El Gobierno y PP ya han cerrado un acuerdo para la renovación del Consejo de RTVE y están ultimando los nombres para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también deben actualizar otras cuatro instituciones cuyo mandato ha caducado o lo hará en los próximos meses: el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.
Esas instituciones son las mencionadas en el anuncio del acuerdo de RTVE y, dadas las mayorías parlamentarias que precisan, exigen la presencia de varios grupos en el acuerdo, pues no basta con las dos formaciones del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos.
Entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ y el TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar al menos 55 votos a los 155 que suman entre ambos en el Congreso.
EL CGPJ, MÁS DE TRES AÑOS DE RETRASO
El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.
Desde hace varios días las conversaciones entre el Gobierno y el PP se han intensificado y todo apunta a que el acuerdo está próximo. Está por ver si finalmente Unidas Podemos consigue tener dos vocales en el órgano de gobierno de los jueces después de que el PP pusiera como condición que los de Pablo Casado no estuvieran en la negociación.
EL TC CADUCÓ EN NOVIEMBRE DE 2019
También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Hace meses que el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
Y EL DEFENSOR EN JULIO DE 2017
Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días. Para este puesto suena con fuerza el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.
Desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS, QUEDAN MESES
Entre las instituciones que culminarán si mandato próximamente está el Tribunal de Cuentas, que lo hará el próximo mes de julio. La legislación establece que los 12 consejeros que lo conforman los eligen el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 votos). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.
La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente.
