La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que su Departamento movilizará en las próximas semanas hasta 5.520 millones de euros para destinarlos a la rehabilitación y promoción del alquiler social.
Así lo ha avanzado durante su comparecencia en una comisión en el Congreso de los Diputados, en la que ha agradecido a su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, todo lo realizado en el Ministerio desde la llegada al Gobierno en junio de 2018.
En materia de vivienda, Sánchez ha informado de que en octubre lanzará el nuevo plan estatal de acceso a la vivienda para los años 2022-2025, que incluirá medidas especiales para que los jóvenes puedan acceder al mercado residencial.
En concreto, en las próximas semanas el Gobierno movilizará 5.520 millones de euros, de los que 2.970 millones se destinarán a 510.000 actuaciones de rehabilitación residencial y otros 1.100 millones a avales para comunidades de propietarios.
Asimismo, el programa para la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social durante los próximos años concentrará una partida de 1.000 millones de euros, al mismo tiempo que el importe restante, 450 millones de euros, irá a parar a deducciones fiscales con el objetivo de incentivar la actividad.
El Ministerio ya prepara dos reales decretos para poner en marcha todas estas inversiones: uno para regular la rehabilitación y vivienda social y otro para la promoción de la vivienda en alquiler social, todo ello en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
PLAN PARA LAS CARRETERAS
En materia de transportes, Sánchez ha adelantado que la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte será elevada a primera lectura en Consejo de Ministros antes de que acabe este mismo año.
En carreteras, la nueva ministra ha avanzado que seguirá dando continuidad al plan revelado por su predecesor para tarificar toda la red de alta ocupación a partir de 2024, un proyecto al que ya se comprometió el Gobierno con Bruselas en el marco de la recepción de las ayudas europeas.
Sánchez ha citado el déficit de 300 millones anuales que la red de carreteras acumuló entre 2012 y 2017 y la necesidad de recursos adicionales para mantener las carreteras en un estado óptimo de conservación y mantenimiento para el uso de los ciudadanos.
La ministra ha señalado que el sistema no es sostenible actualmente y que se intentará introducir el criterio al que Europa hace alusión de ‘quien contamina paga’, con el fin de contribuir a la reducción de emisiones de efecto invernadero.
«No vamos a inventar nada, de los 27 Estados Miembro, 24 ya tienen implementado este sistema. Vamos a procurar que sea un sistema que no genere agravios, que sea justo, que sea seguro y sirva para vertebrar el territorio y la cohesión social», ha defendido.
Asimismo, Raquel Sánchez ha mostrado la necesidad de iniciar un diálogo «transparente» con los grupos políticos, agentes sociales y la administración sobre el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado.
