El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparecerá este miercoles ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
La juez le ha citado a las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial, para que explique por qué autorizó manifestaciones los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.
La comparecencia tendrá lugar justo un día después de que la magistrada haya inadmitido los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y rechace anular la causa, tal y como solicitaban.
La investigación se inició el 23 de marzo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitió la denuncia presentada por un particular por estos hechos. Desde entonces trata dilucidar desde cuándo conocía la Delegación del Gobierno en Madrid el riesgo de contagio por coronavirus y si omitió la alerta que emitió el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el 2 de marzo, así como las recomendaciones sanitarias.
Sin embargo, tanto la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, como la Fiscalía de Madrid se han opuesto a mantener viva la causa. Por un lado, los servicios jurídicos del Estado han recurrido casi todas las resoluciones de la juez Rodríguez-Medel y la práctica de todas las diligencias de investigación.
La Abogacía asegura que la magistrada ha querido convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.
Por su parte, la Fiscalía tampoco ve que el delegado del Gobierno haya cometido un delito de prevaricación, ya que ni ha dictado resolución ni ha omitido «norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad». En este sentido, añade que Franco no tiene competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias.
INFORMES DEL FORENSE Y DE LA GUARDIA CIVIL
Para esclarecer los hechos, la magistrada solicitó al médico forense adscrito al juzgado que analizará si la manifestaciones «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas», y a la Guardia Civil que investigara la actuación del delegado del Gobierno y el curso dado a las advertencias sanitarias.
Precisamente este lunes, la juez ha recibido un segundo informe del perito, en el que afirma que «la hecatombe en España» que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus «se veía venir» desde semanas antes del 8 de marzo.
El forense entregó este segundo documento después de que la juez instructora de Madrid acordará el pasado 25 de mayo devolver sus primeras conclusiones por si quería ampliarlas tras recibir el informe de la Guardia Civil.
En cualquier caso, el perito afirma en sus informes que «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus de covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc».
Así, al no ver «relación de causalidad», la juez Rodríguez-Medel retiró la imputación por lesiones imprudentes y continuó la investigación por una presunta prevaricación administrativa. No obstante, el forense ha indicado en ambas ocasiones que de haberse evitado dichas manifestaciones «se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad».
Para la Abogacía del Estado, la magistrada busca con este segundo informe del forense volver a imputar el delito retirado a Franco. En su opinión, tanto el informe del forense como el de la Guardia Civil no se basan en datos «objetivos» ni «científicos».
CONOCÍA EL RIESGO DESDE «MEDIADOS DE FEBRERO»
La Guardia Civil también ha entregado al juzgado dos informes en los que asegura que la Delegación del Gobierno de Madrid tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde «mediados de febrero», cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal.
Esto contrastaría con el argumento de la Delegación del Gobierno, que defiende que no tuvo ninguna noticia o alerta sobre el riesgo de contagio por el virus hasta el pasado 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria.
Asimismo, los agentes del Instituto Armado también cuestionan que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el pasado 2 de marzo.
Estos informes han suscitado una crisis política por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.
Todo ello coincidió con un oficio que envió la magistrada a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que se inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas. Así, advirtió que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
Después de la declaración de José Manuel Franco será el turno del secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, quiénes comparecerán también el miércoles en calidad de testigos.
Al día siguiente, a partir de las 09.00 horas, la juez instructora continuará con la ronda de testigos y escuchará a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativo del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz; y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.
Después comparecerán tres promotores de manifestaciones Javier Gómez Ochoa, de CC.OO. Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de ‘Anonymus for the voiceless Animal Save’; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.
Las declaraciones continuarán por la tarde cuando acudirán a la sede judicial los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Son: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O’Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
