El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley del PNV para reformar la ley del Tribunal Constitucional con el fin de derogar tanto el recurso previo contra reformas estatutarias como las sanciones que introdujo el PP en 2015 para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.
Se trata de una reforma que ya se debatió en el Congreso de los Diputados a finales de 2016, en pleno debate político por las reticencias del Parlamento catalán a cumplir resoluciones del Alto Tribunal.
En aquella ocasión llegó a ser tomada en consideración por el Pleno, con apoyo del PSOE y de Unidas Podemos –ahora compartiendo Gobierno de coalición–, pero no llegó a completar su tramitación por sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes.
Por un lado, el PNV propone en su iniciativa, derogar la reforma de 2015 que el PP aprobó con su mayoría absoluta para castigar a los cargos públicos que desoyen al Tribunal Constitucional.
Eso sí, los nacionalistas plantean una redacción con la que se acepta que incumplir las sentencias del TC debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, apuestan por multas menores. El hecho de que la reforma incluya algún tipo de sanción fue lo que posibilitó que el PSOE diera su voto a favor cuando se debatió hace seis años.
En concreto, el texto de los nacionalistas vascos propone eliminar los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones.
En su lugar, proponen «imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar».
Pero la proposición de ley del PNV también incluye la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo en 2015, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y ‘populares’.
Para los nacionalistas vascos, esta norma «acarrea riesgos» para la «estabilidad» del sistema porque «supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional». Y, lo que considera aún más grave, «permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo».
El PSOE, por contra, defendía la recuperación del recurso previo para evitar conflictos de legitimidad como los ocurrido con el último Estatuto catalán, aprobado en referéndum y después anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional.
