La Fiscalía de Valladolid solicita una pena global de seis años de prisión para un hombre que este martes, 13 de octubre, será juzgado en la Audiencia Provincial por adquirir un dominio en 2012 a través del cual ofrecía en internet películas y series online gratis, sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, por las que llegó a percibir más de 105.000 euros entre publicidad y pagos de usuarios por descargas rápidas.
El acusado, J.G.R, ha sido imputado por un delito contra la propiedad intelectual y otro de blanqueo de capitales, con peticiones de cuatro y dos años de cárcel, respectivamente, el pago de multas por 320.400 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de indemnizaciones próximas a los 215.000 euros, según informaron fuentes jurídicas.
El origen de la presunta actividad ilícita del procesado se remonta al 2 de febrero de 2012, cuando J.G.R. adquirió el dominio ‘quevehoy.com‘, creado e inscrito a través de una empresas especializada que aseguraba el anonimato del administrador del sitio y que ofrecía películas y series online gratuitas, compatibles con distintos reproductores de vídeo, con la intención, desde el principio, de realizar «negocios ilícitos», al ofrecer gratis productos sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual sin el permiso de sus titulares.
Así, el usuario que accedía a la página web podía optar por ir directamente al visionado o descargarlo, bien a través del procedimiento normal o mediante un sistema Premium, más rápido, que implicaba el pago de una cantidad por el usuario a través del móvil. En ambos casos, el administrador normalmente retribuye con una cantidad al titular de la página web, en este caso el acusado.
MÁS DE 12.000 PELÍCULAS
En la fecha del inicio de la investigación, marzo de 2015, el total de títulos incluidos y clasificados en esta web ascendía a 12.336 películas y documentales y 197 series, y gracias a ellos el procesado obtenía beneficios, además de a través de sus descargas, por la publicidad insertada mediante banners y pop-under.
Además del delito contra la propiedad intelectual, la acusación pública le imputa otro de blanqueo de capitales, relacionado con las distintas cuentas abiertas a fin de dar apariencia de legalidad a las cantidades obtenidas fingiendo que las mismas procedían de una nómina de 2.000 euros mensuales.
No fue hasta el 16 de marzo de 2016 cuando la policía entró en su domicilio y se incautó del material informático, así como de una cantidad en metálico de 5.220 euros. Los beneficios obtenidos mediante esta actividad han sido cifrados en 105.764 euros.
