La CUP y ERC se han comprometido a implementar una banca pública catalana «a corto plazo» en esta legislatura a través del Institut Català de Finances (ICF) y una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables.
Los compromisos figuran en el preacuerdo programático alcanzado por ambos partidos para investir presidente al candidato de los republicanos, Pere Aragonès.
En el marco del compromiso de crear una banca pública, ERC y la CUP trabajarán para situar el ICF como entidad de «referencia a la hora de facilitar al máximo el impacto económico, social y ambiental de los fondos europeos» de recuperación, que se han comprometido a estudiar conjuntamente una vez se constituya el nuevo Govern.
El documento incluye también el acuerdo de crear un «marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua», además de la creación de una energética pública.
De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo «control público» de la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.
Además, ambas formaciones estudian crear una nueva Conselleria de Acción por el Clima –una propuesta que los republicanos llevaban en su programa electoral–, que será la encargada de impulsar una ley de transición energética, otra de biodiversidad y un plan integral de protección del Delta de l’Ebre, entre otras iniciativas.
El plan piloto de renta básica universal se desplegará en tres fases, según el acuerdo: en una primera, en 2021, se llevará a cabo un estudio de las opciones de diseño de esta medida para «alguna o algunas franjas de edad» y de qué modificaciones se requieren para aplicarla.
En 2022, los partidos se comprometen a implementar las mejores y transformaciones acordadas en políticas de rentas sociales y del plan piloto de renta universal para las franjas de edad más vulnerables.
En 2023 arrancará la tercera parte del proyecto, con la evaluación del impacto y funcionamiento de la renta básica y el planteamiento de propuestas para ampliarla, «si es el caso».
El acuerdo de la CUP y ERC incluye la creación de un comité permanente de seguimiento para evaluar una vez al mes «el cumplimiento de los acuerdos firmados», además de una comisión de coordinación entre el Parlament y el Govern que hará un control de carácter técnico-político con una periodicidad semanal.
