Podemos ha recurrido la decisión del juez del caso ‘Neurona’ de citar a la ex senadora del partido Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular, para que declare en calidad de testigo el próximo 25 de mayo, argumentando que, en contra de lo que cree el instructor, no tiene ningún conocimiento directo sobre los hechos investigados, que se centran en la presunta financiación ilegal de la formación ‘morada’, pero sí una «abierta animadversión» al partido.
La organización política ha presentado un recurso de reforma contra el auto que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, dictó el pasado 30 de abril solicitando la comparecencia de Cánovas, tal y como había propuesto Vox. Tanto el instructor como los de Santiago Abascal entendieron que la ex senadora puede tener un «conocimiento directo» de los hechos investigados.
En su escrito de impugnación, Podemos señala que no hay indicio alguno de que Cánovas pueda arrojar luz sobre los hechos, dado que era «un cargo político sin funciones internas ni orgánicas de ningún tipo».
Además, reprocha al juez que, al igual que Vox, no ha hecho «el esfuerzo» de concretar los hechos por los que llama a la ex senadora –habla de un auto «huérfano de una mínima descripción» de los mismos–, lo que impediría a la defensa prepararse para esta testifical, «permitiendo a las acusaciones (a esas sí) preguntar o plantear cuestiones de cualquier índole al no haber acotamiento alguno».
«NULO CONOCIMIENTO» SOBRE NEURONA
Por ello, hace un repaso de las líneas de investigación activas a fin de determinar el interés que tendría la declaración de Cánovas para cada una. Sobre el contrato electoral entre Podemos y Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, que constituye el núcleo de la causa, apunta que «no consta que haya tenido conocimiento directo alguno».
«En efecto, no consta que trabajara, llevara a cabo ninguna labor, ni tuviera ningún tipo de contacto ni con el equipo de la campaña electoral del 28 de abril de 2019 (ni siquiera en razón de su cargo político, ya que no formó parte de las listas electorales de la coalición en esa convocatoria) ni con el equipo de Neurona. Por tanto, nulo conocimiento directo de estos hechos podrá aportar», sostiene Podemos.
La organización ‘morada’ advierte de que, puesto que Cánovas no aportaría nada a las pesquisas sobre este contrato electoral, «esta diligencia dilataría aún más el proceso principal», cuando este asunto debe tener una tramitación preferente por mandato de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según recuerda.
En cuanto a los sobresueldos que habrían aprobado y cobrado de manera irregular la gerente y el ex tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, ambos imputados, esgrime que Cánovas «tampoco ostentaba ningún cargo interno ni orgánico en la formación y su retribución venía fijada según lo previsto en la Cámara Alta, por lo que tampoco podrá aportar un conocimiento directo de estos hechos».
Por último, sobre la donación realizada desde la Caja de Solidaridad de Podemos a la asociación #404 Comunicación Popular, subraya que «es ése precisamente el motivo por el que está personada en calidad de acusación particular, entendiendo por ello que sería absolutamente irrelevante su declaración como testigo por cuanto puede expresarse a través de su representante procesal.
En este sentido, Podemos expresa su «extrañeza» por que se requiera como testigo a una parte, aduciendo que «ya solo por el hecho de haber tenido acceso a las actuaciones difícilmente podrá concedérsele ‘a priori’ la garantía de objetividad», a lo que añade que, en el caso de Cánovas, «es pública y notoria (…) su abierta animadversión» hacia la formación política, concluyendo que por estos motivos «ya sería susceptible de tacha».
UNA «CAUSA ABIERTA»
Con todo, el partido opina que el testimonio de Cánovas «poco puede alumbrar a las partes, salvo que la finalidad original de la propuesta de Vox, sin acotamiento alguno en el auto, sea la de intentar abrir nuevas sospechas de un testigo con una pública y notoria animadversión hacia Podemos y sus integrantes, y así, nuevas líneas de investigación para seguir engordando la causa y dilatar todo lo posible el proceso judicial».
Desliza así una crítica a Escalonilla que continúa al plantear si, «dada la indeterminación» de su auto, «cabría cuestionarse si el magistrado instructor se podría estar refiriendo a hechos de naturaleza política (extremo que sería inadmisible), por cuanto que solo se alude a su condición de cargo político y no a otro (que no tenía) que pudiera conllevar alguna relevancia para la causa».
Para Podemos, son diligencias como esta las que convierten el caso en «una auditoría prospectiva» al partido y a sus miembros, recalcando que la petición procede de otro partido, Vox, con la supuesta intención de «aprovechar la animadversión de la testigo y así intentar abrir nuevas líneas de investigación sobre hechos de cualquier índole de los que puedan encontrarse nuevas ramificaciones».
«En nuestra opinión, se corre el riesgo de desdibujar ya definitivamente el proceso hasta convertirlo en un remiendo», alerta Podemos, quejándose al mismo tiempo de que «ya no se sabe exactamente cuál es la conexión entre todos los hechos investigados» en la causa.
MÚLTIPLES DERIVADAS
Escalonilla se centra en investigar el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019, al sospechar que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.
A lo largo de la instrucción, el juez ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia original, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.
Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, el juez ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero, un asunto que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid.
