La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha remitido sendas cartas a los ministros de Transportes, José Luis Ábalos, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que pide que se tomen las medidas «oportunas» para evitar que la caída de vagones de un tren descarrilado al río Sil en Carballeda de Valdeorras (Ourense) dañe el patrimonio natural del entorno.
El departamento de la Xunta indica en la misiva, remitida este miércoles, que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia de unas imágenes en las que unos operarios arrojan unos vagones al río desde la línea ferroviaria en donde un tren de mercancías descarriló el pasado 28 de julio.
En esas imágenes se ve cómo uno de los vagones termina en el río, mientras que otro queda volcado en el terraplén entre la vía y las aguas.
El vídeo, continúa la carta dirigida al ministro Ábalos, recoge «lo que parece una conducta totalmente inadmisible» y de la que la Xunta no tenía conocimiento.
«Arrojar de forma voluntaria vagones ferroviarios a un cauce fluvial supone un ataque al patrimonio natural, a la biodiversidad y al paisaje de la zona», advierte la Xunta, que reclama al ministerio de Transportes que, como responsable de Adif, clarifique «oportunamente» los hechos. Pide también ser informada «cumplidamente» de las medidas que se tomen para reparar «los posibles daños ocasionados al entorno».
Ante la «gravedad de la situación», insiste la Xunta, «urge que se aclaren los hechos cuanto antes y que se adopten las medidas oportunas» para evitar consecuencias en el patrimonio natural y la biodiversidad.
En el documento remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el Gobierno gallego reclama también información sobre lo ocurrido y que se tomen «las medidas oportunas para atajar los posibles daños» en el «rico patrimonio natural que caracteriza» a Carballeda de Valdeorras.
En ambos textos la Consellería informa de que ha enviado a la zona a agentes ambientales autonómicos para analizar la situación «de cara a la toma de posibles medidas» en el ejercicio de sus competencias.
