El Ministerio de Igualdad de Irene Montero no sale barato. Algunos decían que era un premio de consolación para Unidas Podemos, pero lo cierto es que el PSOE se está tomando muy en serio la coalición y más aún el mantener contenta a la ministra de Igualdad y pareja del actual vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Entre los salarios de los integrantes del equipo de Montero, los 451,42 millones de euros contemplados en los Presupuestos de los que podrá disponer la dirigente morada a su discreción y el dinero destinado por el Estado para publicidad institucional, que son 13,8 millones de euros en el caso de Igualdad, dejan un agujero en las cuentas del Gobierno en plena pandemia de alrededor de 500 millones de euros.
El revuelo fue suficientemente notorio cuando el Gobierno, como parte de una exigencia de Unidas Podemos, engrosó el presupuesto de Igualdad un 157% o, lo que es lo mismo, 275,89 millones más que en las cuentas anteriores. El caso es que el Ministerio de Igualdad sigue recibiendo dinero para cualquier cosa sin importar de dónde venga y comparando las cuentas de la cartera con otros ministerios como el de Sanidad. A esto hay que añadir el anuncio en el Boletín Oficial del Estado a través del cual se han destinado 13,8 millones directamente para publicidad institucional para que Montero riegue los medios de comunicación con sus iniciativas. Como dato comparativo, el de Sanidad cuenta con 14,4 millones, casi lo mismo que Montero.
A todo esto hay que añadir el gasto de los altos funcionarios de Irene Montero, entre los que se encuentra la famosa ‘niñera’, que como directora general recibe un salario anual de 51.946 euros brutos. Si atendemos a las 12 asesoras de Montero, el coste del ministerio se dispara. Patricia Fernández Pérez, directora de gabinete de la Secretaría de Estado, cobra 60.881 euros brutos al año; Clara Alonso Jiménez, una mera asesora se hace con 51.946 euros, mismo sueldo que cobran las también asesoras Teresa Arévalo Caraballo, Alba González Sanz, María Naredo Molero, Ángela Rodríguez Martínez, Lidia Rubio Sánchez y Bárbara Tardón Recio. Luego tenemos que sumar los 45.638,36 que cobra Jesús María Generelo Lanaspa como consejero técnico de información, así como Rubén Juste de Ancos y Manel Ros Salvador, que ostentan el mismo cargo.
En total, si sumamos estos salarios anuales (incluido el de la propia ministra, que es de 74.858,15 euros y el de la directora de gabinete de Montero, Amanda Meyer, que ronda los 85.000 brutos anuales) nos da una cifra de cerca de 600.000 euros que tenemos que sumar a todo lo demás. Todo un despliegue de medios y de dinero público para que Irene Montero tome medidas como el proyecto de la ley trans, que tantísima polémica ha generado, u otras competencias por la igualdad de género. Un gasto muy criticado por muchos, pero que contribuye a que la coalición se mantenga unida.
Fuentes del Ejecutivo consultadas aseguran que el Gobierno no pasa por su mejor momento. La tensión se puede cortar con una navaja tras las últimas declaraciones de Iglesias y no ayuda en absoluto que se esté «derrochando» tanto dinero en una época complicada en ministerios como el de Igualdad, cuyas competencias no son tan cruciales en estos momentos como las de Sanidad u otros ministerios de Estado. Lo cierto es que los más pesimistas que forman parte del Gobierno auguran una pronta ruptura entre Unidas Podemos y el PSOE. E Igualdad ha tenido mucho que ver en este supuesto, al menos la presión por parte de la formación morada para que este ministerio inventado cuente con unas partidas tan elevadas.
El ministerio de Montero cuesta este 2021, año de plena pandemia y año en el que los hosteleros y otros autónomos están con el agua al cuello, cerca de 500 millones de euros a las arcas públicas, una comparación que las fuentes del Ejecutivo descontentas con la situación recuerdan cada poco. Sobre por qué el empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en regar con tanto dinero el Ministerio de Igualdad, la respuesta es siempre la misma: es fundamental para mantener unida la coalición. Menospreciar el ministerio de Montero podría generar una crisis interna innecesaria, por no hablar de que hay una parte muy importante del PSOE que ve con buenos ojos que se deje tanto dinero público en la igualdad de género.
LOS GASTOS DE IGUALDAD
La ministra de Igualdad, Irene Montero, mantiene su cruzada contra los micromachismos. Esta vez, la dirigente de Unidas Podemos, de la mano de su arma más efectiva contra la desigualdad: el Instituto de la Mujer. En este caso, Montero se propuso a sí misma cerrar el año combatiendo el machismo en alta mar. Concretamente, la ministra ha decidido conceder una ayuda de 30.000 euros a cualquier pequeña o mediana empresa que promueva a las mujeres pescadoras. Sí, tal cual se lee. Montero entiende que el machismo en el sector pesquero se deja notar y quiere que haya más mujeres que tiren de las redes y de la caña de pescar. Y lo hará a golpe de concesión.
Se trata de una subvención que “a favor de la asociación nacional de mujeres de la pesca para fomentar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero”. Así se refleja en un documento al que ha tenido acceso en exclusiva MONCLOA.com. La concesión es de 30.000 euros y se concede en una colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Agricultura y Pesca. El objetivo es que Montero entiende que el machismo ha invadido el sector pesquero a lo largo de la historia porque, efectivamente, el género masculino predomina entre los pescadores profesionales.
El Instituto de la Mujer, directamente dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero también formalizó el gasto de un plan socialista en abril de 2020 (en pleno confinamiento) buena cantidad de dinero en lo que algunos interpretan como pegatinas feministas. Concretamente, el Instituto que lleva la polémica feminista Beatriz Gimeno se ha gastado en plena pandemia por el coronavirus 225.257 euros en financiar “la gestión del procedimiento de concesión del distintivo Igualdad en la Empresa”. Es decir, para otorgar a las compañías que fomenten la inclusión y el ascenso de las mujeres un “distintivo” que Montero ha denominado “Igualdad en la Empresa”.
