En un movimiento que tensa aún más las costuras territoriales del PSOE en plena legislatura, Emiliano García-Page ha iniciado una ronda de contactos con barones y diputados socialistas para bloquear el nuevo modelo de financiación autonómica que Moncloa ha pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El presidente de Castilla-La Mancha, que ya ha mostrado su rechazo frontal en repetidas ocasiones, aspira a sumar apoyos suficientes para forzar a Ferraz a reabrir el debate y, si es necesario, tumbar la propuesta en las Cortes antes de que se materialice en una reforma legislativa.
El acuerdo, que busca dar a Cataluña un sistema de financiación singular similar al concierto económico vasco, ha encendido todas las alarmas en las filas socialistas de la España interior. Page considera que rompe la caja común de la solidaridad interterritorial y penaliza a las comunidades de régimen común, justo en un momento en que los servicios públicos sufren una presión asistencial sin precedentes. “No se puede construir un país a base de agravios comparativos”, ha repetido en privado el barón manchego, según fuentes cercanas consultadas por este medio.
Un rechazo frontal al modelo acordado
El presidente castellano-manchego ha sido el primero en alzar la voz, pero no está solo. Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra) comparten el malestar por un sistema que, a su juicio, desvirtúa el principio de ordinalidad y abre la puerta a que otras comunidades reclamen el mismo trato, desencadenando una guerra fiscal de difícil contención. En la reunión informal que mantuvieron la pasada semana, los tres barones coincidieron en que el modelo pactado con ERC no solo es injusto, sino que puede convertirse en un arma arrojadiza para la oposición en pleno ciclo electoral.
Sin embargo, la posición de Ferraz es conocida: el Gobierno necesita los votos de Esquerra para garantizar la estabilidad parlamentaria y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha defendido que la singularidad catalana se ajusta al marco constitucional, aunque ha evitado concretar los detalles técnicos mientras negocia contrarreloj con los grupos del Congreso. Fuentes de la dirección federal admiten que el pulso con Page es el mayor escollo interno que afronta el partido desde la reforma del Código Penal.
El mapa de apoyos y las reticencias internas
Page no solo busca el respaldo de los presidentes autonómicos. Ha tendido puentes con un nutrido grupo de diputados y senadores del GPS descontentos con la deriva que, a su entender, premia a los independentistas a costa de la cohesión territorial. Entre los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura cunde la inquietud de que el nuevo modelo perjudique sus circunscripciones. El propio presidente de la Diputación Permanente del Congreso, Patxi López, ha pedido en privado que cualquier reforma del sistema de financiación se aborde con el máximo consenso posible y sin imposiciones.
Pero la aritmética es implacable. El Grupo Parlamentario Socialista cuenta con 121 escaños y necesita a sus 33 socios para mantener la mayoría. ERC, con siete diputados, tiene la llave de gobernabilidad. Si Page logra aglutinar una veintena de voces díscolas dentro del GPS, la situación se volvería casi imposible para Moncloa, que se vería obligada a elegir entre ceder a las presiones internas o arriesgarse a una derrota parlamentaria de gran calado.
La cohesión del partido no es un asunto menor: en juego está la mayoría que sostiene al Gobierno y la propia legitimidad del proyecto socialista.
En paralelo, el PP ha visto la oportunidad de desgastar al Ejecutivo. La oposición ha comenzado a azuzar a los barones socialistas críticos y ya está preparando iniciativas en los parlamentos autonómicos gobernados por el PSOE para que se posicionen en contra del modelo acordado con ERC. El riesgo de fractura es real y ambas partes lo saben.
El Eje del Poder Socialista
En el centro del tablero, Pedro Sánchez maneja los tiempos con cautela. Sabe que el pulso con Page no es nuevo —el líder castellano-manchego ya plantó cara en el Comité Federal de 2023—, pero ahora el contexto es mucho más delicado: la legislatura pende de un hilo y cualquier disidencia interna puede traducirse en un bloqueo legislativo. Ferraz templa gaitas y confía en que la negociación con Page no escale hasta convertirse en un cisma abierto.
El aterrizaje territorial de esta crisis es evidente. Si el modelo de financiación singular para Cataluña sale adelante en los términos actuales, las comunidades del régimen común, entre ellas Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, verían mermados los recursos que reciben del Estado. Page insiste en que la igualdad de acceso a la sanidad, la educación y la dependencia no puede depender del código postal y que permitir una excepción tan marcada para Cataluña sin contrapartidas solidarias sería un retroceso histórico para el Estado del bienestar.
La lectura a medio plazo es clara: si el Gobierno mantiene el acuerdo con ERC sin ceder a las exigencias de los barones, la cohesión interna del PSOE quedará seriamente dañada y el partido puede llegar a las próximas elecciones autonómicas con una fractura territorial de difícil soldadura. Si, por el contrario, Ferraz rectifica, corre el riesgo de perder un socio parlamentario indispensable. La administración autonómica socialista observa con preocupación el calendario: el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027 se debate en unos meses, y cualquier enmienda a la totalidad podría hacer descarrilar la legislatura.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La dirección federal quiere transmitir que el acuerdo con ERC es compatible con la financiación equitativa del resto de comunidades y que no habrá privilegios. Insiste en que el diálogo con Page está abierto y que su postura será tenida en cuenta en la tramitación parlamentaria.
- Protagonista: Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la comunidad).
- Próximo hito: Reunión de la Interparlamentaria Socialista, prevista para la última semana de julio, donde el modelo de financiación se abordará en las comisiones de trabajo. El objetivo de Ferraz es evitar un pronunciamiento crítico conjunto de los territorios.
