La jueza del siniestro de Urda reclama refuerzo judicial y más operarios para retirar los vagones, tarea que ejecuta la Guardia Civil.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La instructora del siniestro ferroviario de Urda ha reclamado un refuerzo de su juzgado y más operarios para la retirada de los vagones.
- ¿Dónde y cuándo? En el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en Urda (Toledo); el accidente se produjo el pasado miércoles.
- ¿Qué resultado? Incautación y custodia de las cajas negras por la Policía Judicial de Toledo, prohibición de acceso en un radio de dos kilómetros y refuerzo acordado por el CGPJ.
Una instrucción blindada por el protocolo de grandes catástrofes
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, Aristea Afroditi Ortiz, dirige la investigación del siniestro ferroviario de Urda con un criterio claro: preservar la escena y evitar cualquier contaminación de pruebas. En sus primeras diligencias ha ordenado la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados para su posterior análisis.
La instructora también ha acordado la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro en un radio de dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos. Solo Fuerzas de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial cuentan con autorización para permanecer en el área acotada.
En una providencia dictada el sábado, la jueza pidió más operarios y que se trabaje «de manera ininterrumpida» en la retirada de los vagones, una tarea en la que participan efectivos de la Guardia Civil. Además, y probablemente para evitar que se repita lo vivido en Adamuz, ha prohibido la retirada de cualquier elemento relacionado con el accidente, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha acordado el refuerzo del juzgado de la instructora para que pueda dedicarse en exclusividad a investigar el siniestro, ocurrido el miércoles en el punto kilométrico 118 de la línea de AVE Madrid-Andalucía.
La custodia de las cajas negras por la Policía Judicial y la retirada de vagones por la Guardia Civil evidencian el engranaje entre Justicia y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La red de jueces expertos que asiste a los instructores
Las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda han evidenciado que los jueces intervienen no solo para investigar lo sucedido, sino como pieza clave en la identificación de las víctimas y en la coordinación con el resto de servicios públicos. También resultan determinantes en la preservación de las evidencias en el lugar del siniestro.
Para afrontar ese reto, el CGPJ cuenta con el Protocolo de Actuación Judicial en supuestos de Grandes Catástrofes, actualizado el pasado mes de julio, y con la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. Su coordinador nacional, el juez Javier García Ferrández, subraya que «siempre se respeta la función jurisdiccional del instructor».
España cuenta con unos 5.500 jueces, pero solo a un grupo reducidísimo le toca ponerse al frente de una investigación por una gran catástrofe a lo largo de su carrera. Tanto en Adamuz como en Urda la instrucción ha recaído en juezas jóvenes, prácticamente recién salidas de la Escuela Judicial, pero no por ello menos preparadas.
La red de expertos, vinculada al órgano de gobierno de los jueces a través de la vocalía que ejerce el consejero Alejandro Abascal, presta asistencia técnica a los instructores y realiza informes para detectar posibles errores. Las Salas de Gobierno de los territorios afectados planifican además la coordinación con el resto de poderes públicos y autoridades de protección civil.
El Contexto Operativo
La instrucción de una gran catástrofe es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta un órgano judicial: exige coordinar policía científica, actuaciones médico-forenses, salvamento y gestión de crisis bajo una única dirección jurídica. El protocolo del CGPJ establece que esas diligencias «se desarrollarán en todo caso bajo la dirección de la autoridad judicial competente».
La rareza del escenario —solo un puñado de los 5.500 jueces españoles dirige una investigación de este calibre en toda su vida profesional— explica la utilidad de la Red Judicial de Expertos, concebida como soporte técnico para instructores sin experiencia previa en grandes tragedias. En este caso, el refuerzo del juzgado y la prohibición de retirar elementos permiten a la Guardia Civil y a la Policía Judicial de Toledo trabajar sobre una escena preservada, condición indispensable para que la pericial resulte válida.
La investigación sigue abierta. Queda por delante el análisis de las cajas negras, la retirada completa de los vagones bajo supervisión judicial y la incorporación de los informes periciales. La instrucción del siniestro de Urda se perfila así como un ejemplo del engranaje entre la Justicia y unas Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan siempre bajo dirección judicial y con el rigor que exige una catástrofe de esta magnitud.
