El exalcalde de Getafe, Juan Soler, por fin respira tranquilo. Después de meses de incertidumbre, la Justicia le ha dado la razón y ha revocado su imputación después de que el pasado julio volvieran a presentar una denuncia por supuesta prevaricación, que ya había sido sobreseída con anterioridad. El también exsenador popular estaba siendo investigado por unas presuntas irregularidades cometidas en un proyecto de remodelación de un edificio público de la ciudad madrileña, el conocido como caso Teatro.
Las obras en cuestión pretendían reformar un edificio para convertirlo en el Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas. Sin embargo, Soler, desde un principio, manifestó que él no había tenido nada que ver con las supuestas irregularidades de este proyecto porque fue tramitado exclusivamente por funcionarios del consistorio getafense. Según ha defendido el exalcalde en más de una ocasión, él “jamás” se ha reunido con ellos para tratar esta cuestión.
UNA DENUNCIA BAJO SOSPECHA
La noticia de la investigación sorprendió al propio exsenador popular, que calificó la misma de “una persecución política”, ya que esa denuncia había sido presentada en 2015 y sobreseída por la Justicia. El denunciante en esta ocasión era el candidato de Impulsa Getafe, Roberto Benítez, que, según afirmaron fuentes cercanas al Ayuntamiento a este periódico, resulta clave para entender el caso. El demandante fue asesor del exalcalde socialista Pedro Castro, a quien Soler le arrebató el bastón de mando de la alcaldía. Fue en este momento, según estas fuentes, cuando comenzó lo que consideran el linchamiento de los populares.
Los dirigentes del PP, durante sus años de mandato, tuvieron que hacer frente a varias denuncias de la oposición. Sin embargo, lo que más sorprende, según fuentes cercanas a los imputados, son las dimensiones del caso. Han sido alrededor de 50 personas investigadas por un contrato de remodelación de 72.300 euros, que de haberse reducido a 60.000 euros podría haberse adjudicado a dedo. Para más inri, la reforma en cuestión fue gestionada íntegramente por funcionarios, sin mediación del Ejecutivo local. El propio Soler ha insistido en varias ocasiones que “nunca me he reunido con ningún funcionario ni les he indicado cómo deberían hacer su trabajo. Ni yo ni ninguno de mis concejales”.
Los informes de los fiscales tampoco aportan luz al caso, incluso se manifiestan contradicciones. Las apreciaciones entre la fiscal sustituta y el que llevaba originalmente el caso varían en algunos aspectos. De hecho, fue la fiscal sustituta la que mandó investigar a 33 personas una semana después de ser relevada. Los acusados (incluso alguno de ellos ha tenido que pasar la noche en el calabozo) no entienden cómo después de casi cinco años el caso sigue vigente sin que se hayan encontrado indicios suficientes para elevar la causa a otras instancias mayores como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
LA JUSTICIA RESPALDA AL EXALCALDE DE GETAFE
Ahora la Justicia le ha dado la razón a Soler y ha admitido su apelación para revocar la decisión del Juzgado de Instrucción nº 4 de Getafe, que era el que había pedido su imputación. Según la resolución de la sección nº 3 de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso este diario, “la Sala considera que tratándose de persona aforada, ciertamente el Juez de Instrucción carecía de competencia objetiva para sustanciar la investigación, y por consiguiente, también para acordar su prórroga en relación a la misma”.
Este espaldarazo ha aliviado al exalcalde de Getafe, quien asegura que “siempre he sabido que se iba a aclarar todo”. En declaraciones a MONCLOA.COM, el popular añade que durante el procedimiento solicitó declarar, pero la petición se fue posponiendo y, por ende, dilatando en el tiempo la resolución del caso. “Imaginaba, por cómo se ha desarrollado todo, que se cometería un error invalidante de procedimiento, porque la obsesión contra mí no se justifica”, apostilla.
