El PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en el Congreso su petición para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Kitchen’ como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.
En concreto, el texto registrado por los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición solicita que la Cámara investigue «la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular».
En la exposición de motivos, el PSOE y Unidas Podemos recalcan que el levantamiento del secreto de sumario de la investigación sobre la ‘Kitchen’, «ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista» de los recursos de Interior entre los años 2013 y 2015.
Así, destacan que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por el espionaje Bárcenas, «con el propósito de anular y hacer desaparecer pruebas relativas a la contabilidad B del PP» –asunto aún pendiente de juicio– así como del sumario de la ‘Gürtel’, por el que ya se estableció que el PP «había resultado beneficiario a título lucrativo de estos delitos de financiación irregular».
RAJOY ESTABA AL TANTO
PSOE y Unidas Podemos recalcan que el informe de la Fiscalía recoge «contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama ‘parapolicial’ dirigida Fernández Díaz, el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino, y destacan también que «algunas de las pruebas aportadas en el informe apuntan al presunto conocimiento de la trama por parte de Mariano Rajoy, siendo entonces Presidente del Gobierno.
Asimismo, la iniciativa registrada subraya que el informe también señala a Cospedal, por su «interés personal» en esta trama parapolicial, dado su papel «como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma», y como máxima dirigente del partido, al «existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo».
Para el PSOE y Unidas Podemos, «la gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción revela que el Partido Popular habría utilizado presuntamente las instituciones del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas, malversando fondos públicos, todo ello para interés y beneficio propio».
Se trata, a su juicio, de una «inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y de un claro «abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de Derecho y de la democracia».
Por todo ello, piden que el Congreso abra una investigación que, inicialmente duraría tres meses, aunque podría prorrogarse si así lo acuerda el Pleno de la Cámara.
Tras el registro de la iniciativa, el siguiente paso es que sea calificada por la Mesa del Congreso lo que, previsiblemente sucederá el próximo martes. Después, la Junta de Portavoces tendrá que poner fecha para su debate en el Pleno.
