La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que se «impone unilateralmente» a las entidades locales «a cubrir sus propios costes de gestión» del nuevo ingreso mínimo vital. De acuerdo a su cálculo, los ayuntamientos contribuirán económicamente con más de 70 millones de euros anuales a la gestión de esta ayuda, «utilizando para ello exclusivamente el superávit que la propia corporación local tuvo en el ejercicio anterior».
El Congreso de los Diputados ratificó ayer el Real Decreto Ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, un «nuevo gran avance» del Estado del Bienestar, tal y como ha remarcado la asociación, que destaca el «plausible el esfuerzo» del Gobierno para alcanzar un acuerdo de aprobación «en tan breve período de tiempo».
Eso sí, para la asociación es «clamorosa la falta de reconocimiento», en cuanto a financiación se refiere, «del compromiso que asumen los ayuntamientos en la gestión» del ingreso mínimo y de la generosidad que de nuevo se les exige en pro del reconocimiento de un nuevo derecho social a favor de sus vecinos».
«Sólo vía superávit de su propia Corporación Local podrán recibir los Servicios Sociales Municipales la financiación necesaria para reforzar sus estructuras y atender -con un mínimo de dignidad- las solicitudes de las 850.000 familias que se esperan atender en el primer decil de pobreza», ha apuntado.
«A COSTA DE LA HUCHA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL»
Así, apunta que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales son una «preciosa herramienta de gestión capilarizada» de este ingreso mínimo a través de los más de 8.000 Ayuntamientos del país». Y se hace, según ha agregado, «a costa de la hucha» de la Administración Local», que es su superávit «hasta ahora intocable».
En este contexto, han pedido «encarecidamente» al Ministerio de Seguridad Social «que vía desarrollo reglamentario subsane inmediatamente la incongruencia de asumir una nueva competencia» y, a su vez, «el compromiso de su autofinanciación.
«Una vez más en la historia de la Administración española será la administración de proximidad -la administración local- y con ella los Servicios Sociales los que resulten decisivos en la ampliación de los derechos sociales de sus vecinos, con una generosidad -nuevamente- poco reconocida», ha añadido la asociación al respecto.
‘YO INVITO, TÚ PAGAS»
«Ya tenemos antecedentes del uso de esta técnica del «yo invito y tú pagas» en el ámbito de lo social y los resultados, como en el caso de la atención a la dependencia, no pueden ser más claros: sobrecarga del sistema y sus profesionales y lentitud y disfuncionalidades en la consecución de los objetivos que la norma de origen dice perseguir», ha apostillado la asociación.
Tal y como ha denunciado, «financiar este nuevo esfuerzo de las Entidades Locales a través del incierto superávit del año anterior» es «a todas luces un pan para hoy y hambre para mañana» que no arroja sino grises augurios sobre la sostenibilidad a futuro del entramado de gestión sobre los que se apoya el nuevo derecho social».
«Estaremos vigilantes de que, si el Ministerio, al contrario de lo que proponemos, no realiza las aportaciones financieras necesarias en los anunciados convenios, al menos las entidades locales cumplan con las obligaciones que esta nueva «invitación» de la AGE les impone y no caigan en «la tentación» de exigir de sus Servicios Sociales que, con lo puesto y sin otro refuerzo, asuman la carga administrativa que la nueva prestación va a suponer», han avisado.
«OSCURANTISMO Y POCA CONSULTA» A CCAA Y ENTIDADES LOCALES
Desde la asociación ha apuntado que durante todo el proceso de gestación de la nueva norma, el Ministerio de Seguridad Social liderada por José Luis Escrivá «ha mantenido una actitud de cierto oscurantismo y poca consulta tanto con Comunidades Autónomas, como con Entidades Locales, como con entidades del tercer sector, limitándose a suministrar informaciones y mensajes que más parecían globos sonda que una verdadera actitud de colaboración e intercambio».
De hecho, ha denunciado que a día de hoy «ni las Comunidades Autónomas tienen claros los límites y condiciones de su participación», ni se ha cerrado un acuerdo con las Entidades Locales. Al respecto, asegura que solamente ha trascendido un borrador de propuesta de convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que es «muy discutible y que no aborda la condición «sine qua non» de la financiación».
Además, lamenta que «tampoco a las entidades del tercer sector se les ha aclarado su anunciada y discutible participación, más allá de pedirles un esfuerzo por la información a los posibles beneficiarios con los que estén en contacto».
Así pues, apostilla que, a la espera de que el Ministerio «vaya aclarando no pocas dudas en el desarrollo reglamentario» de este ingreso mínimo, «queda palmaria la utilización de la administración local» como «brazo ejecutor de buena parte del procedimiento administrativo necesario para conseguirlo, con excepción de la capacidad resolutoria». Además, es usado como agente «de difusión y de orientación e información de los usuarios hacia el nuevo derecho», tal y como agrega la asociación.
