Unidas Podemos defiende este martes ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley con las líneas maestras de la reforma laboral en la que trabaja la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y que permitirá medir los apoyos de la Cámara a estas ‘recetas’.
La propuesta, llama a «culminar, en el marco del diálogo social, la modernización de la normativa laboral comprometida con Europa, derogando las reformas del PP, para recuperar los derechos arrebatados por ellas y recuperar el equilibrio en la negociación colectiva».
RECUPERACIÓN DE LA ULTRAACTIVIDAD Y REFORMA DE LA SUBCONTRATACIÓN
Y, para ello, enumera una serie de medidas, como la recuperación de la ultraactividad de los convenios, la revisión de la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la reforma del régimen de subcontratación y la limitación de la capacidad de modificar unilateralmente las condiciones laborales.
Asimismo, plantea introducir «mecanismos para la sostenibilidad del empleo» (MSE) que proporcionen «flexibilidad interna a las empresas y estabilidad a los trabajadores». Este MSE es la propuesta trasladada por Trabajo a patronal y sindicatos para adaptar de forma permanente el esquema de protección extraordinaria de los ERTE, como fórmula de flexibilidad para las empresas, alternativa al despido, que garantice los puestos de trabajo.
QUE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA SEA «REGLA GENERAL»
La iniciativa también llama a «abordar una regulación de las modalidades contractuales que acabe con la precariedad y el fraude, en favor del empleo estable y de calidad», con reformas en este sentido como la simplificación de las modalidades temporales de contratación, y así garantizar que el contrato indefinido sea «la regla general».
También el desarrollo de una regulación del contrato formativo que responda a necesidades formativas de trabajadores y empresas, reforzar el contrato fijo discontinuo para las actividades de naturaleza cíclica y estacional, y el diseño de un plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para impulsar la lucha contra el fraude laboral.
UN COMPROMISO DE LA COALICIÓN DE GOBIERNO
La derogación de la reforma laboral del PP es uno de los compromisos del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que tras más de año y medio de Gobierno se han fijado lo que queda de año como plazo para sacarla adelante.
Es más, la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado recientemente que este plazo es un compromiso que ella misma se ha marcado: «Si no se cumpliera, desde luego, ya sabría que es lo que tengo que hacer», declaró hace apenas unas semanas.
Además, los cambios en la regulación laboral son parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Comisión Europea, como parte del desembolso de fondos del Plan de Recuperación.
Si bien los socios de izquierda, como Esquerra Republicana o EH-Bildu han urgido al Gobierno a completar la derogación, desde el otro lado del arco parlamentario, PP y Cs han alertado de que una contrarreforma pueda poner en riesgo la llegada de los fondos europeos.
LAS PROPUESTAS DE TRABAJO EN EL DIÁLOGO SOCIAL
Esta misma semana, Trabajo retomó las reuniones con sindicatos y patronales para avanzar hacia un acuerdo en este sentido. Entre las propuestas trasladadas a la mesa del diálogo social está priorizar el contrato indefinido fijo-discontinuo, frente al temporal, en trabajos de marcada estacionalidad, restringir las posibilidades del temporal y la conversión en indefinidos de trabajadores no dados de alta, no justificados o que no se haya dado un contrato por escrito.
También está el endurecimiento del trámite para que una empresa pueda modificar las condiciones de un contrato, al exigir que esta deba presentar «documentación suficiente» que acredite los motivos alegados para ello, ampliar el período de consultas previsto y prever una negociación con la representación de los trabajadores.
LOS NUEVOS ERTE, CON UN FONDO DE COTIZACIONES Y RECURSOS EUROPEOS
Respecto al mecanismo que previsiblemente vendrá a sustituir a los ERTE, Trabajo busca que haya un compromiso de mantenimiento del empleo por parte de la empresa y la prohibición de realizar horas extraordinarias, externalizar actividad o hacer nuevos contratos.
La idea es que este mecanismo esté financiado por un fondo nutrido anualmente de cotizaciones, pero también de los recursos que aportan al Tesoro Público las empresas de más de 100 trabajadores que hacen despidos o, en el corto plazo, de fondos europeos procedentes del SURE y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como del seguro de desempleo que pueda crearse a futuro en la UE.
