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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general del sindicato en Cataluña, Camil Ros, se reunirán este lunes con el expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica) para abordar la reducción de la jornada laboral.

El sindicato ha explicado que en la reunión, que se celebrará a las 11.00 horas, también se abordará la situación política y económica actual, entre otras cuestiones de actualidad.

Álvarez ya había abierto la puerta en reiteradas ocasiones a reunirse con Puigdemont en Bélgica para abordar el apoyo de Junts a la reducción de la jornada laboral en el Congreso.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró la semana pasada que en los próximos días se alcanzarán un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, después de que la CEOE haya descartado ya sumarse al acuerdo.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido en los últimos días su cita con el expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, y ha recordado que la patronal catalana Fomento del Trabajo también se reunió con él «y nadie se rasgó las vestiduras».

«Me parece un poco curioso que nos rasguemos las vestiduras porque vaya la UGT a ver al señor Puigdemont y nadie se haya rasgado las vestiduras porque Fomento del Trabajo, en plena campaña de elecciones en Cataluña, haya ido a hablar con el señor Puigdemont. Fomento del Trabajo, que es lo mismo que la CEOE», afirmó recientemente en unas declaraciones a Antena 3.

Álvarez indicó que sólo lleva un encargo de su organización a su reunión con Puigdemont: conseguir la jornada laboral de 37 horas y media. «Todo lo demás que se diga de que voy a ver al señor Puigdemont para allanar el camino, yo no voy a allanar ningún camino. Al presidente del Gobierno ni siquiera le ha comunicado que iba a ver al señor Puigdemont, porque nosotros somos una organización independiente», aseguró.

El líder de UGT señaló que su obligación es la de defender los intereses de los trabajadores. «Y yo lo que no voy a dejar es que los poderes económicos del país puedan libremente por la mañana ir a ver al señor Puigdemont y por la tarde cagarse en Junts. Yo soy una persona seria y nosotros queremos establecer relaciones serias con Junts, que es un partido plenamente democrático y es un partido con el que vamos a tener relaciones que son necesarias para defender los intereses de las personas que nosotros representamos«, subrayó

Álvarez insistió en que acudirá a su reunión con Puigdemont a hablar exclusivamente de las cuestiones que preocupan al sindicato, como conseguir la rebaja de la jornada laboral, y no descarta que en la conversación pueda salir el tema de los Presupuestos Generales del Estado, pues es también algo que preocupa a la UGT.

«Sería un cínico si no dijera que la aprobación de los Presupuestos para la mayoría de los ciudadanos de este país que nosotros representamos tiene un gran valor y tiene una gran importancia. Por tanto, si quiere hablar de Presupuestos el señor Puigdemont, por supuesto que lo haremos», apuntó.

Para Álvarez, resulta una «anormalidad» que esta reunión tenga que celebrarse en Waterloo porque, a su juicio, lo normal sería que Puigdemont estuviera en España y «que se hubiera aplicado la Ley de amnistía».

Así, para Álvarez, entra dentro de la normalidad que un grupo parlamentario como Junts «mantenga relaciones razonables» con una organización sindical como UGT.

«Nosotros nos habíamos propuesto tener este contacto para restablecer o poner en marcha relaciones con Junts que nos permitan solventar, acordar, debatir temas importantes para el sindicato. Que sea en Waterloo, efectivamente no es muy normal, pero nosotros no somos los que decidimos cómo se aplican las leyes en nuestro país o cuál es la situación de cada uno», afirmó.

El líder de UGT recordó que se necesita una mayoría para poder tramitar en el Congreso la rebaja de la jornada laboral «o lo que es lo mismo, para poder conseguir que la CEOE vuelva a la mesa de negociación».

«Nosotros queremos un acuerdo en materia de jornada laboral, y cuando digo nosotros no solo digo la UGT, también CCOO, porque nos parece que un acuerdo que nos lleve a las 37 horas y media, aunque sea con algunas condiciones de la patronal, es un acuerdo altamente positivo para nuestro país», señaló.

En este sentido, Álvarez apuntó que el PNV ha trasladado a ambos sindicatos que les gustaría un acuerdo con la CEOE y, si Junts dice lo mismo, habrá «muchas más posibilidades de que la patronal se pueda sumar» a un acuerdo para recortar la jornada laboral.

La esposa de Pedro Sánchez declarará por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias esta semana. La investigación judicial se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, tiene previsto interrogar esta semana a tres personas clave en el caso:

• Begoña Gómez: investigada principal
• Cristina Álvarez: asesora de Moncloa, citada como testigo
• Juan José Güemes: directivo del IE, investigado

Las comparecencias se realizarán en dos jornadas diferentes, siendo la más relevante la del miércoles, cuando declarará Begoña Gómez. Se espera un importante dispositivo de seguridad para su llegada a la sede judicial.

Esta será la tercera comparecencia de Begoña Gómez ante el juez. En las dos ocasiones anteriores, celebradas el 5 y 19 de julio, se acogió a su derecho a no declarar alegando falta de garantías procesales y notificación inadecuada de la querella.

La investigación se ha ampliado recientemente para incluir:

• Presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid
• Supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos técnicos
• Gestiones relacionadas con el patrocinio de la Cátedra de Transformación Social Competitiva

El papel del IE y las comunicaciones bajo investigación

Un elemento crucial en la investigación es la contratación de Gómez como directora del África Center del IE. Juan José Güemes, quien debe comparecer nuevamente como investigado, afirmó haber dado la orden de contratación durante su anterior declaración como testigo.

Los investigadores analizan también una serie de correos electrónicos que vinculan a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, con diversas gestiones relacionadas con:

• El registro de dominios web para el máster
• Contratos de cesión de derechos con la UCM
• Comunicaciones con aseguradoras sobre patrocinios

La Audiencia Nacional avanza en la investigación sobre las presuntas investigaciones policiales ilegales realizadas a diferentes cargos de Podemos. El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha programado una serie de declaraciones testificales cruciales para esclarecer los hechos.

Entre los citados destaca el comisario Mariano Hervás, antiguo número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) durante la ‘Operación Kitchen’, junto con Bonifacio Díez Sevillano, ex policía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), y el comisario José Manuel García Catalán.

Los testimonios clave y las acusaciones

Una de las declaraciones más esperadas será la de Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, programada para principios de 2025. También destaca la citación de Carlos Alberto Arias, ciudadano venezolano que deberá explicar un controvertido justificante sobre una supuesta transferencia del régimen chavista a Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos.

La formación política ha presentado una querella por múltiples delitos, incluyendo:

• Organización criminal
• Apoderamiento y revelación de secretos
• Prevaricación administrativa
• Falsedad documental

El alcance del presunto espionaje ilegal

Las investigaciones se centran en ocho actuaciones específicas que habrían sido realizadas bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Según la querella, estas operaciones se realizaban sin control judicial y al margen de cualquier interés policial legítimo.

Entre las actuaciones más controvertidas destacan:

• La elaboración del informe PISA contra Pablo Iglesias
• La filtración de documentos sobre una supuesta cuenta en el Euro Pacific Bank Limited
• La manipulación de registros policiales internos

Los querellantes sostienen que existía una estructura organizada que realizaba estas investigaciones prospectivas con el objetivo de desprestigiar a la formación política ante la opinión pública. El modus operandi incluía la filtración sistemática a medios de comunicación, aprovechando la credibilidad de las «fuentes policiales.

Estas actuaciones habrían contado con la supervisión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien habría recibido informes periódicos sobre las operaciones. Todo ello constituiría un presunto ataque coordinado contra la integridad de los diputados y cargos públicos de la formación política.

Los cinco magistrados que integran la minoría conservadora del Tribunal Constitucional (TC) han emitido un voto particular donde se desmarcan de la sentencia aprobada por los siete magistrados de la mayoría progresista que avala el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor, al considerar que se trata de «un cambio de paradigma injustificado hacia el ecocentrismo».

En el voto particular, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías explican que la sentencia «equipara a un sistema natural con las personas –e incluso con potencialidad para plantear conflicto a las personas–«, lo que supone un «cambio de paradigma» que, a su juicio, «no tiene encaje en nuestra Constitución», la cual «atribuye los derechos exclusivamente a las personas».

Los magistrados indican que, hasta ahora, la doctrina constitucional entendía que «el deber de protección del medio ambiente enlaza con las condiciones que hacen posible el ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, lo que, inevitablemente, lo sitúa como herramienta al servicio de la persona y de la humanidad, en un plano antropocéntrico».

Desde esta óptica, exponen, «la protección del medio ambiente no es un fin en sí mismo, sino en la medida en que sirve al desarrollo de la vida humana; una vida humana que, como especie, está naturalmente orientada a su supervivencia, a través de las generaciones futuras, en un entorno natural que así se lo permita».

En este punto, hacen hincapié en que la doctrina constitucional «ya recogía la adecuada compatibilidad entre la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente, también en beneficio de las generaciones futuras».

Para los firmantes, esta concepción antropocéntrica «es perfectamente compatible» con la consideración del medio ambiente «como bien digno de protección, mejora y restauración, y no requiere –ni acepta– cambio alguno de paradigma».

«Se debe superar un sentido aparentemente peyorativo atribuido al concepto antropocéntrico del medio ambiente, que pareciera pretender la explotación sin límites de los recursos naturales, y no su uso, disfrute y protección para la mejora de la calidad de vida humana, que es la doctrina del TC», dicen.

Así, defienden que «reconocer que el ser humano vive en un determinado entorno natural, que hace posible la propia vida humana, implica, sin duda, un imperativo moral y jurídico de protección de la naturaleza como medio para nuestra propia supervivencia como especie, pero que no puede ni debe situar al ser humano en el mismo plano axiológico que su entorno».

Y recuerdan que «así se ha hecho con la Ley 7/2023, de 8 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales; norma que, a pesar de su título, no concede a los animales la condición de personas ni les otorga personalidad jurídica propia, sino que los considera como seres sintientes que merecen respeto y protección».

«En definitiva, y en pocas palabras: para otorgar la debida protección al medio ambiente no es imprescindible dotarle del mismo estatus jurídico que a una persona», resumen.

Además, alertan de que este «cambio de paradigma» puede generar «consecuencias desconocidas» porque, «lejos de poder ser apreciada como una lectura progresiva del texto constitucional, pudiera derivar en una regresión significativa para los derechos, libertades y, en definitiva, para la calidad de vida de los seres humanos».

Añaden que esta sentencia llega en el «momento más inidóneo», «tras los recientes acontecimientos sucedidos en este país», en alusión a la DANA del pasado octubre en Valencia.

«La mera insinuación de que algunos entornos naturales pueden oponer sus derechos frente a las personas, que ello justifica que no se alteren los cauces de barrancos o arroyos en zonas ya habitadas o la proliferación de cañaverales, evitando así la adopción de medidas correctoras que pudieran evitar catástrofes naturales, no puede ser valorada desde la perspectiva de una mera cuestión de oportunidad, sino del verdadero calibrado de las consecuencias», afirman.

Y «lo que en ningún caso cabe ponderar ni debe influir en el juicio de este tribunal, y menos aún hacer suyos, son planteamientos (…) como el aparente acuerdo de partidos políticos en aceptar iniciativas de mero esnobismo jurídico no meditadas ni en su corrección jurídica y constitucional ni, menos aún, en sus consecuencias que, además de eventualmente trágicas, pueden implicar, en realidad, una regresión en la protección del medio ambiente», apostillan.

Los diputados de Vox llevaron la Ley 19/2022 ante el Constitucional al considerar que varios de sus artículos podían vulnerar las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente, así como el principio de seguridad jurídica.

En la sentencia, el TC recuerda que la Carta Magna impone a los poderes públicos la obligación de velar por el medio ambiente e incide en que «esa conexión del cuidado del medio natural con la garantía de la calidad de vida es un elemento esencial de toda valoración constitucional».

Además, el TC cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que señala que «el bienestar de las personas depende del bienestar de los ecosistemas que sostienen la vida».

En este sentido, la mayoría del Pleno defiende que el artículo 45 de la Constitución ofrece «un marco de referencia lo suficientemente abierto como para que el legislador desarrolle las previsiones de protección del medio ambiente desde perspectivas y enfoques muy diversos que deben, en cualquier caso, tener presente y respetar: la estrecha conexión existente entre la protección de los ecosistemas, el medio natural, la vida no humana y la vida humana y el pleno desarrollo de esta última».

En su resolución, la corte de garantías incide en que la ley que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor «es la primera norma euromediterránea que se inscribe dentro del modelo que atribuye personalidad jurídica a los entes naturales, asumiendo el legislador (…) un traslado de paradigma de protección desde el antropocentrismo más tradicional, a un ecocentrismo moderado».

Al hilo, el TC subraya que, «a pesar de la existencia de una serie de obligaciones internacionales de protección de la laguna, ni la catalogación como humedal de protección preferencial, ni las obligaciones de preservación del medio marino derivadas de la Convención de Montego Bay, conocida como ‘Constitución del Mar’, han impedido que durante 40 años este ecosistema se haya visto progresivamente deteriorado por la intervención humana».

Sobre una posible vulneración de competencias, los magistrados recuerdan que el propio TC ya ha reconocido que el Estado puede dar cobertura a leyes que tienen por objeto un ámbito físico delimitado dentro del territorio nacional y pone de ejemplo las leyes de declaración de parques nacionales.

Con todo, el Constitucional incide en que no encuentra «razones suficientes para considerar que la norma impugnada deba ser declarada inconstitucional, sin que desde luego sea tarea de este tribunal enjuiciar el mayor o menor acierto del legislador».

El tribunal concluye que «con el reconocimiento de la personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca no cabe ver un propósito de relativizar la dignidad de la persona».