El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigadas a dos personas vinculadas a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y a otras tantas relacionadas con Indra, según le ha ordenado la Sala de lo Penal, para ahondar en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño que se sigue en la pieza separada 9 de ‘Púnica’.
El juez escuchará como investigados a Tomás Contreras del Pino y José Antonio Macho, ambos vinculados a ICM; así como a Óscar Lorenzo Canales, ex director y responsable de administraciones públicas se Indra, y Francisco Javier Salorio del Moral, también vinculado a Indra.
Asimismo, ha llamado como imputados a Jaime Cantos, Juan Carlos Jañez y Marta Amezarri, consejeros delegados de Lata Latina SL, según una providencia del pasado 17 de septiembre.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 interrogará como testigos a Mar González Priego, secretaria general de ICM, y Francisco Javier Botija, director de Compras y Logística de ICM.
Esta ronda de comparecencias, que tendrá lugar los días 7 y 13 de octubre y 2 y 3 de noviembre, ha sido acordada por orden de la Sala de lo Penal, que ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal contra la decisión inicial del juez de no tomar declaración a estas nueve personas.
La Fiscalía quería «profundizar en los pormenores de la financiación del PP a través de fondos procedentes del ente publico ICM», conforme recoge la Sala en un auto del 13 de septiembre.
«Todo ello, por la presunta participación de dichos investigados en el desvío de fondos públicos del nombrado ente público ICM en favor de la financiación del Partido Popular», recuerda la resolución judicial.
DECLARACIONES «IMPRESCINDIBLES»
García-Castellón consideró que estas diligencias eran «innecesarias e inútiles», pero en cambio la Sala las ve «imprescindibles» para «despejar dudas» sobre la posible comisión de delitos de fraude a las administraciones públicas, malversación, cohecho y falsificación de documento mercantil.
El instructor lo descartó porque no veía conexión entre las facturas que Indra reconocía que no se correspondían con concretos servicios prestados a las empresas FormaSelect Consulting y Lata Latina, que dieron lugar a la condena de Indra por un delito contra la Hacienda Pública, y la presunta malversación, según expone la Sala.
Para la Fiscalía, resulta un contrasentido que se rechacen estas comparecencias y, al mismo tiempo, se incorporen a la investigación atestados y materiales d elas actas de entradas y registros que deberían provocar el análisis judicial y las declaraciones de las personas interpeladas por dichos hechos.
Los magistrados creen que se debe dar a estos imputados y testigos la oportunidad de «ofrecer su versión sobre los detalles de tal supuesta financiación irregular, especialmente cuando se trata de diligencias que no implican grandes dilaciones», ya que todas las personas mencionadas están en territorio nacional.
Cabe recordar que en el pasado mes de marzo el juez acordó archivar esta pieza separada de la ‘Operación Púnica’ para Indra y poco después, en julio, la Sala acordó el sobreseimiento definitivo.
García-Castellón optó por archivar al «no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de su empleados y además, al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo».
