El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que, transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor del real decreto conocido como ‘prescripción enfermera’, ocho comunidades autónomas siguen aún sin acreditar a sus enfermeras para que puedan vacunar de la Covid-19 «sin obstáculos burocráticos o administrativos» que perjudiquen la estrategia prevista por el Gobierno.
A escasos días de que se inicie en nuestro país el plan de vacunación de la COVID-19 previsto por el Ministerio de Sanidad, Satse ha constatado que las enfermeras de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, así como en Ceuta y Melilla, «siguen sin contar aún con el respaldo legal necesario» para que, una vez acreditados, puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica, caso, por ejemplo, de las vacunas contra el coronavirus.
Por el contrario, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra sí han reflejado en su regulación autonómica lo estipulado en el Real Decreto que regula desde 2018 en España la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras.
Según el sindicato, el incumplimiento de lo establecido por la norma estatal por parte de las ocho comunidades autónomas mencionadas se debe a una «clara falta de voluntad política y de reconocimiento» al desarrollo profesional a las enfermeras, ya que la tramitación administrativa a realizar por su parte es «tan sencilla y rápida» que podría hacerse realidad en unos días.
Además, Satse ha subrayado que, en el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León Extremadura y La Rioja se cuenta, al menos, con un borrador de la regulación, si bien en Galicia, Madrid y Ceuta y Melilla «está aún pendiente». En el caso de Murcia sigue también pendiente a pesar de existir un compromiso expreso del presidente autonómico para que estuviese resuelto en el pasado mes de octubre.
El sindicato incide en que el hecho de que las enfermeras no puedan contar con la regulación necesaria para que puedan vacunar con todas las garantías y seguridad jurídica es «especialmente grave» en una situación como la que se va a producir en los próximos meses cuando se administrará la vacuna de la Covid-19 a millones de personas.
El hecho de que las enfermeras no estén acreditados aún para indicar, utilizar y autorizar la dispensación de fármacos, como las vacunas, supone en la práctica que cualquier persona debe tener antes una necesaria prescripción clínica lo que conlleva «más lentitud, burocracia e ineficacia».
«Más problemas y esperas para los pacientes y, por supuesto, para las enfermeras y enfermeros que no tienen aún acreditada una actuación asistencial que realizan de forma habitual», ha apuntado el sindicato, para avisar de que no hay «razón alguna al claro desinterés».
Por ello, ha vuelvo a pedir a las comunidades que, «de una vez por todas», den una «rápida solución» a un problema que perjudica por igual a los profesionales y a las cientos de miles de personas a las que atienden cada día en sus respectivos centros sanitarios y sociosanitarios.
