Unidas Podemos asegura que existen «discrepancias sustanciales» con el PSOE a raíz de la «falta de voluntad política» que muestran los socialistas en la negociación de las medidas a incluir en la nueva Ley de Vivienda, que están elaborando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales.
Según han explicado fuentes de Unidas Podemos, en el ala morada de la coalición existe «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre una normativa, que debería llegar al Consejo de Ministros a lo largo de febrero. Y todo ello al apreciar que el PSOE muestra rechazo a la mayoría de sus propuestas.
Los desencuentros radican sobre todo en la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique una parte de sus viviendas al alquiler social y el hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, puntos centrales para la formación morada. También existen diferencias a la hora de poner en marcha «medidas efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.
En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE), Unidas Podemos explican que mandaron una propuesta al PSOE hace cuatro meses a la que aún no han contestado.
«IGNORAN LA GRAN MAYORÍA DE PROPUESTAS DE UNIDAS PODEMOS»
Tras varias reuniones entre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el equipo del ministro José Luis Ábalos, los morados consideran que la «falta de voluntad política» del PSOE está frenando el cumplimiento del acuerdo de Gobierno, «negándose o ignorando la gran mayoría» de las propuestas que ha puesto Unidas Podemos.
Además, estas diferencias llegan después de que el pasado miércoles ambas formaciones, que componen el Gobierno de coalición, mantuvieran una reunión para «coordinar su acción conjunta» en el nuevo periodo de sesiones que está a punto de arrancar; tras semanas de desencuentros.
El calendario que maneja el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron en fuentes de este departamento.
A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y al Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses, con el fin de «limitar» y «eventualmente bajar», los precios de alquiler en zonas de mercado «tensionadas».
IGLESIAS: «SEREMOS MUY CABEZONES» PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO SOCIAL
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reconoció el pasado viernes que había «profundas discrepancias» con el PSOE sobre la Ley de Vivienda aunque garantizó que serán también «muy cabezones» (en referencia a la expresión que le dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación en los pasillos del Congreso) para conseguir que deje de ser un «activo especulativo» y pase a ser un «derecho social».
A su vez, vaticinó que precisamente por su defensa de la función social de la vivienda, serán objeto de «presiones» y «ataques», pero dejó claro que a los 35 diputados de Unidas Podemos «no se les compra ni se les chantajea». También reiteró que las patronales inmobiliarias ejercen su poder para «presionar» dentro del Gobierno, con el objetivo de que «no se ponga límites a sus beneficios».
Unidas Podemos quiere que la prohibición de desahucios y el corte de suministros a la población vulnerable, medidas del denominado ‘escudo social’ que estarán vigentes mientras dure el estado de alarma (hasta el 9 de mayo), tengan carácter permanente a través de la Ley de Vivienda y «blindar automáticamente» así la protección para este colectivo.
Ione Belarra ya detalló en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables.
Además, un informe de Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 califica de «fracaso» el ‘modelo luso’ de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, por el que se decanta el PSOE.
El análisis del departamento que lidera Iglesias sostiene que la medida lusa «no limita el precio del alquiler, sino que es una iniciativa de carácter voluntario que tiene como objetivo promover la oferta de vivienda en alquiler por debajo de los valores de mercado mediante beneficios fiscales».
