El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la iniciativa pactada por Ciudadanos, PP y Vox que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
El pasado martes, Cs llevó al Pleno una proposición no de ley para prevenir y atajar el fenómeno de la ‘okupación’, y durante el debate acabó pactando una enmienda transaccional con los ‘populares’ y con el partido de Santiago Abascal.
Pero el texto, que se ha votado este jueves, finalmente ha sido rechazado por la Cámara Baja al recibir el ‘no’ del PSOE, Unidas Podemos, ERC y Buldu, mientras que Junts per Catalunya y el PNV se han abstenido.
Lo que proponían Ciudadanos, el PP y Vox era, por ejemplo, instar al Gobierno a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de ocupación ilegítima o usurpación se puedan resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio en menos de doce horas.
JUICIOS RÁPIDOS
En segundo lugar, apostaban por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las demandas que busquen el lanzamiento o desalojo se decidan en un juicio verbal y que el tribunal acuerde la recuperación inmediata del inmueble por parte del demandante, así como que los delitos de usurpación puedan ser objeto de enjuiciamiento rápido.
Además, la enmienda transaccional proponía modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante indicios suficientes de que la vivienda se usa para la comisión de delitos graves y flagrantes, las fuerzas policiales puedan proceder a la entrada, registro, identificación y desalojo de los ocupantes y se restituya en la posesión al legítimo propietario.
En cuarto lugar, se planteaba una reforma del Código Penal que endureciera las penas de prisión: de uno a tres años para el delito de usurpación y de cuatro a seis años cuando se cometa con violencia o intimidación. Y si las conductas se realizaran con fuerza en las cosas, las penas se incrementarían en un grado.
Por último, los tres partidos incluían un último punto para «asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional». Para ello, pedían flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual.
También reforzar los servicios municipales de atención social para atender a los colectivos vulnerables, evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda adquiera carácter definitivo y crear un Portal de las Ayudas a la Vivienda donde todas las Administraciones publiquen las convocatorias de ayudas a la vivienda.
En el debate del martes, Ciudadanos, el PP y Vox advirtieron de que la ‘okupación’ es una «lacra» en España y que en muchos casos está organizada por «mafias». Además, argumentaron que la ley deja desamparados a los dueños de las viviendas y que proteger a colectivos sociales vulnerables no es incompatible con defender la propiedad privada.
Por su parte, el PSOE aseguró que los ciudadanos no deben temer que otras personas ocupen ilegalmente su primera o segunda vivienda. Tampoco los partidos de izquierda comparten la posición defendida por Cs, PP y Vox, a quienes acusaron de magnificar el fenómeno de la ocupación para generar «miedo» a la población, y señalaron que el verdadero problema son los fondos buitre y la especulación inmobiliaria, que dificultan el acceso a la vivienda.
