El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido que su formación rechazará en el Parlamento el «indulto encubierto» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere aplicar con la reforma de los delitos de rebelión y sedición para sacar a los presos del ‘procés’ de prisión. El Gobierno anunció la decisión de promover una revisión de estos delitos mediante una reforma del Código Penal, con el fin de que “se ajusten mejor a la realidad actual”, si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma.
Según la versión del líder del PP, Sánchez quiere cambiar el Código Penal para sacar de la cárcel «a sus socios condenados por sedición», en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el mismo delito que, de este modo, se podrían beneficiar de una rebaja de sus condenas. El Gobierno alega que la reforma del Código Penal se aplicará a diferentes delitos, no sólo a los relacionados con actuaciones del independentismo en Cataluña, sino también, respecto a otros relacionados con la libertad sexual o el ámbito medioambiental.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha confirmado la voluntad del presidente de promover en el Congreso de los Diputados un «debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios» sobre la reforma del Código Penal que incluya la «tipificación de los delitos vistos respecto a los comportamientos producidos en Cataluña», en referencia a la rebelión y la sedición.
«Es un indulto encubierto para pagar sus votos en la investidura», ha denunciado Casado en un mensaje publicado en redes sociales sobre la abstención de ERC que posibilitó que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez.
Aunque desde el Ejecutivo no está decidido si la propuesta de reforma del Código Penal partiría del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley, el PP ya ha adelantado su rechazo a esta modificación.
«Una cesión intolerable que rechazaremos en el Parlamento, como la amnistía que exigen los independentistas», ha señalado el líder del PP al respecto.
Si el PSOE aspira a reformar el Código Penal con el apoyo del PNV y de partidos independentistas difícilmente la revisión podría ir encaminada a endurecer este tipo de delitos.
Desde el Gobierno se adelanta que se tenderá la mano al PP para intentar sumarlo al acuerdo respecto de la reforma del Código Penal porque se trata de una revisión de tal calado que sería bueno que contara con el consenso de un partido de gobierno como el PP para garantizar el mantenimiento en el tiempo de esa reforma.
Desde el PP, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado que esta medida no es más que «un «indulto oculto» por parte de Sánchez, que es «lo mismo que entrar por la puerta de atrás» al dejarles una pena menor que les permita a los políticos independentistas encarcelados «estar en las calles a la vuelta de la esquina». «Es un indulto encubierto y me parece alarmante porque va en la línea que decía Rufián en el debate de investidura», ha insistido.
«Para que lo entienda todo el mundo, es un a ver cómo sacamos a Junqueras y a los demás lo antes posible de la cárcel que es lo que pedía Rufián en el debate de investidura. Porque reducir las penas del Código Penal favorece a los políticos acusados de rebelión», ha destacado Maroto, quien ha puntualizado que Sánchez está haciendo «exactamente lo que le piden» los independentistas que pasa por su reunión con Torra y la rebaja de las penas en el Código Penal.
AJUSTAR EL CÓDIGO PENAL A LA REALIDAD
El Gobierno está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que se ajusten mejor a la realidad actual, si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.
En cualquier caso, la portavoz del Gobierno ha recordado que la reforma del Código Penal no se suscita exclusivamente por la conveniencia de actualizar los delitos de rebelión y de sedición por los que se ha juzgado a los líderes del ‘procés’, sino también por la necesidad de revisar los delitos sexuales con la idea de introducir el consentimiento expreso en las relaciones.
En definitiva, el fin que busca el Gobierno es que el Código Penal «recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de la realidad» actual y «aclare determinados comportamientos delictivos». «Vamos con un planteamiento abierto», ha señalado.
