El Gobierno de Ayuso ha dado el primer paso para renovar el andamiaje legal de la I+D madrileña. Este martes, el Consejo de Gobierno autorizó el inicio de la tramitaciónde la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Madrid, que sustituirá a la norma de 1998 con la promesa de más financiación para la investigación.
La decisión se materializa con la apertura de una consulta pública previa en el Portal de Transparencia, el trámite inicial antes de que el texto llegue a la Asamblea. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ultima un borrador que, según el Ejecutivo autonómico, aspira a colocar a la región «a la vanguardia europea en investigación e innovación».
El objetivo es ambicioso: pasar de una ley que regulaba fundamentalmente la estructura de los organismos públicos de investigación a un marco que coordine desde la planificación estratégica hasta la divulgación científica. Madrid concentra el 26% del gasto en I+D de toda España, pero arrastraba un déficit normativo que lastraba la agilidad de sus centros.
Lo que cambia respecto a la ley de 1998
La norma vigente, aprobada hace casi tres décadas, no contempla aspectos como la digitalización de los laboratorios ni los ecosistemas de innovación abierta. El nuevo texto introducirá instrumentos de financiación plurianual y un esquema de gobernanza más cercano al de los sistemas europeos de I+D. Entre las novedades, abordará la simplificación de los procedimientos administrativos, una demanda constante de los investigadores.
En la práctica, las universidades y los institutos de investigación llevan años reclamando un marco que agilice la contratación de personal y la compra de equipamiento científico. La futura ley pretende eliminar trámites redundantes y facilitar la transferencia de conocimiento al tejido productivo, y promover una relación más estrecha entre los laboratorios y las empresas.
La internacionalización es otro de los ejes. Se busca que los grupos madrileños participen con más peso en el programa marco Horizonte Europa y se refuercen las medidas de acogida para atraer talento extranjero. La Consejería menciona también la «divulgación científica» como un pilar, aunque sin concretar los recursos que se destinarán a ello.
Madrid concentra una cuarta parte de la I+D española, pero sin un marco legal moderno ese músculo se queda a medio gas.
Lo que la ley no detalla (todavía)
El anuncio del Consejo de Gobierno no concreta la dotación presupuestaria prevista, ni si se crearán nuevas figuras contractuales para investigadores, una reivindicación histórica del sector. Tampoco aclara cómo se coordinará el sistema madrileño con la futura ley estatal de ciencia, aún en tramitación en el Congreso.
El caso catalán puede servir de referencia. Cataluña aprobó su propia ley de ciencia en 2022 y ha logrado atraer inversión en deep tech con centros como el Barcelona Supercomputing Center. Madrid aspira a un modelo similar, pero parte de una posición de fuerza: sus universidades públicas, los hospitales de referencia y el polo del CSIC conforman una base investigadora que pocas regiones europeas igualan.
El calendario legislativo no es inmediato. A la consulta pública le seguirán informes preceptivos, la exposición pública del anteproyecto y el debate parlamentario. La ley podría no estar aprobada antes del verano de 2027. Mientras tanto, la competencia por los fondos europeos de I+D no espera, y los centros madrileños necesitan certezas para planificar sus proyectos.
El sector estará atento al texto que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades publique en el Portal de Transparencia en las próximas semanas. Será entonces cuando se podrá medir si el salto de la ley de 1998 a este nuevo marco es tan ambicioso como el Ejecutivo asegura.
