EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Canarias ha reclamado al Estado 100 millones de euros adicionales para la atención de los más de 3.600 menores migrantes que acoge, durante la Conferencia Sectorial de Infancia.
- ¿Quién está detrás? La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que ha insistido en que la financiación actual es insuficiente y ha pedido información sobre el defensor del menor previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
- ¿Qué impacto tiene? Sin esos fondos, el archipiélago teme que la situación de contingencia migratoria se cronifique. La próxima semana, una conferencia específica abordará cómo se implanta la nueva normativa europea.
La presión migratoria sobre Canarias no cede. Este jueves, la consejera Candelaria Delgado ha puesto sobre la mesa de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia una reclamación contundente: el Gobierno central debe elevar la financiación para los menores migrantes no acompañados y recuperar los 100 millones de euros que ya transfirió el pasado año.
Reclamar los cien millones: un precedente que el archipiélago no quiere perder
Delgado ha recordado que, aunque la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado complica la habilitación de nuevas partidas, existen precedentes. “Ya ocurrió con la dependencia: el Estado puede incorporar fondos adicionales cuando la emergencia lo exige”, ha argumentado. Las cifras de acogida lo justifican: Canarias atiende a más del triple de los 783 menores que le corresponderían según los criterios de reparto. Una situación que el propio ministerio califica de contingencia migratoria. El archipiélago mantiene en su red de protección a más de 3.600 chicos, una presión asistencial que desborda los recursos previstos.
La consejera ha puesto el acento en la seguridad jurídica y en la necesidad de que la financiación se adapte a la realidad, no a cupos teóricos. Sin esos 100 millones extra, el sistema de acogida canario seguirá tensionado. Y el tiempo corre.
El Pacto Europeo: la nueva figura del defensor del menor y la incógnita de quién pagará
Pero la reclamación no se ha quedado en los números. Candelaria Delgado ha preguntado también por el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya aplicación empezará a debatirse la próxima semana en una conferencia sectorial específica. La consejera quiere saber, sobre todo, cómo se articulará el defensor de los derechos del menor que exige la normativa europea. El Ministerio de Juventud e Infancia ha sugerido que esa función la asuman abogados del turno de oficio, pero no ha aclarado quién financiará el servicio. Para Canarias, que recibe a los menores nada más llegar a las costas y debe garantizarles asistencia legal desde el primer momento, la falta de concreción es un riesgo.
Delgado ha insistido en que las comunidades autónomas tienen que participar en el diseño del modelo. Sin seguridad jurídica ni financiación suficiente, la implantación del pacto será un problema más que una solución. Mientras tanto, en la misma reunión se han repasado otras políticas de infancia. Canarias ha presentado su hoja de ruta para extender el modelo Barnahus, que evita que los menores víctimas de violencia repitan su testimonio en sede judicial, un proyecto que ya funciona de forma piloto en Las Palmas de Gran Canaria y que se quiere llevar a todas las islas.
Sin financiación extraordinaria, el sistema de acogida canario seguirá soportando una presión que no se corresponde con su cupo de reparto.
El pulso político en Canarias
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), sostiene su mayoría gracias a un acuerdo con el PP y otras formaciones minoritarias. La presión migratoria ha sido uno de los ejes del mandato y la exigencia de financiación estatal es una constante en todas las negociaciones con el Ejecutivo central. Este episodio se enmarca en una tensión recurrente: Canarias acusa al Estado de no dimensionar los recursos según la realidad migratoria. No es un debate nuevo —el pasado año ya logró una transferencia extraordinaria de 100 millones tras meses de protestas—, pero la prórroga presupuestaria y el contexto de estabilidad parlamentaria nacional dificultan nuevos movimientos antes de que se aprueben las cuentas. Mientras, en otras comunidades como Melilla o Andalucía la presión es menor, pero la media nacional de ocupación de plazas de acogida sigue lejos del dato canario. La próxima semana, la conferencia sobre el Pacto Europeo será la primera piedra de toque para ver si el Gobierno central avanza en la financiación o si, por el contrario, el verano se convierte en un nuevo cuello de botella migratorio para las islas.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias reclama 100 millones adicionales para la atención de menores migrantes no acompañados, al mantener más de 3.600 plazas ocupadas, muy por encima de su cupo de reparto.
- Datos importantes: La consejera Candelaria Delgado ha pedido recuperar la partida extraordinaria que ya se concedió el pasado año. Además, ha solicitado información sobre la financiación del defensor del menor incluido en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
- Resumen: El Gobierno canario exige que el Estado adapte la financiación a la realidad asistencial y quiere participar en el diseño de la nueva normativa europea para evitar que la protección de los menores recaiga sin fondos en las comunidades autónomas.
