Denunciantes de casos de corrupción de todo el mundo celebraron una reunión secreta en España con académicos, juristas y organizaciones que trabajan para terminar con el acoso a los primeros. La cita se produjo en Barcelona entre los días 19 y 21 de septiembre, según supo MONCLOA.COM.
En las reuniones estuvieron presentes tres denunciantes de casos de corrupción y organizaciones y expertos de veinte países. Los participantes decidieron no hacer públicos sus encuentros y celebraron sus reuniones a puerta cerrada. Eso sí, entre las organizaciones que luchan por mejorar la protección de las personas que llevan casos de corrupción ante policías y fiscales se encontraban cuatro españolas.
Uno de los informantes que participó (whistleblower en su acepción inglesa) también fue español. Se trata de Ana María Garrido, una de las personas clave para desvelar los negocios ilícitos de la trama Gürtel. Garrido hizo un recorrido de la proposición de ley española sobre el tema, con la que es muy crítica.
Los participantes en la reunión analizaron la directiva europea sobre protección de denunciantes de casos de corrupción que está debatiéndose en el Parlamento Europeo tras ser aprobada por la Comisión. El resultado de los trabajos realizados en Barcelona pretenden influir en las enmiendas a esta norma europea.
La propuesta presentada por la Comisión Europea ha recibido críticas debido a que establecía que los denunciantes debían hacerlo, en primer lugar, mediante los cauces internos. No sería hasta una segunda fase cuando podrían acudir ante las autoridades y, finalmente, a la prensa.
El texto que salió de la Comisión para ser tramitada en el Parlamento Europeo pretende proteger a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras represalias. Según el proyecto, todas las empresas de más de cincuenta empleados, o con un volumen de negocios anual superior a 10 millones de euros, deberán crear un procedimiento interno para gestionar este tipo de denuncias. La norma obligaría a las administraciones públicas, salvo a municipios de menos de 10.000 habitantes.
Para prevenir represalias, la propuesta establece que, en caso de sufrirlas, el denunciante debe tener acceso a asesoramiento gratuito. También destaca que los denunciantes estarían exentos de responsabilidad en los procesos judiciales por la revelación de información.
En España, una propuesta legal que llevó Ciudadanos al Congreso de los Diputados el año pasado en el mismo sentido se encuentra aparcada desde entonces debido al bloqueo a su tramitación en su debate en comisión.
ESTATUTO JURÍDICO DEL ARREPENTIDO
Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó el pasado verano en el Congreso de los Diputados que es urgente modificar la ley que regula la protección de testigos, con el fin de crear un estatuto jurídico del arrepentido para el caso de los delitos en el sector público.
Igualmente, la Fiscalía General del Estado defiende en su Memoria Anual, presentada el mes pasado, la necesidad urgente de una regulación de protección del denunciante. Según recoge esta Memoria, las personas que tienen conocimientos de delitos de corrupción no suelen denunciarlos por temor a las represalias.
El caso de Ana María Garrido, participante en la reunión de Barcelona y que como funcionaria descubrió lo que posteriormente dio lugar a la investigación del caso Gürtel, es paradigmático. Tras negarse a participar en concesiones públicas irregulares fue apartada de su puesto de trabajo.
Posteriormente, Garrido tuvo que pedir una excedencia y, a su vuelta, sufrió acoso laboral por parte de sus superiores. Sus denuncias han sido ratificadas por los tribunales, mientras que el Ayuntamiento las ha recurrido en todas las instancias. A raíz de ello, esta funcionaria renunció a su trabajo en el sector público y ha tenido que reconducir su vida laboral con la creación de una pequeña empresa.
