Florencia Bura (37), neuróloga: «El primer síntoma del párkinson no es el temblor, es esta señal 10 años antes»

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El párkinson es una de esas palabras que evocan una imagen muy concreta en nuestra mente: el temblor incontrolable en las manos. Sin embargo, la neuróloga Florencia Bura nos obliga a desmontar este mito, y es que según sus palabras, la primera señal de esta enfermedad neurodegenerativa aparece mucho antes, cuando el verdadero síntoma inicial del párkinson no es el temblor, sino una alteración sensorial que solemos pasar por alto. ¿Y si nuestro cuerpo nos estuviera avisando con años de antelación?

La afirmación de Bura resulta tan reveladora como inquietante y nos sitúa frente a un nuevo paradigma en la detección del párkinson. Imagina poder identificar una señal de alarma una década antes de que aparezcan los problemas de movilidad. Pues bien, esa pista existe y no tiene nada que ver con el movimiento, sino con algo tan cotidiano como el olfato, porque la pérdida de la capacidad para oler es uno de los indicadores más precoces y fiables, una ventana a los cambios que se gestan en el cerebro.

UN SENTIDO QUE SE APAGA EN SILENCIO

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¿Quién no ha perdido el olfato alguna vez durante un resfriado? Es algo común, casi una anécdota. Lo preocupante es cuando esa pérdida se instala de forma permanente sin una causa aparente, y muchas personas no le dan importancia hasta que es demasiado tarde, ignorando una de las primeras manifestaciones de este trastorno neurodegenerativo. Es un síntoma silencioso, que no duele ni incapacita de inmediato, pero que esconde una realidad neurológica mucho más profunda y compleja.

La explicación científica es fascinante y nos lleva a los orígenes de la enfermedad de Parkinson. Las proteínas anómalas que causan el daño neuronal, conocidas como alfa-sinucleína, no empiezan a acumularse en las áreas del cerebro que controlan el movimiento. Mucho antes, lo hacen en zonas como el bulbo olfatorio, y por eso esta estructura cerebral es una de las primeras en verse afectadas en la dolencia neurológica, provocando esa desconexión con los olores del mundo que nos rodea.

MÁS ALLÁ DEL TEMBLOR: EL MAPA OCULTO DE LOS SÍNTOMAS

Creer que el párkinson es solo un temblor es como pensar que un iceberg es solo la punta que vemos sobre el agua. La realidad es que existe todo un universo de síntomas no motores que emergen años, incluso décadas, antes de que el movimiento se vea comprometido. Hablamos de problemas que afectan a la calidad de vida de una forma sutil pero constante, dibujando un mapa de pistas que, hasta hace poco, no sabíamos interpretar correctamente.

Estos signos precoces van desde el estreñimiento crónico hasta trastornos del sueño muy específicos, como el trastorno de conducta del sueño REM, donde la persona «actúa» sus sueños de forma muy vívida. También son comunes la ansiedad o la depresión. Puede que por separado no parezcan alarmantes, pero la combinación de varios de estos síntomas no motores enciende las alarmas de los neurólogos, que saben que podrían estar ante las primeras fases del desarrollo del párkinson, mucho antes del diagnóstico formal.

¿POR QUÉ LLEGA TAN TARDE EL DIAGNÓSTICO?

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Si una persona sufre de estreñimiento y ha perdido algo de olfato, lo más probable es que acuda a un digestivo o a un otorrino, no a un neurólogo. Nadie piensa en el párkinson. Este es el principal motivo del retraso en el diagnóstico, ya que la sociedad y muchos profesionales sanitarios no están entrenados para conectar estas señales dispersas, atribuyéndolas a la edad, al estrés o a otras dolencias menores que nada tienen que ver con el cerebro.

Aquí es donde la divulgación juega un papel fundamental para cambiar las reglas del juego. Conocer que la pérdida de olfato o un trastorno del sueño pueden ser el prólogo de una enfermedad como el párkinson es una herramienta muy poderosa. Es crucial concienciar a la población, porque un diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos que mejoran la calidad de vida, ralentizando la progresión de los síntomas motores y ofreciendo al paciente un mayor control sobre su futuro.

LA CIENCIA BUSCA RESPUESTAS EN EL TIEMPO

La buena noticia es que la comunidad científica está volcada en descifrar este puzle. La investigación actual no solo se centra en tratar los síntomas visibles de la enfermedad, sino en encontrar biomarcadores que permitan detectar la dolencia neurológica en sus etapas más incipientes, incluso antes de que aparezca ningún síntoma. Se buscan pistas en la sangre, en la piel o incluso en el líquido cefalorraquídeo.

El objetivo final es poder actuar antes de que el daño neuronal sea extenso. Si se pudiera identificar a las personas en riesgo de desarrollar párkinson diez o quince años antes, se abriría la puerta a terapias neuroprotectoras que hoy parecen ciencia ficción. La ciencia avanza sin descanso, porque el futuro del tratamiento de esta condición pasa por la medicina preventiva y personalizada, adelantándose a la enfermedad en lugar de reaccionar ante ella cuando ya ha mostrado su cara más conocida.

LA VIDA CON PÁRKINSON: UNA NUEVA PERSPECTIVA

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Hoy en día, existen terapias farmacológicas, fisioterapia, logopedia y, sobre todo, una comunidad de pacientes y asociaciones que ofrecen un apoyo inmenso. La clave está en adoptar un papel activo frente a la enfermedad. Afrontar la lucha contra el párkinson implica entender que, aunque haya limitaciones, la vida continúa y se pueden mantener la autonomía y la ilusión durante muchos años, adaptándose a las nuevas circunstancias con resiliencia y buscando siempre el lado positivo.

Por eso, la historia de la pérdida de olfato es mucho más que una simple anécdota médica. Es una llamada de atención para que todos aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, a no subestimar las señales que nos envía, por muy sutiles que parezcan. Porque a veces, un aroma que se desvanece no es solo un recuerdo que se pierde, sino un futuro que nos está pidiendo a gritos un poco de atención. Identificar el párkinson a tiempo empieza por ahí, por prestar atención a esos silencios.

El asesoramiento fiscal y contable, pieza clave para la estabilidad de pymes y autónomos

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La gestión financiera y tributaria de las pequeñas empresas continúa siendo uno de los grandes retos en un contexto económico marcado por la inflación, la digitalización y los cambios normativos constantes. En este escenario, el asesoramiento fiscal y contable se ha consolidado como un recurso imprescindible para que emprendedores, autónomos y microempresas puedan cumplir con la normativa vigente sin poner en riesgo su estabilidad económica.

Obligaciones legales cada vez más exigentes

El marco legal español impone a las empresas una serie de obligaciones periódicas en materia de impuestos, contabilidad y seguridad social. Estas exigencias, que a menudo se modifican con cada ejercicio fiscal, requieren un conocimiento especializado que no siempre está al alcance de los pequeños negocios.

La correcta presentación de declaraciones tributarias, el control de gastos deducibles, la llevanza de libros contables o la gestión de nóminas son solo algunos de los ámbitos en los que un error puede traducirse en sanciones administrativas o problemas de liquidez.

El papel estratégico de la asesoría profesional

Contar con un equipo de profesionales especializados supone no solo un apoyo técnico, sino también una herramienta estratégica para optimizar recursos y planificar con antelación. Firmas como Acountax Madrid destacan que un acompañamiento constante permite detectar oportunidades de ahorro fiscal, anticiparse a inspecciones tributarias y mejorar la toma de decisiones financieras en el día a día de la empresa.

La Ley General Tributaria, junto con el Reglamento de facturación y el Plan General de Contabilidad, constituyen los principales marcos normativos que deben cumplir las pymes. No obstante, la adaptación a estas normas implica mucho más que cumplir plazos: exige interpretar correctamente la normativa, aplicar criterios contables adecuados y actualizarse con cada modificación que introducen Hacienda o la Dirección General de Tributos.

La digitalización, un reto añadido

La Agencia Tributaria ha impulsado en los últimos años un proceso de digitalización que afecta directamente a autónomos y pymes. El uso obligatorio de herramientas electrónicas, como el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) o las notificaciones electrónicas, obliga a las empresas a adaptarse a un entorno tecnológico en el que no siempre cuentan con los recursos adecuados.

En este punto, el apoyo de un despacho especializado evita retrasos en la presentación de impuestos y garantiza la seguridad de la información financiera, dos factores esenciales para el buen funcionamiento de cualquier negocio.

Planificación financiera y crecimiento sostenible

Más allá del cumplimiento de plazos, la asesoría contable debe orientarse a la planificación estratégica. Diseñar una organización financiera sólida facilita la obtención de financiación, la atracción de inversores y la participación en concursos públicos, tres aspectos clave para el desarrollo empresarial.

Los expertos coinciden en que la externalización del área fiscal y contable es una de las soluciones más eficaces para los pequeños negocios. Delegar estas funciones no solo libera tiempo al emprendedor para centrarse en la actividad principal de su empresa, sino que garantiza el cumplimiento normativo y aporta tranquilidad en un entorno cambiante y exigente.

Una inversión en seguridad y competitividad

El asesoramiento fiscal y contable se ha convertido en un elemento imprescindible para la competitividad de pymes y autónomos. Apostar por profesionales especializados, como los de Acountax Madrid, permite reducir riesgos, optimizar la carga tributaria y asegurar la transparencia en la gestión económica.

Para quienes buscan apoyo profesional en este ámbito, el asesoramiento fiscal y contable en Madrid para microempresas y autónomos representa un paso decisivo hacia la seguridad financiera y el crecimiento empresarial.

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La alternativa al alquiler turístico que los propietarios ya están explorando

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El verano llega a su fin y, con él, se acaba también la temporada alta del alquiler turístico. Septiembre marca el inicio de la cuesta abajo para miles de propietarios que, tras unos meses de alta ocupación, ven cómo su rentabilidad empieza a desinflarse. La estacionalidad vuelve a hacer mella, pero este año el contexto es aún más restrictivo: muchos han cerrado el verano sin lograr el rendimiento esperado y otros, directamente, sin haber podido operar con normalidad por los nuevos requisitos normativos.

Un balance agridulce para muchos propietarios

Para algunos, la experiencia con el alquiler turístico no ha sido lo rentable que imaginaban. Los costes operativos (limpieza, mantenimiento, entradas y salidas constantes) se han comido buena parte del beneficio, y los incidentes con huéspedes poco cuidadosos han incrementado el desgaste de la vivienda. A eso se suman ahora las exigencias del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), la creciente presión inspectora sobre las plataformas y las nuevas restricciones impuestas por muchas comunidades de vecinos. El resultado: menos margen de maniobra, más incertidumbre y una temporada baja que se anticipa larga.

¿Qué alternativas tienen los propietarios?

En este nuevo escenario, muchos propietarios están reconsiderando su estrategia. Quienes no tienen licencia turística (o temen perderla) valoran otras vías más estables. Quienes han visto que la rentabilidad real del alquiler turístico es menor de lo esperado, buscan fórmulas más sostenibles a medio plazo. Y todos ellos coinciden en una preocupación común: cómo mantener su vivienda alquilada durante todo el año, sin perder dinero en los meses de temporada baja y manteniéndose dentro de la ley.

El alquiler temporal a empresas: una opción en auge

Una de las soluciones que más interés está despertando es el alquiler temporal a empresas. Este modelo permite alquilar por meses a trabajadores desplazados por motivos laborales, sanitarios o formativos, con contratos regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). A diferencia del alquiler turístico, no requiere licencia específica y reduce al mínimo la rotación de inquilinos, lo que se traduce en menos costes y mayor tranquilidad.

Las ventajas de este modelo son evidentes. Para empezar, ofrece una mayor estabilidad de ingresos, ya que no depende de la estacionalidad del turismo, sino de las necesidades reales y constantes de empresas que desplazan a sus trabajadores por proyectos concretos. Además, al tratarse de estancias más largas (normalmente de varias semanas o meses), se reduce notablemente la rotación de inquilinos. Esto se traduce en menos check-in, menos gastos de limpieza y menor desgaste en la vivienda.

Otro de los aspectos más valorados por los propietarios es el perfil del inquilino: trabajadores enviados por empresas, que llegan a la ciudad por motivos laborales, no vacacionales. Son usuarios más responsables, con horarios estructurados y un uso más respetuoso del inmueble. Esto, a su vez, contribuye a minimizar los conflictos con los vecinos, uno de los puntos más delicados en los alquileres turísticos.

A todo ello se suma una ventaja decisiva en el contexto actual: se trata de un modelo legal, regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos y compatible con las normativas urbanísticas municipales, lo que permite operar con seguridad y sin sorpresas normativas.

Más allá del turismo: alquilar con garantías en cualquier época del año

Desde Homyspace, plataforma especializada en alquiler temporal a empresas, confirman que cada vez más propietarios optan por este sistema. Gestionan la relación entre empresas que necesitan un alojamiento y propietarios dispuestos a alquilar su inmueble, asegurando contratos claros, pagos seguros y un acompañamiento durante toda la estancia. “Lo que antes era una opción para unos pocos, ahora es una alternativa real para cualquier propietario que quiera alquilar su vivienda sin depender del turismo ni enfrentarse a tanta burocracia”, señalan desde la plataforma.

Homyspace opera en toda España, desde ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Málaga, hasta pequeños municipios donde también hay demanda de alojamiento para proyectos profesionales, obras o desplazamientos de personal.

Con la temporada alta finalizada y un panorama cada vez más complejo para el alquiler vacacional, apostar por la estabilidad y la previsibilidad se ha convertido en una decisión estratégica para muchos propietarios. Y el alquiler temporal a empresas se perfila como la alternativa que mejor combina rentabilidad, legalidad y tranquilidad.

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La facturación electrónica en 2026; el reto un software certificado por Verifactu

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La próxima implantación obligatoria de Verifactu, el sistema aprobado por la Agencia Tributaria para garantizar la integridad y trazabilidad de las facturas, a lo largo de 2026 marca un cambio en la forma en que autónomos, pymes y grandes empresas deberán gestionar su facturación.

El nuevo marco normativo busca reforzar la transparencia y el control fiscal en todas las operaciones comerciales, evitando fraudes y manipulaciones en los documentos contables. 

Desde mediados de este año ya es obligatorio que los programas de facturación garanticen que las facturas no puedan ser alteradas y que sean enviadas de manera inmediata a la Agencia Tributaria y será a lo largo de 2026 cuando sean empresas y autónomos los que deban aplicarlo a través de su facturación.

Para cumplir con estas obligaciones legales, es clave que las empresas se hagan con soluciones tecnológicas que integren tanto la emisión de facturas electrónicas como la automatización de procesos contables y financieros y que cumplan con los más altos estándares de seguridad. 

FinanEDI es uno de estos softwares de facturación 360 que ya ha sido certificado con Verifactu y que es capaz de ofrecer una gestión integral de todo el ciclo de facturación de la empresa, asegurando, sobre todo, la plena validez legal de los documentos emitidos.

“Es necesario ofrecer a las empresas una solución que les permita agilizar este nuevo proceso. En el caso de FinanEDI permite crear e intercambiar facturas electrónicas personalizadas e intercambiar documentos comerciales mediante la tecnología EDI, dejando ya a un lado el mail y minimizando así el error o fraude. Además, automatiza las tareas contables y, gracias a sus colaboradores, permite acceder a una financiación de facturas sin que afecte al CIRBE” explican desde la empresa desarrolladora del software.

Cumplimiento normativo y digitalización empresarial para 2026

La adaptación a Verifactu no solo supone un cumplimiento normativo, sino también un cambio en la cultura empresarial: obliga a digitalizar procesos, reducir el margen de error humano y reforzar la trazabilidad documental. 

Esto implica que autónomos, pymes y despachos profesionales deben prepararse para una transición tecnológica que será obligatoria y que cambiará para siempre la forma en que se relacionan con la Administración Tributaria.

Con esta medida, Hacienda busca avanzar hacia un sistema de mayor control donde digitalización, trazabilidad y fiscalización irán de la mano.

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Detenido el padre de un preso que intentó pasar drogas a su hijo en Algeciras

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El padre de un preso en la cárcel de Botafuegos, Algeciras (Cádiz) fue detenido después de que intentase pasar drogas en un fardo de ropa para su hijo interno en esta prisión. Las sustancias fueron detectadas durante un control por los funcionarios del centro penitenciario que alertaron a la Policía Nacional.

Es lamentable perder la vida por el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aún peor si los hechos se desencadenan tras las rejas de un establecimiento penitenciario, resulta aún más dramático que quien introduzca drogas y sustancias tóxicas a un interno sea su propio padre y también incomprensible que a pesar de contar la cárcel de Botafuegos con tres fallecidos en menos de un mes por consumo de papeles impregnados en tóxicos, se realicen este tipo de conductas.

Hace unos años, el sindicato de prisiones Acaip en Algeciras realizó un estudio donde se determinó tipos de drogas incautadas, cantidades e incluso formas de introducirla desde el exterior y una de las formas que se utilizan para intentar hacer llegar las drogas a los presos es a través de los paquetes de entrada que van dirigidos al interno y son depositados por los propios familiares.

Este domingo, el padre de un preso acudió a la prisión de Botafuegos, para celebrar una comunicación por locutorios con su hijo, depositó un paquete de ropa que previamente y antes de la entrega fue revisado y cacheado por los funcionarios de servicio, incautándose tiras de hachís y papelillos ya cortados e impregnados de sustancias tóxicas, ocultos en las costuras de unos pantalones.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, los cuales procedieron a la detención del hombre y puesta a disposición judicial. La legislación penal vigente tipifica este tipo de conductas como un delito contra la salud pública, estableciendo una pena de prisión de 3 a 6 años y si además se ha realizado en el interior o alrededores de un establecimiento penitenciario la pena privativa de libertad que se contempla se agrava y oscila entre los 6 y 9 años.

Desde el sindicato de prisiones Acaip en Algeciras dicen que «esperamos que la condena que se pudiere imponer al autor de los hechos atendiendo a la gravedad de los mismos sea ejemplarizante. Por último, felicitar a todos los funcionarios intervinientes en la incautación de las sustancias, por su eficacia y profesionalidad, a pesar de la falta de recursos materiales para ejercer nuestra actividad laboral».

3 MUERTES EN UN MES POR DROGAS

Hay que recordar que durante los últimos 30 días la enfermería de la prisión de Algeciras (Cádiz) ha recibido varias decenas de urgencias graves, la mayoría de ellas por consumo de papelillos impregnados con sustancias tóxicas y mezcladas con ingesta de medicación, a lo que también hay que sumar 3 presos fallecidos por sobredosis al consumir papelillos impregnados en estas mismas sustancias tóxicas.

La voz de alarma la ha dado el Sindicato Acaip en Algeciras, que hace unos días se preguntaban «¿cuándo fallecería el siguiente?». Pues el último ocurría el pasado jueves unos minutos antes del recuento de la mañana, cuando los funcionarios de servicio en la prisión de Botafuegos fueron alertados por el preso que compartía celda con el último fallecido. El interno advirtió a los funcionarios que su compañero de celda no se movía, por lo que se presentaron en el lugar de los hechos e informaron al jefe de servicio y sanitarios de guardia, no pudiéndose hacer nada por el fallecido. Su compañero de celda reconoce que había consumido tóxicos esa misma noche.

El fallecido era un interno politoxicómano, con amplia trayectoria penal y penitenciaria, que había estado interno en los centros penitenciarios Puerto 3 y Algeciras anteriormente.

Horas después de este suceso, en el mismo módulo residencial y debido al fallecimiento se producía una riña entre presos, que se saldó con un preso trasladado a otro departamento y un funcionario de servicio lesionado, que tuvo que ser atendido en el hospital.

Todos los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado de guardia por si hubiera indicios de delitos que merezcan ser investigados, «a la vez que la dirección del centro está haciendo peticiones a la secretaría general de instituciones penitenciarias para que los presos responsables de la introducción y reparto de tóxicos sean trasladados a otros centros penitenciarios más acordes a sus responsabilidades delictivas», dicen desde Acaip Algeciras.

Introducir sustancias tóxicas en las prisiones y su consumo, tienen como consecuencia la alteración del orden regimental, además de poner en grave riesgo la salud y la vida de los presos, «consecuencias por las que tiene obligación velar el máximo responsable de las Prisiones Sr. Ortiz, el cual sigue inactivo y sin ideas de cómo poder afrontar los problemas tan graves que están sacudiendo a las cárceles españolas, entre ellos el consumo de todo tipo de tóxicos», añaden desde Acaip.

Y concluyen que «en Algeciras una de las formas más comunes de perder la vida en una prisión es debido a la sobredosis de drogas y se requiere de una respuesta integral por parte de los organismos públicos responsables, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Consejerías de Salud de las comunidades autónomas y Diputaciones Provinciales. Todos ellos deben aportar de forma mancomunada las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar el consumo de tóxicos en el interior de las prisiones».

Caso DANA: La juez pide ahora datos a la AEMET y a la CHJ sobre el Poyo

La juez Nuria Ruiz, que instruye la causa por los fallecidos durante la DANA de Valencia de octubre de 2024, dictó este 15 de septiembre una providencia donde adopta varias decisiones sobre la toma de declaración a familiares de víctimas y la realización de informes psicológicos a los mismos. Además, la juez pide a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que «aporten datos de las lluvias en las zonas de influencia en la cuenca del Barranco del Poyo desde el 22 de octubre hasta el día 29».

Curiosamente, una diligencia similar a la que ahora solicita la juez ya fue pedida por otra acusación popular, la ejercida por Liberum, pero la magistrada denegó la misma. El pasado 5 septiembre la acusación popular en el caso DANA de Valencia ejercida por la asociación Liberum presentó un recurso de apelación ante el juzgado de Catarroja para que lo elevase a la Audiencia Provincial de Valencia y que se tengan en cuenta la presunta responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en la muerte de 229 personas a consecuencia de la DANA.

En su recurso de apelación decía Liberum que el informe realizado por la Guardia Civil «destaca la obligación de la AEMET de suministrar datos y avisos actualizados a la Generalitat en virtud del Convenio Marco anteriormente citado, ya sea mediante la predicción o la observación, dice: “No es menos cierto y como se ha podido ver en páginas anteriores, la existencia de la obligación estipulada en la normativa, concretamente en el apartado referido a la observación de la cláusula tercera del Convenio Marco, de dar información “en tiempo real” de los datos de sistemas de observación automáticos disponibles”».

Sin embargo, el aviso especial de la AEMET de 27 de octubre con previsiones hasta el 31 de octubre, en el caso de Valencia, «advertía una probabilidad de lluvias que alcanzarían los 150 mm en 24 horas, cifra muy por debajo del nivel rojo. El segundo aviso especial, es del 28 de octubre a las 14:04 horas» y advierte que «una vez más, el aviso especial de la AEMET preveía para el día 29 de octubre en Valencia unas lluvias de 120-150 mm en 12 a 24 horas lo que, obviamente, no alcanzaba los umbrales de nivel rojo. Y, llegamos al día 29 de octubre de 2024, cuyo aviso especial fue emitido a las 14:30 horas (…).Lo más grave, es que, en dicho aviso especial de las 14:30 horas la AEMET entendió que la evolución de las precipitaciones no sería preocupante y por esto motivo (no podría haber otra razón legítima) acordó que “No emitirá un nuevo aviso especial»».

Esos mismos informes son los que ahora la juez reclama a petición de la acusación popular de Mai Més Valencia, un colectivo ciudadano formado solo para reclamar responsabilidades por la DANA tras la catástrofe de octubre.

AVISOS SOBRE LA DANA

Liberum reclamaba que el citado informe también dice que «sobre el resto de los avisos de la AEMET, llama la atención que a las 9:41 horas se emitió el último aviso de la mañana, siendo el siguiente a las 16:57 horas, es decir, más de 7 horas sin emitir aviso alguno».

También incide la acusación popular en lo ocurrido en el Barranco del Poyo y se pregunta «¿por qué la CHJ no emitió el aviso de aumento de caudal en el barranco del Poyo a las 16:15 horas cuando los datos obtenidos indicaban un aumento de caudal?, ¿por qué se esperó a alcanzar un caudal de 1686,755 para emitir el aviso de aumento de caudal?, y una pregunta más, ¿por qué desde las 19:00 horas no hay registro de información?».

El argumento de Liberum era que «la información suministrada por la CHJ fue deficiente para la toma de decisiones que debieron tomarse en caso de haber sido informados que, desde las 16:15 horas se había invertido la tendencia de descenso del caudal en el barranco del Poyo, alcanzando cifras estratosféricas a partir de las 17:40 horas. Insistimos, el aviso del aumento del caudal se emitió a las 18:25 horas cuando ya se había alcanzado un caudal de 1686,755. Es fácil de entender que, ante la ausencia de información actualizada por parte de la CHJ al CECOPI respecto de la situación del barranco del Poyo, la atención de la emergencia se dirigiera al temor de un colapso en el embalse de Forata y no a la tragedia que ya se estaba padeciendo en las zonas afectadas por el desbordamiento del barranco del Poyo».

Ahora la juez Ruiz provee que «se oficie a la CHJ y a la AEMET para que, en el plazo de 5 días, aporten los datos de las lluvias en las zonas de influencia en la cuenca del Barranco del Poyo en los días previos, con una semana de antelación, desde el 22 de octubre hasta el día 29, así como de la misma cuenca del barranco, debiéndose incluir las localidades lindantes, la cabecera, la desembocadura y los barrancos que conectan, como los barrancos de la Horteta, Pozalet, Gallego y Pelos».

Asimismo, requiere a estos organismos públicos para que «en dicho plazo de 5 días, informen si estos datos eran de acceso público y si la sala de emergencias del 112 dispuso de ellos o si tenía acceso a los mismos». La juez pide también a la AEMET los mapas de probabilidad de los días previos y pregunta si la Sala de Emergencias del 112 «disponía de estos mapas y si eran de acceso libre y público».

Tres millones de españoles en riesgo de desconexión por el «letal» mapa de Óscar Puente

Dicen los mentideros políticos que un nuevo y agudo frente de batalla se ha abierto entre el Partido Popular y el Ministerio de Transportes. Algo muy lejos de la realidad, puesto que eses frente ya venía de muy lejos y los rivales que intervienen en esa guerra se tenían muchas ganas. Los gobiernos autonómicos del PP han lanzado un ataque directo, iban a poquitos, contra el ministro Óscar Puente, denunciando la «imposición inmediata» de un nuevo mapa concesional de transportes por carretera que, a su juicio, es «letal» y amenaza con «discriminar» a millones de españoles.

En una carta oficial, exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Nacional de Transportes, acusando al gobierno de ignorar los mecanismos de cogobernanza para imponer una reforma que elimina rutas, paradas y servicios y aumenta los trasbordos, afectando a la igualdad territorial. «Lo que puede ser considerado una nueva puñalada contra la España vaciada».

Para los populares el rediseño de la nueva estrategia de la cartera que dirige Puente esta realizado de espaldas a la Ley. La controversia estalló tras el ultimátum del Ministerio de Transportes, que durante el mes de julio exigió a los directores generales de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se pronunciaran sobre el nuevo mapa antes de una fecha límite. Esta imposición, según la misiva de los populares, es una violación flagrante del espíritu de colaboración y de la propia normativa que rige las relaciones entre el Gobierno central y las autonomías. El PP subraya la necesidad de un «trabajo conjunto y transparente», planificado en un marco de «máxima colaboración» y con actuaciones «coordinadas y consensuadas». La Conferencia Nacional de Transportes, cuya última reunión se remonta a julio de 2022, es el foro legalmente establecido para este tipo de debates. El artículo 13.1 de su reglamento estipula que debe reunirse al menos una vez cada seis meses, un plazo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado sistemáticamente, según la oposición.

Los gobiernos del PP insisten en que el transporte público por carretera es un servicio esencial que debe regirse por los principios de accesibilidad, eficiencia y asequibilidad, y que cualquier rediseño debe coordinarse con los sistemas autonómicos para no generar un caos logístico. La falta de este diálogo no solo es una descortesía política, sino una grave irresponsabilidad que afecta directamente a la movilidad de los ciudadanos. La ausencia de cogobernanza, aseguran, no es un hecho aislado, sino un «patrón general de actuación» del Ejecutivo, que convoca a los órganos de interlocución de manera irregular y sin la documentación necesaria para un debate serio.

Línea de alta velocidad de RENFE (Fuente: Agencias)
Línea de alta velocidad de RENFE (Fuente: Agencias)

CIFRAS ALARMANTES: MÁS DE 3 MILLONES DE DESCONECTADOS

El meollo de la denuncia del Partido Popular reside en las cifras que, supuestamente, maneja el propio Ministerio de Transportes. Un análisis detallado de la reforma, que el PP califica de «letal», revela un panorama desolador. Los datos son contundentes y, si se confirman, representan un golpe sin precedentes a la movilidad rural y la conectividad interterritorial.

De acuerdo con la información facilitada por el PP, los cambios propuestos por el nuevo mapa concesional son los siguientes:

  • Eliminación de rutas: Se suprimirían 456 rutas, lo que representa una reducción del 47,20%.
  • Población desconectada: Un total de 3,25 millones de personas quedarían sin acceso al servicio de autobús estatal, lo que crea una brecha de desigualdad entre territorios.
  • Reducción de paradas: Se eliminarían alrededor de 9.305 paradas, haciendo más difícil el acceso a los servicios de transporte para miles de ciudadanos.
  • Menos vehículos/km: La reforma se traduciría en una reducción de 73,45 millones de vehículos-kilómetros, lo que equivale a un 30,77% menos de servicio.
  • Municipios sin parada: 1.417 municipios dejarían de tener una parada de autobús estatal, un drástico descenso del 74,11% que golpearía duramente a las zonas rurales y menos pobladas.

Estas cifras, si son correctas, dibujan un escenario de desmantelamiento de la red de transporte público interurbano que, en opinión del PP, atenta directamente contra la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos españoles.

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La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró (i), y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España (d) (Fuente: Agencias)

RÉPLICA SOCIALISTA: «PLANTEAMIENTOS CADUCOS» Y CRÍTICAS A MADRID

Mientras el PP alzaba la voz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no tardaba en responder, aunque no de manera directa a la misiva. En un evento celebrado en Madrid en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, el titular de Transportes, acompañado del secretario de Transportes del PSOE, Arcadi España, defendió la gestión socialista y arremetió contra lo que calificó de «ataques sin precedentes» y «planteamientos absolutamente caducos» de la derecha.

Arcadi España, en un claro intento de desviar la atención, inició el debate con una pregunta retórica: «¿cree que si el ministro de Transportes no fuera Óscar Puente habría estos ataques?». España sugirió que el revuelo mediático sobre el transporte es un ataque orquestado, comparando el caos en la red ferroviaria y de metro de Madrid, gestionada por el PP, con el supuesto silencio mediático.

Puente, por su parte, se mostró impasible ante las críticas y las contextualizó como una ofensiva más contra el Gobierno de Sánchez, similar a la que, según él, se produjo durante la DANA. Para respaldar su argumento, el ministro se lanzó a una comparación histórica sobre la adquisición de trenes. «En 15 años los Gobiernos del PP compraron 30 trenes, una parte de esos 30 trenes son los 106 que están llegando ahora. Los 700 trenes restantes de la red ferroviaria de interés general española han sido comprados por gobiernos socialistas», afirmó tajante, insinuando que la gestión del PP en materia de transporte ha sido ineficiente.

El ministro también aprovechó la ocasión para criticar el modelo de movilidad que, según él, propugna el Partido Popular. Lo describió como una visión del siglo XX, centrada en el vehículo privado y en la libertad «exclusiva» para quienes tienen un coche de alta gama, en contraste con el modelo socialista, que prioriza el transporte público y la «política social» para los más vulnerables.

Transportes, insiste en el sabotaje como hipótesis principal del caos ferroviario del pasado domingo | Fuente: Agencias
Óscar Puente, ministro de Transportes, insiste en el sabotaje como hipótesis principal del caos ferroviario del pasado domingo | Fuente: Agencias

La crítica más dura de Puente fue dirigida a la capital: «Madrid es un ejemplo de una ciudad con una movilidad del siglo XX. No es una movilidad del siglo XXI. A mí me da rabia». Calificó la postura de la derecha en movilidad como «puro aislacionismo y pura incultura», y citó ejemplos de ciudades como Valladolid o Logroño donde, tras el cambio de gobierno, se han destruido carriles bici, lo que tildó de «aberración».

El debate sobre el futuro del transporte público en España está servido y la solución no está cerca, mientras las zonas rurales de España siguen sumando agravios y puntos para perder población. Mientras los gobiernos autonómicos del PP se preparan para una batalla legal y política contra el nuevo mapa concesional, el Ministerio de Transportes defiende su reforma como un paso valiente hacia una movilidad sostenible y equitativa. La confrontación, lejos de apaciguarse, se intensifica, y el verdadero damnificado podría ser, una vez más, el ciudadano de a pie, que ve cómo un servicio esencial se convierte en el centro de una disputa política que poco aporta a su vida cotidiana.

Caso Koldo: el Supremo reitera que el delegado de Acciona pidió «un empujoncito para los amigos»

La representación legal de Fernando Merino, ex delegado de la constructora Acciona para el norte de España e investigado en el Caso Koldo, recurrió el 4 de septiembre su imputación alegando errores en el informe de la UCO de 5 de junio de 2025. Ahora el Supremo rechaza la existencia de errores y recuerda a Merino que, entre las conversaciones incautadas a Koldo García, consta una donde Merino le pide al asesor del ministro Ábalos «un empujoncito para todos los amigos».

Para rechazar el recurso de Merino el Alto Tribunal ha tenido en cuenta los informes favorables a este rechazo tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de las acusaciones populares, que se mostraron contrarios a la teoría propuesta por la defensa del ex delegado de Acciona.

La representación legal de Fernando Merino Vera, ex delegado de la constructora Acciona en la zona norte de España y uno de los empresarios imputado en el Caso Koldo por el pago de mordidas a cambio de la obtención de obras públicas, envió un escrito al Tribunal Supremo en el que afirmaba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «atribuye a mi mandante una supuesta intervención activa en la consecución de ciertas adjudicaciones en una obra en la localidad de Úbeda» de manera errónea y reclamaba al Alto Tribunal subsanar ese error.

Según el abogado de Merino, el auto judicial del Supremo base de la imputación del empresario, recoge que «igualmente, aparece indiciariamente justificado que don Fernando Merino Vera pudiera haber tenido también, en relación ahora con la defensa de los intereses de una empresa distinta, Obras Públicas y Regadíos (OPR), con cuyos representantes mantenía relación de parentesco, intervención activa en la consecución de ciertas adjudicaciones en una obra en la localidad de Úbeda, como detalladamente se describe en el oficio policial referido».

Fernando Merino, de Acciona, saliendo del Tribunal Supremo. EP
Fernando Merino, de Acciona, imputado en el Caso Koldo, saliendo del Tribunal Supremo. EP

La defensa de Merino en el Caso Koldo destacaba que en ese informe policial «ha habido un error, posiblemente por la interpretación que hace la propia UCO y dicho error se ha transcrito en el auto de desestimación objeto de esta aclaración, con motivo de la denominada obra de Úbeda a Torreperogil, modificado en la A-32; por lo que se debe aclarar y subsanar detalladamente tal error, tanto la secuencia temporal de dicha obra, como la ausencia de participación del Sr. Merino en ella, pues dicha afirmación, que constituye uno de los pilares de la imputación, parte de un grave y manifiesto error fáctico que desvirtúa por completo la naturaleza de la actuación del Sr. Merino Vera».

Y añade el escrito que «como se demostrará, no existió ninguna «adjudicación» en la que pudiera intervenir, sino un procedimiento de modificación de un contrato ya existente, reglado y fiscalizado, en el que ni mi representado ni la empresa contratista tuvieron participación alguna en su redacción o aprobación sustantiva». Por eso pedía al juez que reclamase el expediente de esa obra a la Dirección General de Carreteras.

CASO KOLDO SIN ERRORES

Sin embargo, dice el juez Leopoldo Puente, que instruye el Caso Koldo en el Tribunal Supremo, que «no se advierte deficiencia alguna en el informe policial referido, antes al contrario, determina con la debida precisión qué hechos concretos respecto a la citada obra se atribuyen al ahora recurrente».

Añade además que «respecto de la pretendida existencia de errores en el informe de la U.C.O. de fecha 5 de junio de 2025, al que la parte se refiere y cuyas observaciones se recogen en el auto de fecha 18 de julio del presente año, sin perjuicio de tener por realizadas las manifestaciones de la parte, lo cierto es que en el informe y en la resolución posterior cuando se alude a la intervención de don Fernando Merino Vera en la adjudicación de cierta obra en la localidad de Úbeda, la misma no se determina fuera realizada con anterioridad a la mencionada adjudicación sino a que tuvo lugar en el desarrollo de la misma, lo que incluye las posteriores vicisitudes en la fase de ejecución y, en consecuencia, en sus posibles posteriores rectificados».

Entrando en los fundamentos de derecho que sostienen el auto de rechazo dice el juez que «lo
cierto es que la parte (Cerdán) viene a sostener que, aunque haya sido ya requerida la aportación del expediente completo de la obra, lo que ella solicitaba ahora era tan solo una parte del mismo» y el juez recuerda que fue «acordada la remisión de éste por auto de 20 de junio y resultaría muy poco probable que un nuevo requerimiento con el contenido interesado fuera a ser diligenciado y remitido a este Tribunal con mayor prontitud».

El juez recuerda que Cerdán también pidió que se enviase un exhorto al juzgado 2 de la Audiencia Nacional para sumar a esta causa «el contenido íntegro de las declaraciones prestadas como investigados en la causa que se sigue ante el mismo por doña Isabel Pardo de Vera (quien fuera, en su día, Presidenta de A.D.I.F.) y de don Javier Herrero (quien ocupara el cargo de Director General de Carreteras)», algo que el juez considera «no resulta procedente. Ciertamente, ningún extremo contenido en aquellas declaraciones, prestadas en una causa distinta, que se halla en fase de instrucción, y ante un órgano jurisdiccional también diferente, ha sido tomado en cuenta -no podría serlo- en la presente causa, (…)».

ACUSACIONES POPULARES SE OPUSIERON

En escrito de rechazo del recurso la representación legal de las acusaciones populares expone que «la censura del recurrente contra la Providencia de 03/09/2025, por la que se rechazó oficiar a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental para que certificara determinados extremos de uno de los expedientes de contratación pública investigados –concretamente, el Proyecto Modificado nº 32 de la Autovía A-32 en el tramo Úbeda-Torreperogil–, trae causa de una concreta expresión utilizada por ese Excmo. Sr. Magistrado Instructor en el Auto de 18/07/2025, en el que, entre otras muchas –e indiciariamente delictivas– cuestiones, sostuvo que el Sr. Merino habría tenido una “intervención activa en la consecución de ciertas adjudicaciones en una obra en la localidad de Úbeda”».

Koldo García y José Luis Ábalos en una imagen de archivo. AGENCIAS
Koldo García y José Luis Ábalos en una imagen de archivo. AGENCIAS

Pero gran parte de la defensa de Merino se apoyaba que en 2019 no habría existido una adjudicación de obra pública como tal sino una modificación de un contrato pactado previamente. Contra esta afirmación se aducía que «si lo que pretende acreditar el recurrente es que en 2019 no existió una auténtica adjudicación, en sentido técnico, sino una modificación de una obra pública previamente adjudicada, la diligencia de investigación es del todo innecesaria, en la medida en que el propio Excmo. Sr. Magistrado Instructor ya ha aclarado en la Providencia recurrida que “en el informe y en la resolución posterior cuando se alude a la intervención de don Fernando Merino Vera en la adjudicación de cierta obra en la localidad de Úbeda, la misma no se determina fuera realizada con anterioridad a la mencionada adjudicación sino a que tuvo lugar en el desarrollo de la misma, lo que incluye las posteriores vicisitudes en la fase de ejecución” (resaltado y subrayado añadidos nuestros)».

También recuerda el abogado de las acusaciones que «la UCO deja meridianamente claro que el objeto de su investigación es “un expediente de modificación en el cual el interlocutor de Koldo
defendiendo los intereses de OPR fue directamente Fernando Merino y no los hermanos Fernández Menéndez».

En ese mismo informe la UCO dice hasta en cuatro ocasiones que la «obra de Úbeda» se corresponde con un expediente de modificación: «el 6 de agosto de 2019, unos meses después de la creación de la nota, Fernando Merino envió a Koldo una imagen del proyecto de
modificación, acompañado de varias indicaciones”; que “el asunto al que aludía Fernando Merino sería la modificación de la autovía A-32”; que “se ha localizado en la página web del MITMA la publicación de un documento firmado por Javier Herrero y Camino Arce Blanco, fechado el 25 de octubre de 2019, sobre la Aprobación Técnica de la Modificación nº2 de las obras del proyecto de construcción en la autovía A-32”; o que “cabe destacar la conversación mantenida entre Camino Arce Blanco y Koldo el 5 de diciembre de 2019 en la que la primera le envió una imagen al segundo del documento aprobando el importe de la modificación y ordenando que se liberase el pago a OPR, bajo el título “lo conseguimos!!”. El propio D. Koldo García Izaguirre, al parecer muy interesado en este expediente de modificación, apuntaba en su agenda “Úbeda a Torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR”».

«ASEGÚRATE DEL PLAZO Y LAS ANUALIDADES»

El escrito del Fiscal Alejandro Luzón alude a las conversaciones entre Merino y Koldo García para oponerse al recurso presentado por el primero y demostrar su implicación en el proyecto de modificación: «“Asegúrate del plazo y las anualidades”. Días después, el 27-8-2019, Merino alertaba a Koldo García de que hay un funcionario “pidiendo aclaraciones o cosas, es importante no dejarlo”. El 27-9-2019, Merino le preguntó a Koldo García por cómo iba todo, a lo que este contestó que “muy bien”. A pesar de la respuesta positiva recibida, Fernando Agustín Merino le pidió que le diera un “empujoncito a todos los amigos”. El 25-10-2019 se produce la aprobación técnica, que firma el director general de carreteras, también imputado en las D.P. 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción nº 2. Entre los puntos que se acuerda aprobar por parte de la Dirección General de Carreteras se incluyen los dos aspectos que Fernando Agustín Merino le había recordado a Koldo García en los señalados mensajes».

La conclusión del fiscal Luzón es demoledora, ya que para él «el contenido de estos mensajes denota una llamativa intromisión de Fernando Agustín Merino, por conducto de Koldo García, en la tramitación del modificado nº 2 de la autovía A-32, en el tramo Úbeda-Torreperogil que va mucho más allá de ese neutro o insustancial interés en conocer el “estado de tramitación” del
modificado que proclama la representación del investigado pero que este no fue capaz de explicar mínimamente en su declaración judicial del pasado 7 de julio de 2025».

También rechaza la Fiscalía pedir el expediente de nuevo a la Dirección General de Carreteras, porque «ya ha sido requerida por el Magistrado Instructor para que aporte el expediente completo de la obra en cuestión. Su contenido ya dará respuesta, si no a todas, sí a buena parte de las cuestiones que pretende acreditar el recurrente».

Factura electrónica 2026; lo que toda empresa debe saber ya

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La implantación de la factura electrónica obligatoria en España a partir de 2026 marcará un antes y un después en la gestión empresarial y en la relación con la Administración. El nuevo sistema afectará tanto a grandes compañías como a pymes y autónomos, que deberán adaptar sus procesos internos a un formato digital único. El objetivo es avanzar hacia una mayor transparencia fiscal, reducir la economía sumergida y facilitar el control de operaciones económicas en tiempo real.

Un calendario progresivo de implantación

La normativa, enmarcada en la Ley Crea y Crece, establece un calendario progresivo de implantación según el tamaño de la empresa. En una primera fase, las compañías con facturación superior a los 8 millones de euros estarán obligadas a emitir y recibir facturas electrónicas. Posteriormente, la medida se extenderá a todo el tejido empresarial, incluidas micropymes y autónomos, lo que supone un cambio estructural en la forma de documentar las operaciones comerciales en España.

Implicaciones jurídicas y sanciones por incumplimiento

Desde el punto de vista jurídico, la obligación no se limita a un aspecto tecnológico. La factura electrónica incorpora requisitos específicos en materia de validez legal, conservación y trazabilidad, que exigen un cumplimiento riguroso por parte de los emisores. El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y limitar la deducción de impuestos. Por esta razón, especialistas como Gutierrez Pujadas & Partners subrayan la necesidad de que las empresas planifiquen con antelación su transición al nuevo sistema, evitando improvisaciones de última hora.

Impacto económico y oportunidades para las empresas

En términos económicos, la digitalización de la facturación permitirá reducir costes administrativos y agilizar procesos contables. Además, se espera un impacto positivo en la lucha contra el fraude fiscal, ya que la Administración Tributaria tendrá acceso más inmediato y detallado a la información de las operaciones. Para los autónomos y pequeñas empresas, el reto estará en asumir la inversión inicial en herramientas digitales, aunque a medio plazo el sistema reducirá cargas burocráticas y favorecerá la competitividad.

Conservación de documentos y requisitos técnicos

Las obligaciones no terminan con la emisión del documento. La normativa prevé que las facturas electrónicas deberán almacenarse en condiciones que garanticen su autenticidad e integridad durante el periodo legal de conservación. También será obligatorio el uso de plataformas compatibles que aseguren la interconexión entre emisores y receptores, lo que añade un componente técnico que muchas empresas aún no tienen implementado.

La importancia de anticiparse al cambio

Ante este escenario, los despachos especializados aconsejan revisar los sistemas contables y de gestión antes de la entrada en vigor de la medida. En esta línea, gpasoc destaca que anticiparse es fundamental: un diagnóstico temprano de los procesos internos permitirá identificar carencias y seleccionar las soluciones más adecuadas para cada tipo de negocio. Más allá de la obligación normativa, la factura electrónica puede convertirse en una oportunidad para modernizar la gestión empresarial y ganar eficiencia.

Una obligación que puede convertirse en ventaja

En conclusión, 2026 será un año decisivo para la digitalización de la economía española. Aquellas empresas que no se preparen a tiempo podrían enfrentarse a importantes dificultades operativas y sanciones. Contar con un servicio de asesoramiento fiscal y contable nacional e internacional resulta esencial para adaptarse con seguridad a la factura electrónica y transformar esta obligación en una ventaja competitiva.

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Repara tu Deuda Abogados cancela 222.610 € en Ourense (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

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El concursado sufrió una situación laboral precaria e inestable, con un salario inferior al mínimo interprofesional 

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre de Ourense (Galicia) una deuda que ascendía a 222.610 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de endeudamiento se originó como consecuencia de una situación laboral precaria e inestable. El exonerado percibía un salario inferior al mínimo interprofesional, Tuvo que solicitar financiación externa para intentar llegar a final de mes. En paralelo, había comprado una vivienda que finalmente se vio obligado a entregar al banco debido a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas”. 

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar una nueva vida sin deudas tras haber dictado el juzgado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberado de todos los importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta ley en España en septiembre de 2015. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que comenzaron un negocio o realizaron inversiones que no tuvieron los resultados deseados, personas en complicadas situaciones laborales o de salud propia o de terceros, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que sufren el aumento de gastos de su situación, avalistas, etc.

El despacho también está especializado en derecho bancario. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

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AOSOM estrena presencia en la Feria Hábitat València con una propuesta para profesionales

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La multinacional de e-commerce Aosom, especializada en mobiliario, complementos para el hogar y productos de jardín, participará por primera vez en la Feria Hábitat València 2025, que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre. La compañía presentará en su stand una cuidada selección de artículos que reflejan su apuesta por la innovación, la versatilidad y el diseño accesible, además de dar a conocer Aosom Business, su programa B2B dirigido a empresas y profesionales. Los visitantes podrán descubrir todas las novedades de la firma en el Nivel 3 · Pabellón 4 · Stand A27.

Elegancia y calidez en el hogar

Entre las propuestas que se exhibirán destacan las butacas tapizadas en efecto borreguito, uno de los grandes atractivos del stand, que aportan suavidad, elegancia y calidez a los espacios interiores. Junto a ellas, se mostrarán sofás, sillas, mesitas de noche y aparadores con rejilla decorativa, una tendencia que combina ligereza visual y diseño atemporal. La colección de Aosom está inspirada en la naturalidad de lo orgánico, ofreciendo piezas que encajan con armonía en ambientes tanto modernos como clásicos.

Un programa diseñado para profesionales

El programa Aosom Business representa una apuesta estratégica para fortalecer la relación con el canal B2B. A través de esta iniciativa, la compañía ofrece condiciones ventajosas y descuentos especiales, adaptados a proyectos de distinta escala. También proporciona acceso a un catálogo diversificado con marcas propias como Homcom, Outsunny o PawHut, junto a una atención personalizada y soporte especializado para profesionales.

La empresa busca posicionarse como un socio de confianza para empresas del sector hostelero, oficinas, comercios y estudios de interiorismo que necesitan soluciones prácticas y asequibles. “Queremos que los profesionales encuentren en Aosom Business una herramienta útil para optimizar sus proyectos, con la garantía de un catálogo amplio y competitivo”, explica la delegación B2B de la compañía.

Expansión y nuevas oportunidades

La participación de Aosom Business en Hábitat València supone un paso más en la expansión de Aosom en el mercado español, reforzando un modelo de e-commerce que ya opera con éxito en varios países europeos. Con almacenes propios en España, la compañía garantiza entregas rápidas y un servicio posventa cercano.

Con esta primera participación en el certamen, el equipo de Aosom Business quiere incrementar su visibilidad en el canal profesional, consolidarse como alternativa de referencia en mobiliario y decoración y generar nuevas sinergias con distribuidores, arquitectos y diseñadores.

La firma invita a todos los asistentes a visitar su stand en el Nivel 3 · Pabellón 4 · Stand A27 para descubrir cómo sus colecciones logran unir diseño y funcionalidad con soluciones competitivas y adaptadas a las necesidades de los profesionales.

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Almacenes Toledo amplía su oferta al por mayor en moda infantil y canastilla para profesionales del sector

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El comercio especializado en productos infantiles al por mayor mantiene un crecimiento constante, impulsado por la demanda de artículos textiles adaptados a las necesidades de familias, centros educativos y comercios de proximidad. En este contexto, la consolidación de proveedores con experiencia se convierte en un elemento determinante para el suministro fiable y continuado.

Con más de 30 años de trayectoria en el sector, Almacenes Toledo ha desarrollado un modelo comercial adaptado al perfil del mayorista de moda infantil, bebé y canastilla, centrado en la calidad, el volumen y la capacidad de respuesta ante los ciclos de compra del canal minorista.

Distribución textil infantil para profesionales del sector

La compañía opera como proveedor especializado en moda infantil y textil de primera infancia. Su catálogo incluye prendas de temporada, ropa interior, artículos de canastilla y básicos textiles orientados tanto al uso doméstico como al entorno profesional. Esta variedad permite a sus clientes —desde tiendas tradicionales hasta responsables de compras de centros infantiles o colegio— encontrar soluciones ajustadas a las exigencias de cada etapa del desarrollo infantil. La especialización en venta al por mayor permite ofrecer condiciones de suministro estables y adaptadas a volúmenes de compra recurrentes, así como un contacto directo y continuado con el equipo comercial.

El enfoque mayorista de Almacenes Toledo se refleja en la organización de su oferta y en su modelo de atención personalizada. A través de una red consolidada de clientes, el distribuidor mantiene relaciones comerciales estables con puntos de venta minoristas, negocios especializados y profesionales del ámbito educativo y sanitario. La estructura de producto está pensada para abastecer tanto a pequeños comercios como a negocios con un volumen elevado de rotación, siempre con disponibilidad inmediata y renovaciones periódicas de stock.

Ropa de bebé y canastilla con criterios de funcionalidad

La categoría de primera infancia ocupa un lugar destacado en el catálogo, con productos seleccionados por su funcionalidad, facilidad de uso y adaptabilidad. Desde prendas básicas hasta complementos textiles, la gama se orienta a cubrir el equipamiento necesario para los primeros meses de vida. La propuesta mantiene un equilibrio entre calidad, diseño y precio, permitiendo a los profesionales acceder a soluciones competitivas y de calidad.

En un sector caracterizado por la estacionalidad y la rotación constante de referencias, el papel de Almacenes Toledo como mayorista de moda infantil, bebé y canastilla se mantiene como un referente de continuidad, experiencia y especialización.

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