El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado el próximo 22 de julio a la diputada de Junts per Catalunya (JXCat) Laura Borrás parar tomarle declaración calidad de investigada por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
La citación se produce después de el instructor de la causa recibiera la semana pasadala autorización del Congreso para investigar a la diputada, que por dicha condición es aforada ante el alto tribunal.
Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Manresa y finalmente remitida al Tribunal Supremo las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización, por valor de 259.863 euros, que fueron adjudicados a un amigo personal de Borrás, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.
Porres, uno de los magistrados más modernos de la Sala de lo Penal de Supremo, ya citó a Borrás el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación y ha sido necesario cursar un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer.
La instrucción de Porres apunta posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borrás que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración «carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso en su exposición razonada al Congreso.
Igualmente, el juez encuentra indicios de malversación -por un valor total que aún no se ha cuantificado- y también de fraude administrativo y también documental.
ORIGEN DE LA CAUSA
La investigación a la diputada de JxCat nace de la instrucción que abrió un juzgado de Maresa en 2017 contra Isaías Herrero por un presunto delito de falsificación de moneda al que después se sumaron falsedad documental y tráfico de drogas.
En el marco de esta causa, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del «amigo» de Borrás de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas.
El juzgado de Manresa finalmente se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde continuó la investigación y se confirmó el «modus operandi seguido en el periodo 2014-2017 consistente en dividirla contratación del servicio en contrato menores de menos de 2018», explica la resolución. Fue este tribunal el que elevó la causa al Supremo dada la condición de aforada de Borrás como diputada en el Congreso.
PRUEBA CLAVE, LOS CORREOS
La prueba clave se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borrás señala de «forma muy explícita» a Herrero como debía proceder.
Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitaron para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue para una de las empresas de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.
También existen indicios de que Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.
El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba Porres en su escrito al Congreso, «permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero».
Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que «con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí», en alusión al ILC y que tiene que hacer «dos presupuestos buenos y cuatro no buenos…». Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.
