EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia recurrir el trasvase de 120 hectómetros cúbicos del Tajo-Segura aprobado para julio y agosto.
- ¿Quién está detrás? La Junta de Comunidades, presidida por Emiliano García-Page, con críticas directas al Gobierno central, a Vox y al Partido Popular.
- ¿Qué impacto tiene? La vía judicial busca frenar una derivación que, según la región, incumple la sentencia del Tribunal Supremo y perjudica la cuenca del Tajo.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha recurrirá judicialmente el nuevo trasvase del Tajo-Segura de 120 hectómetros cúbicos, aprobado para julio y agosto.
Un trasvase de 120 hm³ y una sentencia pendiente
La portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, confirmó tras el Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos están analizando la impugnación. “Cumplir la ley no es cuestión de mayorías, sino de voluntad y rigor”, señaló, subrayando que el Gobierno central sigue sin modificar las reglas de explotación pese a la sentencia del Tribunal Supremo que lo ordenó. Castilla-La Mancha mantiene abierta una vía judicial contra trasvases anteriores y ahora suma este nuevo envío, el mayor de los últimos meses.
Padilla acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber “agotado el plazo” para reformar ese marco. Según la Junta de Comunidades, el trasvase, que abastecerá las provincias de Alicante, Murcia y Almería, perpetúa un modelo “insostenible” que esquilma la cabecera del Tajo. “Las consecuencias son 120 hectómetros cúbicos en dos meses”, repitió.
La estrategia judicial no es nueva. La región ya pidió al Tribunal Supremo la ejecución forzosa de su fallo. De hecho, la modificación de las reglas de explotación no requiere mayorías parlamentarias —insistió— sino una decisión política del Gobierno de España. El tiempo, en palabras de la portavoz, “está más que agotado”.
El trasvase de 120 hm³ para este verano reactiva el conflicto del agua, con Castilla-La Mancha dispuesta a llevar cada trasvase ante los tribunales.
Las críticas a Vox y al PP: el Tajo, Portugal y la demagogia
El Ejecutivo de García-Page también apuntó a la oposición. A Vox le reprochó un discurso que, en su opinión, confunde a agricultores y ciudadanos. Padilla ironizó: “La gente de Vox a lo mejor tiene que volver al colegio y ver dónde nacen los ríos y dónde desembocan. El Tajo desemboca en el Atlántico, en Portugal”. Y recordó que el partido de David Moreno (teniente de alcalde de Talavera de la Reina) ignora que desviar el cauce hacia el Levante afectaría directamente a esa ciudad.
Al Partido Popular, en concreto a su líder en la región, Paco Núñez, le reclamaron que no se plieguen a las directrices nacionales de su formación. “Tienen que ser valientes y enfrentarse a sus jefes en lugar de plegarse”, exigió la portavoz. La Junta defendió el recorrido natural del río y los caudales ecológicos que marca la normativa europea. “Los ríos tienen su cauce natural y deben tener su caudal mínimo de agua”, zanjó.
La portavoz ha defendido que el recorrido natural del Tajo forma parte del equilibrio del río y ha insistido en que cuestionar su desembocadura en Portugal supone, a su juicio, desconocer el funcionamiento de de la cuenca.
El Pulso Territorial
El choque hídrico no es un episodio aislado. Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, ha hecho de la defensa del Tajo una de sus banderas identitarias. Gobierna con mayoría absoluta desde 2019, sin necesidad de socios, y utiliza la batalla del agua para marcar perfil frente al Gobierno central de su mismo partido. Mientras, Murcia —beneficiaria histórica del trasvase— lo considera vital para su agricultura intensiva: la mitad de las exportaciones hortofrutícolas españolas dependen de ese flujo. Este verano, la dicotomía vuelve a tensarse: la cuenca cedente reclama justicia ambiental, la receptora, seguridad de riego. El Tribunal Supremo, que ya falló en 2019 obligando a revisar las reglas de explotación, mantiene abierta la ejecución de su sentencia. Si el Gobierno de España no mueve ficha, la batalla judicial podría eternizarse y, a la vez, condicionar la agenda electoral de 2027 en ambas comunidades.
Ficha Autonómica
- El caso: Trasvase de 120 hm³ del Tajo-Segura aprobado para julio y agosto por la Comisión Central de Explotación del Acueducto, que la Junta de Castilla-La Mancha considera ilegal al no haberse actualizado las reglas de explotación.
- Datos importantes: 120 hm³ en dos meses; sentencia del Tribunal Supremo que ordena modificar las reglas; un procedimiento judicial ya abierto contra trasvases anteriores; la Junta estudia recurrir este nuevo envío.
- Resumen: El Gobierno de Emiliano García-Page prepara una ofensiva judicial adicional mientras exige al Gobierno central que modifique las reglas sin más demora. Si no hay cambio normativo, el recurso seguirá adelante y eternizará el conflicto entre las cuencas del Tajo y del Segura.
