos competentes.
EN ARAGÓN EL AMIANTO TAMBIÉN ESTORBA
Víctimas del Amianto en Aragón. Foto: Plataforma 4A
El amianto no le sienta bien a nadie. Es un mineral que se manifiesta en forma de fibras y que posee una magnífica resistencia a la combustión, uno de los motivos por los que era empleado asiduamente en la construcción. La pega es su descomposición, ya que fragmentado es susceptible de engendrar cáncer en quien lo respira. De ahí que, desde 2001, esté prohibido entre nuestras fronteras.
En los albores de los comicios autonómicos, europeos y municipales del 26M los maquinistas del Metro de Madrid y de Barcelona, convocaron cuatro días de huelga para protestar contra la pasividad de los ayuntamientos a la hora de eliminar los elementos estructurales que lo contuviesen.
Una queja similar recibió, en mayo de 2017, el Defensor del Pueblo desde Aragón. De hecho, fue el propio Defensor el que entró de oficio para reclamarle al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad la eliminación de la presencia de amianto en elementos constructivos de las instalaciones de centros docentes. No se recibió ninguna respuesta ni en la segunda ni en la tercera reclamación acometida en 2018, por lo que se acabó desistiendo.
A día de hoy el problema sigue subsistiendo. Al menos así lo declara la creación, en enero de este año, de la Asociación de Afectados por el Amianto (A4), fundada con la intención de ofrecer apoyo social y psicológico a las víctimas del mineral cancerígeno.
EN PRIEGO (CUENCA) LA MOVILIDAD REDUCIDA NO IMPORTA
El 17 de julio de 2017 el Defensor del Pueblo solicitó información al Ayuntamiento dePriego, de Cuenca, sobre una queja formulada por Ángel Romero, un vecino de la localidad que solicitaba el acondicionamiento de una plaza de aparcamiento para minusválidos en el centro del pueblo. Se hizo un tercer y último requerimiento sin éxito en enero de 2018, por lo que se desistió.
Llegado mayo del pasado curso, Azucena Redruello, alcaldesa de esta localidad conquense, achuchada por la Junta de Comunidades y por la oposición del PSOE, atendió la demanda y arregló tres plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
EL VISO DE SAN JUAN, PROBLEMA CONSTANTE CON LOS OKUPAS
Parroquia de El Viso de San Juan, Toledo. Foto: Google Maps
El 18 de octubre de 2016 el Defensor del Pueblo solicitó información al Ayuntamiento de El Viso de San Juan (pueblo de Toledo) para que tomase cartas en un asunto de okupación ilegal. El tercer requerimiento se hizo pasados los dos años, el 14 de marzo de 2018, tampoco sin respuesta alguna.
Casualidad o no, en marzo del presente curso la Policía desalojó un chalé okupa en el pueblo que, además, ayudó a desarticular una banda dedicada a la sustracción de automóviles y su posterior desguace. Esta maniobra se enmarca en la «Operación Fusao», dirigida a desmantelar casos de esta índole en Toledo y Madrid.
CONIL, UN PARAÍSO EN EL QUE SALE CARO DORMIR
Playa de Conil. Foto: FB del Ayntamiento
Conil, pueblo costero de la provincia de Cádiz, se llena cada verano de miles de jóvenes y foráneos en busca de fiesta. A veces, esto suele resultar molesto para los asiduos y habitantes, que acusan el ruido procedente de la multitud de discotecas, restaurantes y bares existentes.
El Defensor del Pueblo recogió una queja relativa a esto el 18 de octubre de hace dos años que tuvo que repetir el 3 de julio del siguiente curso. De hecho, el alcalde, Cristóbal Olmedo, acusó en agosto de 2017 no poder atajar el problema porque no estaba en su mano ampliar la plantilla de policías, especialmente en los meses de verano.
LA CULTURA NO SIEMPRE RESPONDE
La Biblioteca Nacional de España. Foto: BNE
Según el artículo 105 de la Constitución Española, la ley regulará “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
Lo mismo debió pensar el ciudadano que presentó su solicitud al Defensor del Pueblo en junio de 2017 y que aún no ha recibido respuesta alguna. La sugerencia, remitida a posteriori a la Secretaría de Estado de Cultura, se quedó en agua de borrajas tras su tercera reclamación en febrero de 2018 y caducó en julio del 2018 al disolverse las Cortes y, por tanto, reestructurarse el departamento ministerial. A pesar de ello, el equipo de Sánchez Marugán volvió a insistir sin éxito mediante llamada telefónica.
