Muchos lo aplauden. Primero ha sido el ingreso mínimo, que costará a las arcas públicas alrededor de 3.000 millones de euros, según detalló el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A esto hay que sumarle el paro, el pago de los trabajadores que han sufrido un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) y la crisis en general. Pero a pesar de la situación, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha propuesto una nueva medida (aún pendiente de revisión) que costaría otros 10.000 millones de euros: nacionalizar las residencias de ancianos, muy golpeadas durante la pandemia por la falta de recursos. Nadie discute su fondo, pero ya hay miembros de la oposición y algunos economistas que se preguntan de dónde saldrá el dinero para pagar todo el gasto social que ha asumido el Gobierno.
Pablo Iglesias está inmerso en una guerra de reproches por la gestión de las residencias. Desde Vox y el PP le responsabilizan directamente del hecho de que la mayor parte de los fallecidos por Covid-19 procedan de residencias de ancianos. Algunos, como el presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguran que quien asumió esas competencias fue el vicepresidente social al principio de la legislatura. Sin embargo, desde Unidas Podemos aseguran que esa responsabilidad no era de su líder, sino de las comunidades autónomas. Razón por la que culpa con especial ahínco a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es por eso que Unidas Podemos ha presentado ya en dos comunidades (Castilla y León y Madrid) una propuesta para la crear comisiones de investigación para aclarar qué ocurrió en los centros de mayores para que ofrezcan esas cifras de fallecidos tan abultadas. Y al mismo tiempo, Iglesias ha elevado el tono y ha puesto sobre la mesa del Gobierno otra medida que consiste directamente en nacionalizar las residencias de ancianos, algo que costaría a las arcas públicas entre 6.000 y 10.000 millones de euros más.
De las más de 5.400 residencias que hay en España, al menos el 70% se gestionan de forma privada. Esto significa que todas esas plazas deberían ser asumidas por el Estado, algo que costaría entre 6.000 y 10.000 millones de euros, tal y como aseguran fuentes jurídicas al diario La Razón. Todo en un contexto en el que cualquier previsión augura un escenario complicar a nivel económico para España.
El frente de las residencias es un punto clave en todo este conflicto entre el Gobierno y las autonomías. La competencia en su gestión, pese a los reproches, es de las comunidades autónomas, no de Iglesias. Pero aun así, es cierto que no han podido responder en condiciones a la pandemia. Y de ahí que Unidas Podemos haya dejado caer otra nueva medida que por racional que parezca, costará a las arcas del Estado mucho más dinero.
Todo esto, en un contexto en el que hasta hace unos pocos meses había quejas a nivel político por la sostenibilidad del sistema de pensiones. Unas pensiones que se pagan con las cotizaciones de los trabajadores cuyos empleos son cada vez más precarios (y por tanto aportan menos cantidad de dinero a la Seguridad Social) y que se verán afectadas por la elevada cifra de paro que llegará por la crisis.
A MAMAR DE LA UE
A pesar del plan de choque de la Unión Europea, que consiste en conceder a los países más afectados por la crisis millones de euros, las cuentas no salen. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco de España ya han hecho sus estimaciones y auguran que nuestro país caerá en 2020, como mínimo, alrededor de un 10% del Producto Interior Bruto (PIB), punto arriba o punto abajo. Esto significa que España vería cómo su economía se contrae de forma exagerada en el mismo momento que asume una cantidad de gastos sin precedentes, sea el ingreso mínimo o la nacionalización de los centros de mayores.
La UE contempla que España reciba alrededor de 140.000 millones de euros en los próximos meses, la mitad a fondo perdido y la otra mitad en forma de crédito, con intereses. Algunos economistas, como Santiago Niño-Becerra, el mismo que auguró la crisis del 2008, consideran que a pesar de todas estas ayudas, a finales de año España tendrá que ser rescatada por la UE, algo que aleja la idea de asumir más gastos.
