El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha reconocido que el hecho de que los afectados por la talidomida en los años 50 y 60 aún no hayan recibido indemnizaciones «revela las carencias de un sistema democrático que no siempre ha sabido hacer justicia de una tragedia que sucedió durante el franquismo pero se extiende en los gobiernos durante la democracia».
«Pone en cuestión nuestra salud democrática, por eso tenemos la obligación de reparar las injusticias que se han cometido», ha reconocido en una intervención en el Senado tras ser interpelado por Mirella Cortès, de ERC, sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la reparación moral y económicas para todos los afectados.
Iglesias ha calificado de «anomalía inaceptable» que apenas 24 afectados hayan recibido estas ayudas, pero ha defendido que desde su entrada en el Gobierno se ha «vuelto a escuchar a los afectados», se han introducido cambios en el Real Decreto de ayudas teniendo en cuenta sus demandas, se han facilitado los trámites de reconocimiento y se ha simplificado «al máximo la documentación a presentar». Asimismo, ha indicado que se va a reconocer con 12.000 euros por punto de discapacidad producto de la talidomida.
El ministro de Derechos Sociales ha avanzado que la regulación de las ayudas, en cualquier caso, «se va a culminar en cuestión de meses». Sin embargo, ha admitido que «la reparación económica y moral va a ser insuficiente. Eso tenemos que reconocerlo aunque vayamos en la línea adecuada. Lo que está en mis manos se está gestionando todo lo rápido que podemos», ha añadido al respecto.
Por otra parte, Iglesias se ha fijado otra «tarea pendiente»: «establecer mecanismos de control para que los intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas no se puedan colocar por delante del interés general». «Tenemos que trabajar juntos para que este derecho prospere y que las tareas que tenemos pendientes con estas víctimas se conviertan en una realidad», ha comentado, tendiendo la mano a Cortès.
La senadora catalana ha resaltado que «en toda Europa se han regulado las indemnizaciones y pensiones para todos aquellos a los que la talidomida truncó su vida, menos en el Estado español». «Somos el único de los 50 países del mundo que no reconoce a los afectados, es un agravio. Solamente 24 afectados han recibido compensaciones económicas hasta el momento, es una gran vergüenza», ha lamentado.
En este contexto, ha acusado al Gobierno de «incumplir de plano» con los afectados, ya que «no ha pagado ninguna de las ayudas contempladas en los Presupuestos Generales de 2018».
«El Estado español, al igual que la industria farmacéutica, ha obrado con total irresponsabilidad, se ha abandonado a las personas afectadas. Llegamos tarde pero aún estamos a tiempo de reparar la moral y dignidad de algunas de las víctimas. Pedimos voluntad política porque será un bálsamo para una gente a la que se ha arrebatado demasiadas veces su esperanza. Llevamos 60 años de retraso. Esperemos que este Gobierno, el más progresista de la historia, haga un acto de justicia y reparación antes de que sea demasiado tarde», ha remachado.
