El futuro de la ley LGTBI está en manos de Ciudadanos. Después de que Vox haya anunciado la “ruptura” de sus relaciones con el PP por no cumplirse el reparto de concejalías pactado en el Ayuntamiento, las condiciones para alcanzar un gobierno de derechas en la comunidad pasan por modificar ciertas leyes. Y una de ellas es la que regula la LGTBIfobia.
Vox ya ha expresado en más de una ocasión su disconformidad con dicha norma. Lo han mostrado públicamente y también durante el desarrollo de las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Una exigencia que consideran imprescindible para apoyar a Isabel Díaz Ayuso y que ahora depende de Ciudadanos para frenar su modificación.
La asociación madrileña Arcópoli, que trabaja por la integración social y legal del colectivo LGTB, confía en que la formación naranja no ceda al chantaje de Vox. El miembro de la Ejecutiva, Rubén López, afirma que para ellos “sería una traición” que Cs permitiera cambiar dicha norma.
EL NACIMIENTO DE LA LEY LGTBI EN MADRID
La ley nació en el año 2016, bajo el mandato de Cristina Cifuentes y ya generó controversia en su momento. Algunos de los puntos que recoge fueron demasiados avanzados para los populares, que tuvieron que afrontar un intenso debate en sus filas para alcanzar un acuerdo. Y en ciertos casos ni se consiguió.
El proyecto inicial de la ley, redactado por el PP, tuvo que sufrir bastantes modificaciones después de que la oposición presentara 138 enmiendas (76 de ellas del PSOE). Finalmente, la norma fue aprobada en la Asamblea de Madrid por unanimidad, aunque dos diputados de la bancada popular decidieron no acudir al pleno para evitar enfrentarse a la decisión del partido.
López considera que, a pesar de que están satisfechos con la ley, todavía quedan muchos puntos por mejorar y que ya plantearon en el borrador que enviaron a los diferentes partidos antes de su aprobación. El miembro de Arcópoli recuerda aquellas conversaciones previas con PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos e insiste en que la formación naranja “estuvo con nosotros desde el principio”.
Y por eso cree que “no van a cambiar la ley”. López remarca que ahora no es “el momento para retroceder”, aunque duda de que el PP se mantenga tan firme como Cs. Los populares fueron los que más pegas pusieron al proyecto de ley y no les extrañaría que intentaran modificar ciertos aspectos para ganarse el favor de Vox.
LA IMPORTANCIA DE LA LEY EN LA COMUNIDAD
La norma lleva funcionando tres años y la valoración sobre la misma es bastante positiva. López, que también es director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, asegura que hay “345 incidentes de odio por LGTBI” registrados y “gracias a la ley” se ha ayudado a las víctimas. Por ello califica de “imprescindible” que siga funcionando en la comunidad.
Sin embargo, para Vox, esta norma es demasiado avanzada. De hecho, a Rocío Monasterio no le ha gustado incluso desde antes de convertirse en diputada de la Asamblea de Madrid. En el año 2016, cuando se aprobó, ella se adhirió a un manifiesto, junto a otras personas y organizaciones, donde mostraba su disconformidad con algunas medidas.
El gran parecido de la ley madrileña con la aprobada por el socialista Guillermo Fernández Vara en Extremadura también fue otro motivo de rechazo para Monasterio. En el escrito que han presentado, y que esperan que tanto PP como Ciudadanos suscriban, piden cambiar o eliminar más de una decena artículos entre la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación.
De esta última, uno de los artículos afectados es el 29, donde se especifica que la Comunidad tendrá que elaborar una Estrategia integral de educación y diversidad sexual, así como de identidad o expresión de género. Este plan deberá integrarse en todos los centros y etapas educativas para así evitar el acoso o la discriminación.
La ley también tiene previsto, en su artículo 30 (otro que quieren derogar), el desarrollo de actividades específicas, sostenidas por fondos públicos, para el reconocimiento de la igualdad del colectivo. La candidata de Vox a presidir la comunidad se ha posicionado en contra de estos talleres, incluso ha afirmado que en ellos se enseñan a los más pequeños cuestiones como “la zoofilia o la parafilia”.
Además, la madrileña considera el colectivo LGTBI como una especie de lobby que quiere adoctrinar e imponer sus ideas, y como tal, quiere que se supriman “subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes, sindicatos, patronales o empresas públicas que tengan carácter ideológico«.
LAS OTRAS RECLAMACIONES DE VOX
A pesar de que las leyes que protegen los derechos LGTBI son las que más disgustan a Vox, no son las únicas que quieren modificar o derogar. También imponen como requisito la creación de una Consejería de Familia y Natalidad o, en referencia a la Educación, la aprobación de un “pin parental” para que los padres puedan excluir a sus hijos «de actividades contrarias a sus convicciones».
Otra de sus “condiciones mínimas” para alcanzar un acuerdo sería retirar la sanidad pública a los inmigrantes que no están en situación regular, es decir, sin papeles. En lo relativo a la inmigración, los ultraderechistas también incluyen la premisa de “repatriar a los menores migrantes no acompañados” que lleguen a la comunidad.
Estas son algunas de las condiciones que el partido de Santiago Abascal ha impuesto para investir como presidenta a Díaz Ayuso. Vox ya ha cedido a su pretensión de querer formar parte del Ejecutivo. En su lugar reclaman que PP y Cs firmen junto a ellos un programa único de gobierno en el que se respeten sus reclamaciones o no retomarán las negociaciones con los populares. Con esta premisa también presiona a los de Rivera para que se sienten nuevamente con ellos.
La fecha límite que Vox ha puesto para cerrar ese acuerdo sería el 2 de julio, el mismo día que vence el plazo para que el presidente de la Asamblea proponga un candidato para la investidura del día 11. Si Ayuso no consigue el apoyo de los 12 diputados de Vox, todo el proceso para elegir presidente se alargaría hasta septiembre.
