El Parlament ha aprobado este jueves los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros del Govern de Salvador Illa, con el respaldo de sus socios de investidura (ERC y los Comuns) y tras dos años de legislatura sin cuentas propias. La luz verde inyecta más de 40.000 millones de euros en las arcas autonómicas y blinda la estabilidad de una legislatura que, hasta ahora, había caminado sobre prórrogas y acuerdos puntuales. La consellera de Economía, Alícia Romero, los ha calificado como “los presupuestos de la estabilidad” y ha agradecido la “generosidad” de las formaciones de izquierda.
La aprobación llega después de tres ejercicios consecutivos con presupuestos caducados, un lastre que el Govern arrastraba desde la etapa de Pere Aragonès y que mantenía bloqueadas inversiones estratégicas en vivienda, educación e infraestructuras. Con el nuevo marco, el Ejecutivo socialista dispone de margen para negociar con los sindicatos soluciones al conflicto docente y acelerar proyectos como el tren orbital ferroviario, una de las contrapartidas exigidas por ERC para dar su sí.
Romero ha defendido las cifras durante el debate recordando que el nuevo modelo de financiación, que se votará en el Congreso en otoño, aportará aún más recursos a la Generalitat. El gesto busca proyectar una legislatura de gestión y no de supervivencia, pero la sesión de este jueves ha dejado claro que la fiscalización de los socios será intensa. Ester Capella (ERC), tras ser interrumpida por el presidente del Parlament, Josep Rull, ha reivindicado “conquistas en soberanía” como el mencionado tren orbital, mientras que Jéssica Albiach (Comuns) ha reclamado más “ambición” en vivienda.
La oposición ha utilizado el hemiciclo para cargar contra el Govern. Junts, por medio de Toni Castellà, ha tildado a Illa de “arrogante” y ha asegurado que las cuentas implican “de todo, menos normalidad”, reclamando un concierto económico que evite “la subida de impuestos encubierta”. Castellà ha pronosticado un relevo en la próxima legislatura y ha acercado su discurso al de la extrema derecha al cuestionar un modelo que, a su juicio, prima el crecimiento cuantitativo sobre la calidad.
El PP, con el flamante secretario general Juan Fernández, ha ironizado sobre la ausencia momentánea de Albiach y ha calificado los presupuestos de “soviéticos”. Vox y Aliança Catalana han coincidido en denunciar “una estafa política y un atraco fiscal”, apelando a una “Cataluña real” que, según ellos, queda fuera de la agenda de Govern. La CUP, en boca de Laure Vega, los ha resumido como “una peli mala de domingo por la tarde”, confirmando su voto en contra.
Las cuentas de 2026 no solo ponen fin a la parálisis presupuestaria: atan a ERC y los Comuns a una legislatura que Illa necesita para llegar con resultados a las urnas.
El apoyo de los socios de investidura, aunque no exento de críticas, convierte estos presupuestos en un salvoconducto político. ERC y los Comuns han optado por aparecer como garantes de los avances sociales mientras vigilan de cerca el gasto, una estrategia que les permite diferenciarse del PSC sin tumbar el Govern. De fondo, el modelo de financiación singular que se debatirá en otoño en Madrid marcará el verdadero alcance de la “estabilidad” prometida: si el Congreso lo aprueba, Illa dispondrá de un colchón fiscal que cambiará la geometría política catalana; si no, la tensión entre los socios se disparará.
Lo que estos presupuestos dicen sobre el tablero catalán
La luz verde de hoy no solo evita un bloqueo parlamentario inmediato, sino que resitúa a Cataluña en una lógica de gestión alejada del procés. Y lo hace mientras el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más débil por las causas judiciales que rodean al PSOE. En el debate, apenas hubo alusiones a la Moncloa —salvo una mención de Joan Garriga sobre la posibilidad de encontrar joyas en la sede socialista—, lo que confirma un cambio de prioridades: el Govern busca rentabilizar la acción ejecutiva y minimizar las derivadas judiciales ajenas.
El movimiento recuerda a la estrategia que siguió el PSC con José Montilla: blindar la legislatura con cuentas pactadas y evitar disoluciones anticipadas. Entonces, la crisis económica y la intervención de la Generalitat truncaron el plan, pero Illa parte de una coyuntura de crecimiento y de una oposición fragmentada. Sin embargo, el verdadero termómetro serán las elecciones municipales del próximo año: si el PSC no logra consolidar su poder en el área metropolitana de Barcelona, la estabilidad parlamentaria se volverá insuficiente para retener la Generalitat.
En paralelo, el acuerdo presupuestario muestra la consolidación de un espacio de izquierda catalanista que, pese a las diferencias, prioriza mantener al Govern antes que facilitar un adelanto electoral que podría beneficiar a Junts o al PP. Es una apuesta arriesgada para ERC, que necesita diferenciarse en las urnas mientras justifica su apoyo al Govern, y para los Comuns, que miden su influencia en cada partida de vivienda. Illa, por su parte, se va de vacaciones con la misión cumplida y con la oportunidad de empezar a gobernar de verdad tras una primera mitad de año marcada por la fragilidad.
