La Fundación Nacional Francisco Franco responde al Gobierno que los documentos de su archivo son privados y que no se los han apropiado indebidamente. Este posicionamiento se produce después de que se conociera que el Ejecutivo estudia si esta entidad ha incurrido en una retención indebida de documentos públicos.
El archivo de esta fundación contiene miles de documentos de ministerios, embajadas, servicios de información y organismos públicos, además de otros que, siendo del entonces Jefe del Estado, también deben ser considerados como públicos, según la normativa.
Esta documentación estuvo durante años en poder de la familia del dictador y de la Fundación Nacional Francisco Franco, hasta que llegó a un acuerdo con el Estado para realizar copias microfilmadas que se encuentran en el archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Los originales siguen en la Fundación, que cobró 150.000 euros por la realización de las copias.
Sin embargo, el Estado ni siquiera cuenta con todas las copias, ni todas las que tiene son de calidad. De los casi 30.000 documentos, no hay copia de, al menos, 132 de ellos. El resto del material incluye imágenes mal ordenadas, mal capturadas, con dificultad para la consulta o en la que no coincide la imagen con la descripción realizada en una especie de índice que las acompañaba. Así consta en un informe del archivo de Salamanca y puede comprobarlo cualquier investigador que consulte este fondo.
Según una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet, el Gobierno anunció que iba a comunicar a la Fundación Franco “el carácter público” de los documentos de su archivo. El senador se interesaba en su pregunta sobre el futuro de estos documentos, que llevan en manos de esta fundación desde la muerte de Franco.
En su respuesta, el Gobierno anunció que advertiría a esta entidad para que cumpliera las normas “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación de estos bienes muebles”.
«El Estado analiza la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación de estos bienes muebles”
La ley del patrimonio histórico español considera que los documentos generados por cualquier organismo o entidad pública, así como los reunidos por cualquier persona gestora de servicios públicos en el ejercicio de su función, forman parte del patrimonio documental del Estado.
Este patrimonio debe estar en manos públicas. La propia ley prevé sanciones a quienes retengan en sus manos indebidamente estos documentos, de 60.000 euros, así como la obligación de devolverlos. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, niega que este sea el caso de los documentos en su poder.
En cualquier caso, ante la posibilidad de esta sanción, que publicó MONCLOA.COM, y también ante las afirmaciones del Gobierno, la fundación afirma que se trata “de lecturas apresuradas y falta de conocimiento sobre la FNFF y su trabajo diario”.
Los responsables de la Fundación no desmienten que se trate de miles de documentos de organismos públicos, pero se acogen a que el archivo es privado y que la documentación no ha sido detraída de ningún archivo de la administración al que debiera restituirse, “como se quiere sugerir”.
Para respaldar su punto de vista señalan que este fondo está reconocido por el Estado como archivo privado, según el censo guía del Ministerio de Cultura y el convenio firmado con este departamento en 2001. A esto añaden que se encuentra adherido al sistema español de archivos y que el Estado reconoce en su descripción que los fondos proceden del “despacho y dependencias privadas del que fue Jefe del Estado español, Francisco Franco”
Efectivamente, la consulta en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o a través del portal de internet de los archivos estatales clasifica como privado el archivo de la Fundación Francisco Franco. Esto no quiere decir que los documentos que contiene no tengan carácter público debido a su origen, como ha dicho el Gobierno que va a recordar a la entidad heredera del ideario del dictador.
LA CORRESPONDENCIA DE FRANCO
Según esta fundación, los fondos propios de la Jefatura del Estado sólo son los que se custodian en el archivo del Palacio de Oriente de Madrid. Los responsables del archivo de Franco desmienten que hayan incurrido en ninguna apropiación o retención indebida e intentan reforzar su posición recordando que el rey Juan Carlos inauguró en su día la Fundación Nacional Francisco Franco.
La propia Fundación describe el contenido de su archivo en su página web como una documentación compuesta por “correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero, informes confidenciales del Estado Mayor, distintos ministerios y embajadas, borradores de leyes con anotaciones manuscritas del propio Franco al margen, etc.”
El Gobierno, en su respuesta a la pregunta del senador Mulet, señaló que recordará a la Fundación su deber de cumplir con las normas sobre estos documentos. Entre ellos se encuentran algunos que tienen el sello de secreto, aunque los responsables de la Fundación han afirmado en el pasado que no tienen tal carácter sólo por este detalle. Lo cierto es que el Estado no permite el acceso a las copias de algunos de ellos depositadas en Salamanca.
