La oficina de prevención de desahucios que propone el PSOE-M para Madrid llega al Pleno sin fecha ni dinero propio.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado ante la Mesa de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley que pide constituir una Oficina Autonómica de Mediación y Prevención de Desahucios. El texto consta ya en el registro de iniciativas de la Cámara autonómica y aguarda un hueco en el orden del día de un Pleno que todavía no tiene fecha pública. Una PNL no modifica ninguna ley ni obliga al Ejecutivo: si prospera, solo insta al Gobierno regional a hacer lo que describe.
Qué pide el texto y qué no resuelve por sí solo
La exposición de motivos parte de un diagnóstico conocido. El encarecimiento del alquiler, la falta de regulación, la escasez de inversión en servicios sociales, y el aumento de los conflictos entre arrendadores y arrendatarios han multiplicado las situaciones de riesgo residencial en la región. De ahí extrae el grupo proponente su tesis: muchas de esas situaciones acaban en un juzgado cuando podrían haberse cerrado antes en una mesa de negociación.
La oficina se plantea como un servicio público especializado, no como una ventanilla más de información. Sus fines serían prevenir la pérdida de la vivienda habitual y resolver extrajudicialmente los conflictos de alquiler. De ahí salen cinco mandatos concretos.
- Creación y financiación. El organismo se sufragaría con los fondos estatales asignados a la Comunidad a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, sin partida autonómica propia sobre la mesa.
- Composición. Mesa neutral entre inquilinos y propietarios, con presencia de la Administración regional, de las organizaciones sindicales y del municipio donde se ubique el inmueble en conflicto.
- Alerta temprana. Un sistema para detectar el riesgo antes de que se interponga la demanda, que es justo el momento en el que todavía hay margen.
- Servicios gratuitos. Asesoría jurídica, orientación social, información sobre ayudas al alquiler y acompañamiento durante toda la negociación.
- Protocolo urgente. Alternativa habitacional cuando no haya acuerdo y en la unidad de convivencia vivan menores, personas mayores o dependientes.
El texto añade la obligación de publicar cada año un informe de evaluación desglosado por municipios y por causas del procedimiento. Ese detalle importa: sin datos finos es difícil saber cuántos lanzamientos se ejecutan, en qué localidades y por qué motivos.
El espejo de la oficina antiokupación
El PSOE-M recurre a una comparación incómoda para el Gobierno regional. La Comunidad creó en su momento una oficina específica contra la ocupación ilegal; el grupo socialista sostiene que, si hubo estructura y voluntad para proteger la propiedad, la misma lógica debería aplicarse a quien pierde su casa por una subida de renta o un impago sobrevenido.
Una PNL no construye una oficina: como mucho, abre la puerta a que otro la construya antes de que se acabe la legislatura.
La letra pequeña es competencial. La Comunidad tiene el título de vivienda y gestiona la Agencia de Vivienda Social, pero la atención primaria de servicios sociales es municipal. El protocolo de actuación inmediata obligaría a coordinar a los 179 municipios de la región con la red pública de vivienda, y ahí conviven ayuntamientos de distinto signo y plantillas muy desiguales. Un pueblo de 3.000 habitantes no tiene los mismos recursos jurídicos que la capital.
Quién paga la oficina y cuándo empieza a funcionar
El primer flanco débil es el dinero. Remitir toda la financiación al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 deja la creación de la oficina pendiente de un convenio bilateral con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los programas estatales de vivienda suelen exigir cofinanciación autonómica y municipal, así que la Comunidad tendría que poner presupuesto propio si quiere que el servicio arranque con capacidad real.
El segundo flanco es el calendario. La PNL debe calificarse, pasar por la Junta de Portavoces y encontrar hueco en un Pleno. Después, el Gobierno regional decide si la ejecuta. La ventana razonable para consignar una partida sería el proyecto de cuentas de 2027, que la Asamblea debatirá en las próximas semanas. Sin partida, la oficina se queda en el papel.
El tercer flanco es el rango. Un servicio que aspire a mediar antes de la demanda necesita algo más que una declaración de intenciones: un decreto que fije dependencia, personal y acceso a los datos de los juzgados. La comparación con Barcelona es obligada. La capital catalana articuló en 2016 una unidad municipal contra la exclusión residencial, con abogados propios y capacidad de personarse en los procedimientos. En Madrid, las oficinas de mediación que funcionan dependen de los ayuntamientos, no del Gobierno regional.
El resultado práctico para el vecino es fácil de resumir. Si la PNL sale adelante, mañana no habrá una oficina a la que llamar. Habrá un mandato al Ejecutivo y un plazo razonable para comprobar si lo cumple: el trámite en la Mesa, el debate en el Pleno y, sobre todo, el presupuesto de 2027. Ahí se verá si la prevención de desahucios es una prioridad o un titular de otoño.
