El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña ha acordado este martes mantener en vigor la progresión a tercer grado de la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, con lo que por el momento seguirán en régimen de semilibertad.
Lo ha hecho en dos autos y tras recibir el recurso de la Fiscalía, que pidió anular cautelarmente la semilibertad para todos los presos del 1-O y suspenderla mientras el juez toma la decisión final sobre el asunto; algo que sucederá cuando haya escuchado los argumentos de cada parte.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5, con competencias sobre la prisión de Lledoners (Barcelona), abordará los recursos de la Fiscalía contra la semilibertad de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a quienes la Generalitat también concedió el tercer grado en enero, que implica que pueden salir de prisión durante el día y dormir en sus casas de viernes a domingo.
En la decisión de este martes sobre Bassa y Forcadell, el juez ha destacado que estos autos no suponen la decisión final sobre la progresión a tercer grado, sino que solo se refieren a la suspensión cautelar que pidió la Fiscalía en sus recursos: rechaza revocarlo por ahora pero espera a estudiar el fondo para decidir si avala la semilibertad, algo que en última instancia decidirá el Tribunal Supremo (TS).
En este sentido, el juez descarta la petición del fiscal, que dedicó hasta tres páginas de argumentación al pedir dar efectos suspensivos a su recurso –suspender la semilibertad cautelarmente y sin esperar a la decisión final sobre el asunto tras valorar los argumentos de cada parte–, con la intención de impedir que los presos del 1-O estuvieran en libertad mientras los Juzgados estudian el caso.
Esta situación se dio con la primera progresión a tercer grado de los presos del 1-O: la jueza encargada de Lledoners aceptó dar efectos suspensivos al recurso del fiscal al recibirlo, de manera que los presos en esa cárcel regresaron al régimen ordinario unos días después de lograr la semilibertad; en cambio, el juez que debía decidir sobre Bassa –en Puig de les Basses (Girona)– y Forcadell –en Wad-Ras (Barcelona)– mantuvo vigente la semilibertad hasta que se pronunció el Supremo, por lo que ambas pasaron todo el verano en tercer grado.
SUSPENDER SERÍA «RESTRICCIÓN DE DERECHOS»
Después de esta disparidad, la Fiscalía amplió sus argumentos al recurrir esta segunda progresión a tercer grado, y sostuvo que los efectos suspensivos que la ley prevé para las decisiones judiciales deberían extenderse también a las resoluciones administrativas, en este caso la concesión del tercer grado que ha hecho la Generalitat y sobre la que los jueces aún no se han pronunciado.
Sin embargo, el juez replica en los autos de este martes que la interpretación que reclama la Fiscalía no está regulada y «tal suspensión puede afectar a una restricción de derechos al poder dar lugar al inmediato reingreso penitenciario», por lo que emplaza a esperar que se resuelva el fondo de los asuntos y los posibles recursos que las partes puedan presentar.
El juez contesta al fiscal que los efectos suspensivos que reclama pueden aplicarse solo a resoluciones judiciales, no administrativas, y rechaza la «interpretación extensiva analógica» que reclamaba.
