La vista oral del denominado ‘caso SGAE’ se celebra desde este lunes en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, y en ella se juzgará a once personas, entre las que se encuentra el que fuera presidente del Consejo de Dirección de la sociedad de autores Teddy Bautista, por el desvío «masivo» de fondos.
Según el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del juez instructor José de la Mata, la trama habría cometido delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.
De la Mata indicaba, tras siete años de investigación, que los inputados llevaron a cabo «una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE» a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a ‘Microgénesis’ de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando «perjuicios y pérdidas constatados» para la sociedad de autores.
En su escrito de acusación, que data de septiembre de 2017, el fiscal interesaba siete años de cárcel y una multa de 135.000 euros para el expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE Teddy Bautista, y le imputa un delito de apropiación indebida.
Entre los otros diez acusados se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE –filial digital de la SGAE–, para el que se solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.
La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa.
Otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.
La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar «la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis», empresa de su padre.
Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones seis años y un mes de cárcel así como 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.
La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.
La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.
En el escrito, el fiscal apunta que Bautista –que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años– dispensó «en todo momento un trato preferencial» a Neri, quien mantuvo una posición de «privilegio» debido a su cercanía con Bautista.
Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.
El afianzamiento de Microgénesis como «sociedad de trato preferencial» de la SGAE se fortaleció «de modo imparable» en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.
Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una «malla societaria» con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un «inequívoco lucro ilícito» para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.
SDAE, UNA ESTRUCTURA «SUPERFLUA Y NOCIVA»
El escrito resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del juzgado de primera instancia, y la convirtieron con el paso de los años «en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE».
Además, los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una «permisividad excepcional» incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.
Anticorrupción expone igualmente que el monto total de perjuicio causado entre los años 2003 y 2007 de la SDAE a la SGAE fue de 2.099.095,13 de euros debido, en gran parte, al impulso que los acusados pretendían dar a TESEO, un proyecto para potenciar la promoción de contenidos en la red y sistema «ilícito desde su origen» para la Fiscalía.
