Vox defenderá este lunes en el Congreso una proposición no de ley con la que persigue que el Gobierno elimine el denominado lenguaje inclusivo de los documentos oficiales al considerar que «molesta» a la comunicación y «entorpece» el funcionamiento de la Administración, además de suponer un coste para las arcas públicas.
Los de Santiago Abascal llevarán a debate y votación de la Comisión de Política Territorial esta iniciativa, que busca que el Ejecutivo promueva la exclusión del uso del lenguaje inclusivo «en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma».
En el texto Vox se hace eco de la propuesta que, en el mismo sentido, han impulsado en Francia 60 diputados del partido del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha, y la formación conservadora de los Republicanos.
El partido que capitanea Abascal recoge las críticas de la Academia de la Lengua francesa contra el lenguaje inclusivo, y también las que hizo la Real Academia Española en el informe encargado por el Gobierno sobre la posibilidad de adaptar al mismo la Constitución de 1978.
BASE IDEOLÓGICA
En la exposición de motivos, Vox admite que la propia RAE interpreta como inclusivo el uso de sustantivos colectivos de personas ya sean masculinos –«el pueblo español»– o femeninos –«la población española»–, así como el de términos nominales que abarquen en su designación a los dos sexos (‘toda persona española’ en lugar de ‘todo español’).
Pero después centra toda su proposición no de ley en descalificar la utilización de los «desdoblamientos» (los españoles y las españolas), defiende el uso del masculino genérico alegando su «necesidad conceptual» y subraya que «la construcción del lenguaje inclusivo atiende a razones que esconden un cierto desconocimiento de las reglas de la lengua española».
Así, remarca que el lenguaje inclusivo tiene, en su opinión, una «base ideológica» y recurre a los argumentos de la RAE que, entre otras cosas, invoca principios de economía lingüística y niega que exista una «relación directa» entre el uso generalizado del masculino genérico y el «androcentrismo cultural».
EL MASCULINO GENÉRICO ES «INOCUO»
«Un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen», dice la RAE, para quien vetar el uso del masculino genérico es «criminalizar» una estructura gramatical, a su juicio, «inocua» y que, «ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos».
Con estos argumentos, Vox concluye que el lenguaje inclusivo «entorpece el funcionamiento de la Administración General del Estado» y destaca que su utilización «no coincide con los principios de actuación de la administración publica», e implica «una inobservancia del respeto a los principios consagrados en el artículo 103.1 de la Constitución y desarrollados en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, como «el de servicio efectivo a los ciudadanos y de simplicidad, claridad y proximidad».
«Más bien, lejos de ser un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos, representa un fenómeno obstructivo a favor de una tendencia de cariz ideológico que estorba, molesta e incomoda la fluidez de la interlocución escrita o verbal entre emisor y receptor», añade.
Por todo ello, concluye que su incorporación al lenguaje administrativo «no supondría un reconocimiento a la evolución de los usos de la lengua española sino un ejercicio de coerción administrativa al imponer a los administrados una forma de comunicación decidida por un colectivo de forma consciente.
