El Consell de Pérez Llorca lleva a los tribunales la delimitación de 2,2 kilómetros de costa entre Vinaròs y Benicarló.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aprueba el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en 2.249 metros del litoral del Baix Maestrat.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, frente al departamento que dirige la política de costas del Gobierno de Sánchez.
- ¿Qué impacto tiene? La orden decide qué suelo pasa a ser público y qué viviendas quedan dentro de esa franja, con efectos directos sobre el patrimonio de las familias del tramo entre la playa dels Cossis y el barranc d’Aigua Oliva.
Una orden de 2.249 metros que el Consell considera contraria a derecho
La orden firmada por el Ministerio para la Transición Ecológica el 30 de julio de 2026 fija 2.249 metros de dominio público marítimo-terrestre —la franja de litoral que pertenece al Estado y no puede ser de propiedad privada— entre la playa dels Cossis y el entorno del barranc d’Aigua Oliva. Son algo más de dos kilómetros de costa del Baix Maestrat, la comarca del norte de la provincia de Castellón, en el término que separa Vinaròs de Benicarló.
El Consell no llega tarde a la pelea. El 10 de marzo de 2026, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación —encuadrada en la Vicepresidencia Tercera del Ejecutivo autonómico— ya presentó un informe desfavorable en el trámite de audiencia, acompañado de varias alegaciones para justificar su rechazo. El ministerio aprobó la delimitación igualmente. De la alegación administrativa se pasa ahora al juzgado.
El instrumento elegido es un recurso contencioso-administrativo, la vía con la que se impugnan ante los tribunales las decisiones de la Administración. La Abogacía de la Generalitat lo basará en las alegaciones que ya constan en el expediente. La Generalitat sostiene que la resolución «no se ajusta a derecho» y advierte de que las consecuencias pueden ir más allá de la simple fijación de límites.
De una línea en el mapa a un patrimonio familiar
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, fue el encargado de poner palabras a lo que hay detrás del expediente. «No hablamos solo de una línea en un mapa. Hablamos de viviendas, de patrimonio familiar y de personas que pueden perder su casa», afirmó.
La Generalitat no ha concretado cuántas propiedades quedarían afectadas, pero el Consell insiste en que el problema no es solo administrativo. García Manzana subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico con el derecho de las familias a seguir viviendo en sus casas: «No miraremos hacia otro lado».
Cuando el Estado redibuja la orilla, quien vive a pocos metros del agua descubre que su casa puede dejar de ser suya sin haberse mudado.
La secuencia tiene su lógica jurídica. Un deslinde no expropia de un día para otro, pero sí define qué suelo es público y cuál queda sujeto a servidumbres. A partir de ahí se abren expedientes, se discuten linderos y arrancan años de recursos individuales que rara vez llegan a los titulares. El Consell ha decidido trasladar ese pulso al conjunto del tramo.
El Escenario Valenciano
En clave valenciana, el movimiento encaja en la estrategia del pacto entre el PP y Vox de exhibir cercanía con el territorio frente a las decisiones de Madrid. La costa de Castellón es terreno sensible: municipios pequeños, mucha segunda residencia y un electorado que vive la política de costas como algo que le toca el bolsillo. La Conselleria afectada está en manos de la Vicepresidencia Tercera, y ese detalle no es menor en un Consell que necesita marcar perfil propio. El PSPV y Compromís han evitado por ahora entrar de lleno en el asunto, conscientes de que oponerse a la defensa de los vecinos tiene mal encaje en un año de calendario cargado. Nadie quiere que le coloquen la etiqueta de estar del lado del mapa y no de las casas.
La dimensión nacional también cuenta. La Ley de Costas de 1988 reserva al Estado la competencia para deslindar el litoral y establece una servidumbre de protección de 100 metros en suelo no urbanizado y de 20 en suelo urbano. Es decir: el Consell no discute quién manda, discute cómo se aplica. El patrón se ha repetido en otros puntos de la fachada mediterránea cada vez que el ministerio ha cerrado un deslinde pendiente, y cada uno de esos cierres ha acabado con un ayuntamiento o una comunidad autónoma en los tribunales. Para el PP federal, el caso es útil: le permite sostener que el Gobierno de Pedro Sánchez decide sobre el terreno de la gente desde un despacho en Madrid. Para el Ministerio, en cambio, se trata de aplicar la ley con criterios técnicos y sin excepciones políticas.
La pelota queda en la jurisdicción contencioso-administrativa, que deberá decidir si la orden del 30 de julio se ajusta o no a derecho. Mientras el recurso se tramita, la delimitación sigue vigente y los propietarios afectados conviven con la incertidumbre. En el horizonte inmediato quedan dos citas: la presentación formal del recurso por parte de la Abogacía de la Generalitat y el siguiente paso administrativo del ministerio, que no ha anunciado marcha atrás. La reconstrucción del litoral valenciano, esta vez en clave jurídica, acaba de empezar.
Ficha del Caso
- El caso: El Consell de Pérez Llorca impugna ante la jurisdicción contencioso-administrativa la orden ministerial que delimita el dominio público marítimo-terrestre en un tramo del litoral entre Vinaròs y Benicarló.
- Datos importantes: orden del 30 de julio de 2026; 2.249 metros (unos 2,2 kilómetros) entre la playa dels Cossis y el barranc d’Aigua Oliva; informe desfavorable de la Conselleria el 10 de marzo de 2026; Ley de Costas de 1988 y servidumbre de protección de 100 metros en suelo no urbanizado.
- Resumen: un expediente técnico de costas se convierte en pulso político y judicial entre la Generalitat y el Gobierno central, con las viviendas del Baix Maestrat como telón de fondo.
