El PP ha remitido este viernes un escrito a la Mesa del Congreso en el que ha pedido que haga efectiva la sentencia que el Tribunal Supremo impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y proceda a retirarle el acta tras ser inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el mes y medio de prisión al que ha sido condenado.
El Alto Tribunal condenó a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En su sentencia, acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros.
La portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Cuca Gamarra, ha defendido en el escrito el argumento del Alto Tribunal de que sustituir la pena de un mes y quince días de prisión por una multa «no afecta a la pena accesoria de la pena de prisión», es decir, a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Desde el partido han subrayado el argumento del Supremo, que destaca que el Código Penal «prevé la reducción de todas las penas, sin excluir las accesorias, de manera que los jueces o tribunales, en la determinación de la pena inferior en grado, no quedan limitados por las cuantías mínimas establecidas». Además, han insistido en que la ley solo ordena la sustitución de la pena de prisión «y las penas accesorias -en este caso la inhabilitación– son una consecuencia de la imposición de la privativa de libertad y no de su ejecución».
EL CASO DE JUNQUERAS
Así, el PP ha recordado el concepto de inelegibilidad sobrevenida y el caso del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, quien no pudo recoger su acta de eurodiputado tras ser condenado por el Tribunal Supremo.
En este sentido, la formación liderada por Pablo Casado ha destacado la jurisprudencia del Alto Tribunal, que en sentencia de 28 de abril de 2021 estableció que «todas las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad» lo que deriva en el cese, «de modo que aquellos, proclamados y aún elegidos, que han quedado posteriormente afectados».
El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, remitió la sentencia a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a la Junta Electoral Central (JEC) este jueves, el mismo día en que el diputado condenado informó a su vez al órgano de gobierno de la Cámara Baja que había abonado la multa de 540.
El PP ha asegurado que lo que busca Rodríguez con esa comunicación es que el órgano rector del Congreso considere cumplida la sentencia tras documentar que ha efectuado el pago de la multa que sustituye la prisión.
«Se deduce claramente que el diputado de Podemos pretende maniobrar para eludir la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo que conlleva esa pena principal, pues la multa no conlleva en ningún caso inhabilitación», ha señalado.
Es por ello que ahora reclama a la Mesa que presidente Batet que atienda el fallo del Supremo y proceda a retirar la condición de diputado a Rodríguez.
La Junta Electoral Central y la Mesa del Congreso deben examinar las consecuencias de la condena para determinar si conlleva la pérdida del escaño o si bastaría con una suspensión temporal de sus funciones y derechos.
